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Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba

El manejo y el pago de los subsidios a desocupados están a punto de convertirse en un escándalo para el gobierno de José Manuel De la Sota, tras la denuncia que reveló que el Banco de la Provincia de Córdoba les pagó a los beneficiarios con bonos cordobeses, pese a que la Nación había girado papeles nacionales. La coordinación de los planes para jefes de hogar también generó controversias: en la segunda etapa de inscripción aparecieron nueve mil solicitudes giradas directamente a la Nación, que no pasaron por el control del Consejo Consultivo Municipal, el ente creado y autorizado para administrar los planes. Todas las sospechas apuntaron a la figura de la secretaria general de la gobernación, Olga Riutort de De la Sota.
Nueve mil “desocupados” que no deberían estar, mil quinientos que no figuran, beneficiarios que están en dos listas y cobraron dos veces, algunos que no cumplen con ningún requisito y otros que no tienen hijos a cargo. La lista de irregularidades es larga, mientras el gobierno hace lo posible por atajar las denuncias. El Consejo Consultivo, integrado por la Pastoral Social de la Iglesia, dirigentes de organizaciones de base y de las centrales obreras hizo público su malestar al advertir los desfasajes. “Hay una lista de 9140 personas que comenzaron a cobrar el viernes, de las cuales sólo 200 pasaron por el Consejo”, denunció Estela Inaudi, de la Pastoral Social. “Cómo fueron cargadas estas fichas, quién evalúa la prestación laboral de los beneficiarios si la única entidad autorizada somos nosotros”, se preguntó Inaudi en diálogo con Página/12. Fuentes del organismo apuntaron a la esposa del gobernador, Olga Riutort, quien habría gestionado el envío directo de las planillas al Ministerio de Trabajo de la Nación, según el informe brindado por la propia cartera. Inaudi se lamentó de que “las fichas de 1300 desocupados que empadronamos nunca llegaron a la Nación” y aseguró que entre los que han cobrado “hay personas que no tienen hijos a cargo (requisito indispensable para acceder al subsidio) y gente que cobró dos veces porque sale en las dos listas”, la del Consejo –autorizado por el decreto nacional– y la que ingresó el gobierno provincial. “Queremos defender a los desocupados y a los pobres, hemos trabajado en un proceso de confianza que se viene abajo con estas cosas”, declaró. Mientras decenas de personas están haciendo trabajo comunitario sin ver un solo peso (o bono), muchas otras declararon haber sido inscriptas por legisladores en nombre del gobierno provincial. El Consejo Municipal emplazó al gobierno de De la Sota para que responda cómo cargó esos beneficiarios y advirtió que llevará la denuncia a la Justicia federal.
El pago con letras de Córdoba (Lecor) en lugar de los Lecop que envió el gobierno nacional también podría terminar en la Justicia. La diferencia es importante, ya que el bono nacional cotiza a 0,97 de peso, mientras el provincial a 0,85 a 0,87. Cercado por la denuncia, ayer a la tarde el gobierno salió a explicarse en un comunicado, según el cual el pago se hizo en Lecor por la demora en recibir los Lecop: “Recién a las 13.15 del viernes 17 de mayo el Banco de Córdoba pudo tomar las Lecop nacionales desde la sucursal del Nación. Mañana (por hoy) se comenzará a liquidar en Lecop”. Si bien el coordinador del consejo municipal, Sebastián Bertucelli, intimó a la provincia a pagar la diferencia y aseguró que eso se concretaría, desde el Ministerio de Economía negaron en forma tajante esa posibilidad: “No se va a pagar ninguna diferencia, jamás se habló de eso, que Bertucelli se haga cargo de lo que dice”,declaró a este diario un vocero del ministro Juan Schiaretti.