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Dos productos esenciales para los más pobres podrían encarecerse en los próximos días si el Gobierno no toma cartas en el asunto. Por un lado, las asociaciones de consumidores y panaderos advirtieron que el precio del pan podría volver a subir a partir de la semana que viene, si el paro que llevará adelante la industria molinera por reclamos al Gobierno se traduce en una escasez de la provisión de harina.
Las panaderías encendieron la luz de alerta ante la posibilidad de que la semana próxima haya escasez de harina, como consecuencia del paro anunciado a partir del lunes por la industria molinera que pide una rebaja del IVA y de las retenciones a sus exportaciones. En tanto, la presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Sandra González, reclamó al Gobierno que no permita que el conflicto de la industria molinera se traslade al precio del pan que, según aseguró, “ya aumentó más del 15 por ciento en los últimos 15 días: de 2,40 a 2,80 pesos el kilo en promedio”.
El presidente de la Asociación de Panaderos de la ciudad de Buenos Aires, Luis Benito, dijo que hay una “profunda preocupación” en el sector por el paro de la industria molinera y consideró que la medida de fuerza puede generar escasez de pan en los comercios. Al respecto, señaló que “hay una profunda preocupación porque una industria no puede trabajar sin su materia prima”, no obstante se mostró comprensivo con el conflicto al sostener que “la industria molinera pasa por un momento crítico, al igual que toda la cadena”.
Por su parte, el secretario de la Unión Obrera Molinera, Carlos Barbeito, reclamó al Gobierno que active una serie de políticas tendientes a combatir el trabajo en negro que “ha puesto en seria crisis a los medianos y pequeños productores”.
El otro conflicto de precios que aparece en el horizonte es el de las garrafas. Según los pequeños fraccionadores y cooperativas, la Secretaría de Energía emitió una resolución que favorece a las grandes empresas (YPF Gas, Total y Shell), que seguirían así concentrando mercado y encareciendo los precios del vital insumo. Sin embargo, ayer la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado, que nuclea a las multinacionales que dominan el sector, rechazó esa denuncia y se comprometió, junto con otras dos entidades del sector (fraccionadores y distribuidores), a mantener por los próximos tres meses la garrafa social de diez kilos a 19,80 pesos. Antes de la devaluación, el precio de la garrafa rondaba los 8 a 10 pesos, y actualmente en el mercado supera los 24. La garrafa social a precio “especial” se distribuye sólo en 600 bocas de expendio en todo el país. Así, para los más de 15 millones de personas pobres que utilizan garrafa para cocinar o calefaccionarse el precio aumentó casi 200 por ciento en los últimos años.