[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Opinion
Por Mario Wainfeld

“Si a mí me toca gobernar, yo entre la gente y los gremialistas,
elijo a la gente. Y entre los piqueteros y la gente elijo a la gente.”
Mauricio Macri

“Nadie puede dudar de que las cosas recaen. (...) Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables.”
Julio Cortázar, La vuelta al día en ochenta mundos

Si un embotellamiento de tránsito (contingencia o rutina cotidiana en cualquier metrópoli) se designa “caos” sencillamente porque ha sido causado por manifestantes, se está devaluando el complejo sentido de la palabra “caos”, en la Argentina muy milica ella. Si cada movida o cada actor de un conflicto laboral es aludido como “terrorista” o “subversivo” se está hablando fuera del tarro. Si se sindica a los chicos como “rehenes” se importa jerga bélica al debate que se supone democrático. Funcionarios del Gobierno o periodistas vitaliciamente indignados señalan que sus contendores gremiales “hacen política”, de modo tal que sugieren que tal opción se emparenta con el delito o con algún modo de canallería. Los funcionarios son peronistas, esto es, de una tradición política que hizo un culto de la politización de la columna vert..., perdón, del movimiento obrero. Hoy mismo, aunque la columna está artrítica, abundan candidatos de estirpe sindical en las huestes de los neolemas peronistas de toda laya, Frente para la Victoria bonaerense incluido. Se percibe incluso una fuerte impronta gremial en la lista local del mismísimo PJ Capital. Pero la coherencia no preocupa a quienes emiten diatribas por los medios, en pos de sintonizar con el supuesto cualunquismo del público medio, alias “la gente”. Si usted reprocha al otro “hacer política”, se coincide, gana puntos con “la gente”.
Es un dato de la realidad que los conflictos sindicales, en la actual conformación del sistema productivo y de la comunicación, tengan los medios como arena principal. Un refinado laboralista español, Antonio Baylos Grau, escribió ya hace años que “la visibilidad del conflicto es condición de su eficacia”, lo que exige a los trabajadores “sacarlo del lugar donde se asienta la empresa (y trasladarlo) a la vida ciudadana cotidiana, a la normalidad de la ciudad”. Y añade, por si hiciera falta, que es esencial al efecto “el espacio en los mass media”. “El discurso del conflicto debe ser presentado y traducido por otros para poder afirmarse”. La demostración es consustancial a la huelga, eventualmente más importante que el daño a la producción, típico de las huelgas del fordismo. BaylosGrau propone un ejemplo simpático (aunque polémico) que vale la pena traer para acá. Las huelgas “a la japonesa”, en las que los trabajadores siguen produciendo pero cambiando el porte de su ropa o ciñéndose trapos de color en la cabeza, apuntan a ese fin: ostentar la disidencia, lo que puede ser más relevante y lesivo a la patronal que dejar de producir. El ejemplo es desafiante, pues alude a la complejidad en un país donde los facilistas, que son legión, lo suelen mentar para demostrar que acá algunos no quieren laburar y que a los trabajadores autóctonos les falta “creatividad”.
Si los medios son el ágora es dable reclamar a los que debaten que apelen a cierta racionalidad. Muchos protagonistas sustituyen la discusión por una ansiosa procura de títulos para los medios. Palabras drásticas, estridentes, hueras de sentido, son más atractivas que discursos sensatos y constructivos. Dicen que lo cortés no quita lo valiente..., eso será en Japón.
La exasperación discursiva se corresponde malamente con otros actos públicos de las partes en conflicto que transcurren sin violencia y con aceptable legalidad. La legislación es amplia respecto del derecho de huelga, de raigambre constitucional. Y, por caso, veda que el Ministerio de Trabajo declare ilegalidades al voleo. Eso no obsta para que comunicadores de derecha (que tienen al menos la virtud de la coherencia) y otros de lábil ideología (móvil al son de “la gente”) pidan a gritos que el Gobierno tome una decisión ilegal. Algunos funcionarios de postín rezongan en voz baja porque no se hace. El proverbio latino “dura lex sed lex” no tiene tanta raigambre mediática como el neologismo “vox genti, vox dei”.

Hablemos del Garrahan:

El caso haría el solaz de cualquier politólogo sueco que estudiara la realidad nativa. Una huelga conducida por un delegado trotskista minoritario dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que integra la rebelde central sindical alternativa a la CGT. Una repercusión mediática enorme, buscada en parte por los huelguistas pero también fomentada por el propio Gobierno, varios de cuyos funcionarios compiten en eso de proferir títulos impactantes. Un organismo bigubernamental cuya conducción alberga a médicos también sindicalizados cuya paga también está en negociación.
La derecha corre al Gobierno por derecha, el oficialismo se enfada pero se ancla en la voz de “la gente”, las encuestas. En la Casa Rosada se tabula que “la gente” está masivamente contra la huelga. Los sondeos de varias consultoras mencionan mayorías aplastantes, ochenta o noventa por ciento de rechazos. Esa lectura de la opinión media incidió en la decisión oficial de cesar de proponer la negociación. Y, aunque no se diga en voz alta, tal vez influya para no convocar a conciliación obligatoria a esta altura del entuerto. Ese instrumento sólo puede utilizarse una vez por conflicto. En el Garrahan ya hubo un paro en abril, que terminó en una transitoria solución negociada. La situación actual puede ser considerada una prolongación de la anterior o un nuevo conflicto, los límites legales no son tan tajantes. Hoy por hoy, el Gobierno podría elegir la exegesis más laxa y crear un paraguas para negociar. Pero, hoy por hoy, el Gobierno es arisco a negociar. Interpreta que está frente a un “caso testigo”, que un acuerdo triunfal para la comisión interna tendría un fenomenal efecto cascada. En eso, aunque a nadie le agrade el parangón, su razonamiento se emparenta bastante con el del delegado Gustavo Lerer, que se ha convertido siquiera coyunturalmente en una figura nacional y en una bestia negra de la Casa Rosada.
Sin discutir la probidad de los encuestadores, es dable proponer que las opiniones de “la gente” no son unívocas ni están comprometidas con los medios tendientes a lograr los fines perseguidos. Tratando de decirlo demodo más claro, “la gente” puede censurar la huelga pero es verosímil, hasta probable, que también rechace eventuales despidos o sanciones. Los encuestados no proponen planes de acción, expresan transitorios estados de ánimo. Cuando los piquetes estaban tan de moda como su demonización, “la gente” pedía su cese, pero no bancaba que el Gobierno accediera a sus reivindicaciones ni tampoco que los reprimiera.
En el Garrahan, las cosas son más complicadas, entre otras cuestiones porque ya no se trata de pobres estructurales, sino de trabajadores estatales de clase media, con las que “la gente” puede sentirse más identificada. Cuesta creer que exista la filo-unanimidad en su contra que proclaman los sondeos y sus más conspicuos seguidores. La sensación térmica de los llamados de oyentes a programas de radios no fascistas sugiere un balance distinto.

Asamblea y sindicato:

Las diferencias entre la conducción nacional de ATE y la comisión interna del Garrahan son un dato importante del conflicto, máxime porque no es el primero de esas características. La relativa originalidad es que la asambleística y combativa interna se ubica “a la izquierda” de un sindicato de larga tradición militante y combativa.
Pablo Micheli, secretario general de ATE, es un protagonista importante del conflicto, aunque tenga bastante menos cámara que Lerer o que Ginés González García. Micheli tiene una actitud más negociadora que Lerer, que le permitió cerrar trato en los casos del Hospital Malbrán y el Posadas.
Micheli produjo un par de hechos inusuales entre dirigentes no ya sindicales sino argentinos. Entre ellas la de participar de asambleas que le eran adversas y quedar en minoría sin que se le cayeran los anillos. Dar la cara ante sus compañeros, proponer su postura, respetar a la asamblea sin renegar de su posición es una interesante conducta democrática en un medio donde los dirigentes prefieren evitar la polémica antes que “perder”. Con lo cual, todos titulan para los medios pero pocos discuten en ese o en otros foros.
Anteayer, sin ir más lejos, Micheli mocionaba una tregua más larga que la que decidieron los asambleístas. Las posiciones de Lerer son más extremas y la asamblea del Garrahan (coinciden todos los sectores) no le va en zaga jamás.
El Gobierno prefiere, con toda lógica, negociar con un sindicato que con una comisión interna muy vigilada por sus asambleístas. Puesto en nombres, prefiere discutir con Micheli antes que con Lerer. La –en tal rumbo congruente– táctica oficial durante varios días fue pivotear sobre las diferencias entre los distintos sectores de ATE, haciendo palanca en los humores de la opinión pública. El miércoles a la noche obró un giro que se mantiene hasta el cierre de esta nota, en la tarde del sábado y que puede no ser definitivo. Fue entonces que se intimó a los trabajadores a retomar tareas bajo apercibimiento de despido. Una presión tamaña no podía sino catalizar la unidad entre la interna y el sindicato. La lectura oficial para dinamitar los puentes era que ya se había llegado a un leading case de proyecciones enormes.
La jueza Silvia Sayago dictó una medida de no innovar de libro, tendiente a evitar que las vías de hecho escalasen condicionando irremediablemente las tratativas. Es una medida cautelar clásica, cuya sencillez conceptual amerita la módica fundamentación de la magistrada, que impidió que la sangre llegase al río. Pura sensatez, para variar.
En plan de romper lanzas con ATE el Gobierno inició trámites para imponerle una multa. En Trabajo y la Rosada aseguran que de ahí no se pasará, pero en la CTA se teme que sea el comienzo de una escalada que vaya en pos de la personería gremial del sindicato de Estado más opositor al Gobierno.
Los asambleístas produjeron el viernes un gesto que sin duda preocupa en estas horas al Gobierno, aunque tributa al estilo presidencial. Apelaron directamente a la autoridad de Néstor Kirchner, desautorizando las instancias ministeriales que funcionaban. Algo que a Kirchner le gusta acudir... cuando él tiene el control de la situación
Con la relativa calma del fin de semana largo, el conflicto sigue irresuelto. Aunque se diga lo contrario, la postergación no es tan dramática, lo que amerita una infrecuente...

...advertencia al lector, con data básica

A esta altura de una larga columna el cronista se siente en el deber de anticipar algo que debería ser evidente. El muy atizado mediáticamente conflicto de un hospital público, liderado por una fracción de un sindicato, de cara a una sociedad donde está latente el “que se vayan todos”, es muy difícil de resolver. El cronista lamenta ser uno de los pocos comunicadores que no dispone de una solución sencillita, operable en un par de minutos, que satisfaga a los trabajadores, mantenga equilibradas las arcas fiscales, preserve la unidad del sindicato y la reputación del Gobierno, entre otras cosas. Y que, encima, cuente con el aval de “la gente”, que tiene sus devaneos casquivanos entre un sondeo y otro. El Gobierno tiene recursos materiales y simbólicos pero (por suerte) está limitado por las leyes y por el Poder Judicial. Lerer puede ser considerado exageradamente intransigente pero está limitado por su propia conducción sindical y también sujeto al escrutinio permanente de sus bases. Todos saben que la opinión pública, más allá de cuanto se la banalice, también pesa en el conflicto sobre todo si éste se prorroga.
Por consiguiente, ante un marco intrincado, con múltiples actores que tienen sus límites, el cronista renuncia a predicar cómo zanjar el tema en un periquete. Piensa que la solución está pendiente de gestión por los sectores en pugna, por su propia dinámica.
Sí cabe señalar una información básica que a veces se escamotea. El derecho de huelga reconoce limitaciones importantes en caso de servicios públicos, como el de salud. La lesividad, la posibilidad de daño de la medida se restringe severamente en este tipo de paros. Es el caso de las guardias mínimas que los trabajadores deben respetar. Nadie discute la facultad del Gobierno para imponerlas, aunque sindicalistas y funcionarios disienten acerca de su cumplimiento. Esa polémica no debería ocultar que, contra las consignas que se bartolean con gran impunidad, nadie ha dicho en serio que los chicos que se atienden en el Garrahan estén en riesgo. El Gobierno acusa a los gremialistas de no cumplir las guardias mínimas pero no ha dicho (ni menos puesto en negro sobre blanco) que exista abandono de personas, sencillamente porque no hay tal.

De tiempos y de medios:

Tal vez no sea fantástico, pero sí es inexorable que las luchas gremiales se mediaticen, pero eso no las priva (no debería privarlas) de tener su propia lógica, su cadencia temporal. Por decirlo de modo metafórico, casi nada en la vida pública o privada debe zanjarse, sí o sí, antes de que termine el noticiero de las ocho, aunque el noticiero de las ocho enuncie otra cosa y unos cuantos protagonistas actúen en consecuencia.
Un conflicto no debe eternizarse, claro está, porque eso atenta, entre otras cosas, contra su legitimidad y la cohesión de los reclamantes, pero no hay cuestiones vitales que obliguen a abreviar dramáticamente los plazos de la pulseada.

A modo de colofón:

El Gobierno alega que estuvo dispuesto a negociar, que puso la condigna mesa, que hizo ofertas mejorando las condiciones generales de trabajo y que se iba en pos de aumentos salariales consensuados. Que fueron los trabajadores, en especial Lerer, quienes se retiraron de la negociación, por falta de voluntad de acordar. Durante unos días el Gobierno postuló que sus puertas estaban abiertas y la susodicha mesa esperando. No es ése su planteo desde el miércoles. Ahora, propone el Presidente que se siente desafiado en su autoridad, no hay retorno al diálogo. Nada es definitivo en las viñas del Señor, pero así están las cosas, de momento.
Sotto voce, varios funcionarios reconocen que la virtual negociación ahora congelada podría haber avanzado merced a una variación en el reparto de la nueva torta salarial. Los enfermeros se quejan de haber sido discriminados negativamente en la nueva propuesta respecto de los médicos, con quienes vienen estando sensiblemente enfrentados. Esa fragmentación entre trabajadores se sobreimprime a las muchas que enlaza este conflicto.
Los sindicatos de Estado, ya se sabe, son unos cuantos. Tienen variopintos estilos políticos, adscriben a distintas centrales sindicales y cuando (¡horror!) “hacen política” eligen colectivos muy dispersos. Los enfermeros y los médicos de un mismo hospital están en bastante desacuerdo. Las fuerzas políticas tienen cada vez menos raigambre social y las gremiales también han quedado desfasadas, en mayor o menor medida. Muchos comunicadores se proclaman representantes de “la gente” (que jamás los votó ni para Presidente, ni para secretario general ni para delegado), hacen tabla rasa con la dificultad del caso y proponen variadas modalidades de mano dura. La fenomenal crisis de representación que aqueja a la Argentina tiene en el caso Garrahan un muestrario interesante.
Volvamos al principio. El lenguaje desmesurado arriesga producir un efecto contrario a su intencionalidad básica, el de privar de significación a lo que designa. Si cualquier cosa se equipara a un genocidio, la gravedad del genocidio empalidece. Si se llama “terrorista” a cualquiera que abusa de su poder o negocia malamente, no es tan grave serlo.
Las hipérboles suministradas en grandes dosis suscitan acostumbramiento, no sorprenden. Los gritos ensordecen. Y, ojo que esa regla mediática no está en suspenso, aburren.
Una relativa injusticia ha cometido esta nota, en su comienzo. La frase de Macri que la encabeza, desdichadamente, no integra sólo el glosario de la derecha torpe y preverbal que expresa inmejorablemente el presidente de Boca. Demasiados políticos, incluidos algunos con despachos muy envidiados, hablan de “la gente” emparentándola demasiado con ciertos tramos de las clases medias urbanas. Quizá pueden hacerlo porque no cunde el hábito de repreguntarle qué diantres son, si no son “gente”, los dirigentes sindicales o de desocupados y las bases que (bien o mal) los acompañan.