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“Tiene que haber un límite para investigar a los jueces”, dice el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. “Un sistema sin plazos permite un uso político espurio” de los juicios políticos, agrega. Su reclamo tiene un contexto preciso: esta semana el ala más conservadora del Consejo de la Magistratura quiso establecer un término de prescripción de dos años para las causas contra magistrados. Esta vez falló en el intento, pero la polémica no está cerrada. Si finalmente la idea prospera, podrían caer unos cincuenta expedientes. Hubo advertencias de ONG del ámbito jurídico y el gremio de los judiciales acusó a los jueces designados por el menemismo de ser los más interesados en que se apruebe la norma. Entre ellos, Claudio Bonadío y Jorge Urso acumulan varias denuncias.
Canicoba Corral es uno de los jueces federales que fueron nombrados por Menem. Ahora no tiene pedidos de juicio político en trámite. Sólo algunos planteos ante el Ministerio de Justicia le cuestionan ciertos pasos en la causa AMIA, en la que reemplazó al destituido Juan José Galeano.
El Consejo de la Magistratura es el organismo que investiga y promueve, cuando hay mérito, los procesos de remoción. Lo integran jueces, legisladores, académicos y abogados. Los cuatro magistrados, el abogado Lino Palacio –quien comparte ideas jurídicas con Roberto Durrieu, asesor de Juan Carlos Blumberg– y el diputado duhaldista Jorge Casanovas son los principales impulsores de instalar la prescripción de dos años en los expedientes. El proyecto original es del representante del Gobierno en el cuerpo de consejeros, Joaquín Da Rocha. En el plenario del jueves último no lograron imponer su plan, pese a la fuerte presión que sumó la Asociación de Magistrados. Las posiciones están muy divididas (ver aparte).
Con el reglamento del Consejo en la mano, Canicoba Corral pasa las páginas hasta que encuentra: “Acá yo veo clarito que el jurado de enjuiciamiento tiene un plazo de seis meses, desde que recibe la acusación del plenario del Consejo, para emitir sentencia. ¿Por qué no existe también un límite para que los consejeros realicen la investigación? Es una arbitrariedad”.
–¿Qué término propone usted?
–Los dos años que están planteando me parece demasiado tiempo. No sólo tiene que haber un límite para investigar a los jueces, sino que no debería superar los seis meses, igual que en el jury. Es más, se debería contar desde que ingresa la denuncia. Si no se mantiene a los jueces bajo presión indefinidamente y pierden su independencia. Tenemos derecho a un plazo razonable. Y sólo debería haber prórrogas cuando los expedientes son muy voluminosos o complejos.
–Algunos consejeros se preguntan por qué los jueces pueden tomarse tiempos muy laxos para hacer sus investigaciones, pero si los cuestionados son ustedes entonces piden topes.
–A nosotros nos acusan de ser lentos. Pero las denuncias contra jueces que recibe el Consejo no son causas penales, son hechos que se comprueban rápidamente. Si un juez atropelló a alguien con su vehículo cuando estaba ebrio, no es algo muy complicado de establecer. Nosotros, cuando comenzamos a estudiar un caso, no tenemos procesados, por eso podemos demorar, pero desde que alguien es indagado ahí sí que nos corre el reloj. El Consejo tiene a los jueces en el limbo hasta que un día se juntan y deciden.
–En el Congreso, el juicio político a jueces de la Corte Suprema no tiene vencimiento.
–Para lo único que sirve la ausencia de límite de tiempo es para acomodar todo a la conveniencia o las circunstancias políticas. Si a (Juan José) Galeano lo hubieran juzgado en seis meses, con las primeras denuncias (que datan de 2001), seguramente el resultado hubiera sido otro.
–¿Usted cree que ahora hay persecución política a los jueces?
–Persecución no. Intencionalidad política, siempre. Donde hay poder, hay política. Es muy difícil que un organismo como el Consejo de la Magistratura se autolimite, nadie regala el poder con que cuenta. La lógica indica que el poder siempre tiende a extenderse. La existencia de un sistema que no contempla la caducidad de las causas es lo que permite un uso político espurio. Por eso digo que establecer un plazo no es sólo para que los jueces sepan a qué atenerse sino para que los consejeros asuman la obligación de investigar. Lo que falla es el sistema. El resultado es un juego permanente de presiones.
–La Unión de Empleados de la Justicia advirtió que fijar la caducidad de los expedientes favorece, especialmente, a los jueces federales designados durante el menemismo.
–No creo que beneficie especialmente a nadie, incluso porque se supone que si rige un plazo el Consejo en ese tiempo los va a investigar, debería apretar el acelerador para que los casos no prescriban. Lo que pasa es que los jueces federales siempre tienen temas complicados, pero mañana a un juez del fuero ordinario le toca un tema sensible y también pasa al centro de la escena. El interés, en todo caso, es institucional, no es de un sector de los jueces. Lo que planteo es un sistema más equitativo.