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El Senado se propone votar dentro de tres días la remoción del suspendido juez Antonio Boggiano, pese a que fue recibido por el Papa Joseph Ratzinger y repartió estampitas entre sus colegas de la Corte Suprema de Justicia. Su defensor Marcelo Sancinetti acudió a Sócrates, en una ominosa referencia sobre lo que les sucedió a quienes lo condenaron. El jueves también Boggiano se comparó con el escritor preferido de Carlos Menem, dijo que aún confiaba en un milagro de Dios y amenazó con recurrir a la multinacional de la salvación que lo colocó en el cargo para denigrar en todos los foros al Estado argentino. Si el Altísimo tuviera tareas más urgentes que conceder ese auxilio la Corte quedaría con siete en vez de nueve miembros, ya que aún no fue reemplazado el renunciante Augusto Belluscio. El gobierno nacional debería decidir entonces si selecciona dos candidatos para cubrir esas vacantes o envía al Congreso un proyecto de ley que reduzca el número de ministros a siete (en realidad ya hay uno, impulsado por duhaldistas y ex kirchneristas). El argumento en favor de la primera alternativa es que con la actual composición de la Corte no hay una mayoría que convalide la ley y los decretos de conversión de deudas públicas y privadas de dólares a pesos. En apoyo de la segunda se cuenta la amplia simpatía pública por el saneamiento de la Corte y por la restricción voluntaria que el Poder Ejecutivo impuso con el decreto 222/03 a sus facultades constitucionales para el nombramiento de sus integrantes. La nueva Corte dio muestras elocuentes de que no recibe directivas de nadie, con sus votos sobre asuntos políticos (reforma constitucional de Santiago del Estero), laborales (inconstitucionalidad de la ley de Accidentes de Trabajo y de la reforma previsional) y económicos (pesificación de los depósitos). También con las declaraciones públicas de algunos de sus miembros, que contradijeron las opiniones de Kirchner sobre la justicia, en el caso de la excarcelación de un hombre de Cromañón mientras dure el proceso. El tema que más interesa al gobierno es el de la salida definitiva del corralito. La imposibilidad de reunir mayoría de votos pese a que Kirchner designó a cuatro de los siete jueces actuales es la mejor prueba de independencia del tribunal y un activo político que no sería sensato dilapidar. Una decisión racional reclamaría un cuidadoso cálculo de costos y beneficios de cada opción.

Peso a peso

El voto de Boggiano en favor de la pesificación en la causa “Bustos, Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional y otros s/ amparo”, el 26 octubre del año pasado, fue la carta negociadora que le permitió dilatar los plazos de su enjuiciamiento. Al rechazar el reclamo de un ahorrista con depósitos bancarios por más de un millón de dólares la Corte consideró válidas la ley 25.561/02 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario y los distintos decretos dictados para enfrentar el derrumbe estrepitoso de una década de convertibilidad cambiaria 1=1 entre el peso y el dólar. Boggiano formó la estricta mayoría de 5 sobre 9 junto con un sobreviviente de la Corte del ’83 (Belluscio), el único juez designado por Duhalde (Juan Carlos Maqueda) y dos de los nominados por Kirchner (Elena Highton y Raúl Zaffaroni). Se excusó de intervenir Enrique Petracchi porque declaró que sus ahorros habían quedado atrapados en el corralito, sobre cuya salida versaba la causa. Pese a que él también tiene depósitos convertidos a la fuerza, Carlos Fayt hizo un nuevo gesto de ética republicana y votó por la devolución en dólares y en cuotas. Todavía no integraban el tribunal Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay. La mayoría dispuso que tal como marca la ley se convirtiera cada dólar depositado en 1,4 pesos más el Coeficiente de Estabilización de Referencia, (CER), más una tasa de interés. Pero Zaffaroni restringió su voto a depósitos superiores a 140.000 dólares. Para los de menos valor creó dos categorías: hasta 70.000 dólares, debería devolverse el total en la moneda original; entre 70 y 140.000, la mitad en dólares y el resto convertidos a 1,40 pesos + el CER. Como el caso Bustos era por 1.334.110 dólares, estas disquisiciones no se aplicaron. Pero desde entonces se hizo problemático reunir cinco votos para pesificar a 1,40 + CER los depósitos menores, que son el 80 por ciento de los apresados, ya que los grandes inversores huyeron a tiempo del corral. Esto reforzó la capacidad de extorsión de Boggiano. Si su juicio político avanzó fue debido a que cualquier otra resolución hubiera sido escandalosa en un cuerpo que destituyó a Moliné por la misma causa.

Soberanía monetaria

El 5 de abril de este año, ya con la incorporación de Argibay y Lorenzetti, la Corte declaró en la causa “Galli, Hugo Gabriel y otro c/ PEN” que la pesificación y el canje de deuda eran constitucionales. Boggiano ya no votaba, como recurso de presión contra el gobierno. El fallo contrarió a un ahorrista que había recurrido contra la pesificación de los títulos de la deuda pública que tenía en su poder (Bocones y Bontes de distintas series). Si bien hubo seis votos concurrentes, todos sostuvieron la razonabilidad de las medidas de emergencia dispuestas por los órganos ejecutivo y legislativo para preservar el funcionamiento del Estado y sus servicios esenciales, en casos excepcionales y gravísimos. En un voto conjunto, Highton y Maqueda invocaron el principio de autoconservación del Estado. Zaffaroni y Lorenzetti reconocieron la “soberanía monetaria” del Estado para fijar el tipo de cambio y sostuvieron que tres años después de los hechos la interpretación contraria “traería consecuencias institucionales gravísimas”. Deben respetarse tanto los compromisos financieros como los derechos humanos, dijeron. Todos ellos señalaron la necesidad de terminar con el estado de emergencia, “cuya prolongación representa, en sí misma, el mayor atentado a la seguridad jurídica” (Highton-Maqueda), ya que “un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho” (Zaffaroni-Lorenzetti).

La brecha

Las mismas entidades que inspiraron el decreto 222/03 (Asociación por los Derechos Civiles, CELS, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Poder Ciudadano, Unión de Usuarios y Consumidores) sostuvieron la conveniencia de reducir el número de miembros de la Corte. Kirchner ya designó a cuatro jueces y sería una señal de moderación que en vez de cubrir las nuevas vacantes mermara el número de plazas en el tribunal. Además, el funcionamiento de la Corte con nueve jueces fue lento y engorroso, confirmando la advertencia que el tribunal le hizo a Menem en la famosa Acordada 44 en vísperas de la ampliación. Kirchner estuvo en un principio de acuerdo con el planteo de las entidades, pero cambió de parecer cuando advirtió que no encontraba receptividad en la Corte para la convalidación de la ley y los decretos pesificadores, obtenidos por los grandes grupos económicos locales en alianza con los senadores Duhalde y Raúl Alfonsín. Una razón práctica choca con otra institucional.
El fallo Galli aventó todo riesgo de una estrepitosa redolarización al reconocer la facultad constitucional del Estado de modificar el valor de la moneda. Pero aún falta determinar cómo influirá la decisión que se tome sobre las relaciones particulares entre acreedores y deudores. Esto depende de la cotización del dólar, que el gobierno pretende mantener alrededor de los 2,90 pesos actuales, y del índice de precios al consumidor, que determina el valor del Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER). La brecha entre el valor del dólar y la fórmula pesificadora de 1,40 + CER se ha reducido por la estabilidad del tipo de cambio y el avance del Indice de Precios pero todavía existe. Hoy, 25 de setiembre, el CER equivale a 1,66 (porque la inflación acumulada ha sido del 66 por ciento desde la devaluación). Si a 1,40 se le aplica ese 66 por ciento de aumento, el resultado es 2,33. La cotización del dólar el viernes fue de 2,91 pesos y la diferencia con la actualización prevista por la ley, de 0,58 centavos. Es decir que al día de hoy la brecha es del 20 por ciento. Con el ritmo actual de inflación, en marzo será de un 15 o 17 por ciento. Pero además la ley establece que también se pagará una tasa de interés cuya fijación corresponde a los jueces que resuelvan cada caso. Esa tasa (por encima del interés pactado en el convenio original según el tipo de activo financiero de que se trate, ya sean depósitos bancarios o títulos de deuda) es la clave, porque disminuirá o suprimirá la brecha, con lo cual la cuestión se tornaría abstracta.

Hipótesis

Las hipótesis que por ahora manejan los jueces de la Corte se refieren a quiénes deberían soportar alguna reducida diferencia, si los ahorristas o los bancos.

1) Pagan los depositantes. Hasta ahora es la posición que sostienen Highton y Maqueda y la que prefiere dentro del gobierno el jefe de gabinete, Alberto Fernández. Consistiría en reiterar el fallo Bustos, que rechaza las medidas cautelares concedidas por jueces de primera y segunda instancia. En ese caso aquellos depositantes que pudieron retirar sus ahorros por disposiciones judiciales deberían devolver la diferencia. Esto tendría un costo social, reavivaría el extinguido incendio Artaza y daría lugar a una nueva serie de amparos que muchos jueces concederían. La credibilidad de tal sentencia sería baja, ya que iría en contra de lo que han fallado el 90 por ciento de las Cámaras que consideraron inconstitucional el sistema. Económicamente no sería grave. Si se toma el ejemplo del día de hoy: quien reciba sus activos pesificados a 1,40 más el CER perdería un 20 por ciento respecto de un activo dolarizado, pero su poder adquisitivo interno sería 40 por ciento mejor que en enero de 2002.

2) Pagan los bancos, que ya han recuperado la rentabilidad después del cimbronazo y, a diferencia de los individuos, tienen posibilidad de negociar con cada cliente y de difundir otra parte del costo. El impacto sería reducido, ya que el universo de litigios no supera el 30 por ciento del total de depositantes (el resto ya recuperó sus activos mediante medidas cautelares o aceptó algunos de los bonos ofrecidos a cambio). Esta hipótesis se desdobla en dos:

- Esperar unos meses hasta que el proceso inflacionario reduzca la diferencia hasta un porcentaje tan insignificante que de acuerdo con la jurisprudencia permita declarar que no afecta el derecho de propiedad. Esto sería posible alrededor de marzo. Una tasa judicial del 4 al 5 por ciento por encima de la original, que no es en absoluto irrazonable, zanjaría la cuestión.

- Resolver ya mismo que los bancos paguen el 100 por ciento de los depósitos pero en moneda nacional y dándoles un plazo de no menos de un año para completar la diferencia entre el Coeficiente de Estabilización de Referencia y el dólar.
Entre estas dos subvariantes oscilan las posiciones de Lorenzetti, Zaffaroni y Argibay. Dentro del gobierno les parecerían aceptables al ministro de Economía Roberto Lavagna y al secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini. Una ventaja que arguyen los partidarios de esta solución es que daría certeza ante eventuales crisis futuras de confianza. Sería así un aval de mediano plazo al sistema bancario en un país en el que todos los gobiernos del último cuarto de siglo han debido soportar corridas.
Kirchner debe ponderar este panorama con la alternativa de designar en reemplazo de Boggiano y Belluscio a dos nuevos jueces que se sumen al criterio de Highton y Maqueda. El proceso de selección y aprobación no concluiría antes de fin de año, con lo cual no estarían en condiciones de votar antes de marzo de 2006. Aun así le faltaría el quinto voto. En ese momento la cuestión ya sería abstracta.
Ante una pregunta sobre qué piensa hacer, Kirchner respondió que todavía no ha tomado una decisión. De hecho, vencidos los plazos no ha propuesto un candidato para suceder a Belluscio. En cualquier caso es ostensible que el tema de la pesificación ha perdido el dramatismo original y que, salvados los principios constitucionales, no hay en juego cuestiones económicas de vida o muerte, sino mínimos reajustes negociables entre las partes. Pasa así al primer plano la calidad institucional, una de las asignaturas que Kirchner dice que encarará después del 23 de octubre.