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Desde Córdoba
La administración de los planes de empleo durante los tres años del gobierno de José Manuel de la Sota en Córdoba está bajo sospecha a partir de las denuncias de “clientelismo político y falta de transparencia” que un ex funcionario llevó ante la Justicia federal. Alberto Villa Uría, ex subdirector de Empleo, aseguró que advirtió en repetidas veces sobre las irregularidades a todos los niveles del Ejecutivo, hasta el propio gobernador, y que a partir de sus denuncias el manejo de los subsidios quedó en manos de Olga Riutort de De la Sota, la secretaria general, y Jorge Montoya, un funcionario de la mesa chica del gobierno. Según relató a este diario, “había dos vías para acceder a un plan: la de los ‘favoritos’ que eran recomendados por allegados al poder político y los del montón, que se acumulaban, ‘sin destino’, en la Mesa General de Entradas”. Una abultada documentación quedó la semana pasada en manos del juez federal Alejandro Sánchez Freytes y otro tanto será presentado mañana, en la Fiscalía Anticorrupción de la provincia.
En 1999 De la Sota anunció que bajaría la desocupación en Córdoba a través de dos programas: el Plan Primer Paso, para jóvenes que buscaban su primer empleo y el Volver al Trabajo, para mayores de 45 años. A fines del año pasado sumó el Nuevo Empleo, que se terminó garantizando con fondos nacionales producto del convenio con el fugaz gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. En todas las versiones, Villa Uría apuntó irregularidades: desde el incumplimiento de las reglas administrativas hasta pilas de solicitudes que llegaban de manos de diputados para un tratamiento preferencial. Y las hizo saber por la vía jerárquica: “Agotada mi paciencia en la instancia ministerial, en mayo de 2001 decidí comunicarlo a la secretaria general de la Gobernación, Olga Riutort, y al señor gobernador”, señala el texto de la presentación que mañana ampliará ante el fiscal anticorrupción, Luis Juez. En diálogo con Página/12, Villa Uría relató que el informe fue presentado al matrimonio De la Sota a través de la hija de Riutort, Victoria Flores, dirigente de la Juventud Peronista.
Villa Uría no tiene historia política; como ingeniero investigador fue designado joven sobresaliente por la Bolsa de Comercio de Córdoba en 1995 y asesoró a las Naciones Unidas en programas de empleo, hasta que llegó al gobierno cordobés en agosto del ‘99. Lo había recomendado el diputado ultradelasotista Carlos Alesandri, el mismo que en estos días reconoció que “después de haberlo llevado a la gestión pública, una y otra vez me comentó algunas cuestiones no claras en los planes, y le dije que si tenía algo que decir se dirigiera a la Justicia”.
En la denuncia que dejó en manos del juez Sánchez Freytes, el ex funcionario aseguró que “cuando todavía el lanzamiento de las solicitudes no se había difundido en los medios, ya había cientos de fichas llenas apiladas en la secretaría privada de Riutort”. “La instrucción que me dieron los colaboradores de Riutort fue clara: las solicitudes de la ciudad de Córdoba debían ser entregadas a Mirta Baldi (secretaria privada de la esposa de De la Sota), mientras que las del interior tenían que ir a lo de Montoya”, secretario de Asuntos Institucionales. “Horaldo Senn, ex asesor de Juan Schiaretti y mano derecha de Montoya, me llamó en una oportunidad y me dijo, de mala manera, que prestara más atención al color político del que traía las fichas, y si no era del gobernante, lo derivara a la Mesa de Entradas”, contó Villa Uría, y aseguró que lo mismo le dijo Baldi. “Le contesté que no conocía a militantes partidarios, así que le iba a tener que preguntar al consultante para saber su afiliación”.
La presentación judicial abunda en detalles, incluso del Nuevo Empleo y el Plan Jefes de Hogar, aunque éste fue el último tramo del cual Villa Uría fue testigo, ya que se alejó del cargo en febrero pasado: “Tal como yo lo había presenciado desde 1999, también en este nuevo programa había dos circuitos: uno oficial y aparente, y otro paralelo”.
Schiaretti señalado
“Un patrón encerró bajo llave a sus empleados”, rezaba un titular en la edición del Diario de Bolsillo del 30 de enero de 2001. Un grupo de vendedores de teléfonos celulares, empleados por la firma Telefonía SRL bajo el Plan Volver al Trabajo, exigía al dueño el pago de los haberes mientras éste trataba de evitar que hicieran pública la denuncia. Esto sería apenas un incidente insólito si no fuera porque terminó desnudando una práctica de las que por estos días Villa Uría está denunciando en la Justicia.
Como subdirector de Empleo, el ahora ex funcionario llegó al lugar y se entrevistó con Carlos Moscatelli, el abogado titular de la empresa. “Estaba enojado porque, según me dijo (el ministro de la Producción Juan) Schiaretti no había cumplido con el pacto. Me contó que había arreglado con él un aporte al partido a cambio de 50 puestos del Volver al Trabajo, modalidad Contrato (el Estado pagaba 250 pesos por empleado), que sólo les habían dado 10 y que encima los empleados se la pasaban militando y no vendían un solo celular. Los vendedores, en su mayoría mujeres, eran militantes justicialistas que respondían a la legisladora Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti”, relató Villa Uría.