La fiscal Dolores Delgado, que pidió ante la Justicia española 17.010 años de prisión para Ricardo Miguel Cavallo, dijo que en términos realistas, según las leyes de ese país, el represor podría pasar unos 20 años preso si es condenado a la pena máxima. De acuerdo con ese pronóstico, estaría en la cárcel al menos hasta los 76 años. Por ahora no sería extraditado. La funcionaria explicó que la cifra que propuso es “simbólica”, aunque se basa en la suma de los más de 400 secuestros, torturas y desapariciones en la ESMA por los que está acusado el ex militar. Ella eligió las figuras de genocidio y terrorismo porque, sostiene el escrito que presentó –al que accedió Página/12–, Cavallo participó tanto en el diseño como en la ejecución “del plan sistemático de desaparición y eliminación física de una considerable parte de la ciudadanía que” las Fuerzas Armadas “reputaban incompatible con su proyecto político y social”.

Cavallo estuvo preso tres años en México, donde Interpol lo detuvo cuando intentaba fugarse después que el diario Reforma revelara su pasado como represor. Hasta entonces llevaba una vida de empresario próspero y era director del Registro Nacional de Vehículos. En 2003 fue extraditado a España. Allí está detenido en una cárcel común, sin privilegios de ningún tipo, ya que no hay penales militares para los criminales, una diferencia con el sistema de detención argentino.

En España el plazo máximo de encierro por ley es de 30 años. “En el caso de que Cavallo fuera condenado, a la hora de cumplir la pena, sobre el tope de 30 años existen redenciones ordinarias y extraordinarias, dado que se beneficiaría del Código español del ’73”, explicó la fiscal. Si el tribunal que lo juzgará acepta los planteos del ex marino, es probable, calculó la funcionaria de la Audiencia Nacional, que logre “al menos un tercio largo” de reducción. La pena de 17.010 pedida, insistió, es “simbólica” ya que “las acciones contra la vida no pueden ser englobadas”.

Delgado descartó la posibilidad de que Cavallo sea extraditado a Argentina. Señaló que el país dio indicios de que “no tiene interés” en avanzar con un proceso en su contra mientras el de España se acerca ya al juicio oral. El represor es investigado en la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA, que fue reabierta después que el Congreso anuló las leyes de punto final y obediencia debida. El prefiere ser juzgado por los tribunales porteños porque espera lograr condiciones de detención preferenciales. Con ese fin, hizo planteos en ambos países.

La acusación que formalizó la fiscal tiene 196 páginas. Sostiene que Cavallo debe ser condenado como responsable en todos los crímenes cometidos en la ESMA mientras él cumplió funciones allí, entre 1976 y 1980. En el expediente hay pruebas sobre cerca de 500 casos en total. Delgado propuso esquemas alternativos de condena, que van desde los 13.332 hasta los 17.010. La cifra es más alta cuanto más casos son entendidos como terrorismo y genocidio. Baja en sólo diez años si se los califica como crímenes de lesa humanidad.

Si el tribunal interpreta que hubo genocidio marcaría una diferencia con la condena al represor Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. La argumentación de Delgado reseña que el “plan criminal” de la dictadura apuntó a la “eliminación y desaparición sistemática de personas calificándolas por su profesión, adscripción ideológica, religiosa, sindical, gremial o intelectual, e incluso étnica”. El objetivo de las Fuerzas Armadas, señala, era “establecer un determinado sistema político e ideológico previa eliminación de aquella parte de la población que pudiera representar un obstáculo”. Recuerda, además, que Cavallo actuó en forma permanente en los grupos de tareas de la ESMA, actuó en Inteligencia y también estuvo a cargo del sector “Pecera”, donde reducía a servidumbre a los detenidos. “Participó en las torturas en forma sistemática” y “en las decisiones sobre detenciones, secuestros, allanamientos que se tomaban todos los días” en ese centro clandestino. Delgado prevé que el juicio oral podría empezar en unos dos meses, aunque podría demorarse más, hasta el segundo semestre.