La ministra de Economía, Felisa Miceli, anunció un acuerdo de precios con algunos sectores de la cadena cárnica, entre ellos los frigoríficos y dos de las cuatro entidades que representan al agro. Siguiendo el modelo del resto de los acuerdos sectoriales y por empresas, el consenso alcanzado consistirá en mantener los precios congelados por un año, pero con revisiones bimensuales para analizar la evolución de los costos. El precio de referencia establecido fue de 4,40 pesos el kilo más IVA para la media res en puerta del establecimiento. Frente a la negativa del Gobierno a bajar las retenciones, las cámaras de consignatarios, la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales no adhirieron al acuerdo. Economía no descarta una nueva suba de retenciones si los sectores más díscolos intentan boicotear el acuerdo.

La versión del acuerdo comentada ayer por fuentes del Palacio de Hacienda sostenía que la cadena completa había firmado el acuerdo en una reunión de la que participó el presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, a la partida del Presidente, los sectores que finalmente rechazaron el convenio habrían presionado para que la potencial baja de retenciones sea expuesta en la conferencia de prensa posterior. Siempre según las fuentes, la negativa del Gobierno a aceptar estas “presiones” habría provocado el retiro de las firmas de CRA, la SRA y los consignatarios, situación que demoró la conferencia y frustró un acuerdo unánime. Ello no evitó que frente a la prensa Miceli hable de la “mucha responsabilidad demostrada por el sector empresario”, así como de “la falta de temor y hostilidad” y el “aporte de ideas” de los privados. En el tema retenciones la ministra fue taxativa: “no se tocó”, afirmó sin dudar.

En este punto vale recordar que uno de los últimos actos de Roberto Lavagna al frente de la cartera económica fue la suba de las retenciones sectoriales del 5 al 15 por ciento. La medida fue acompañada también por la eliminación de los reintegros que, por una alícuota similar, recibían las ventas al exterior, transferencia que transformaba a las retenciones en un mero costo financiero, ya que los reintegros demoraban un mínimo de 60 días. La decisión de entonces fue parte de una batería de medidas destinada a desincentivar las exportaciones, las que competían claramente con la demanda interna.

La carne no es sólo una commodity que en 2005 reportó un ingreso de divisas superior a los 1000 millones de dólares, sino también un “bien salario” componente de la canasta de consumo de la mayoría de la población. El desincentivo de las ventas al exterior se produjo en un momento en que los aumentos de precios comenzaban a erosionar la lenta recuperación de los ingresos salariales que atentaban contra las leves mejoras en los indicadores más críticos, como la pobreza y la indigencia. La carne fue uno de los rubros del Indice de Precios al Consumidor (IPC) que, junto con los lácteos, más aumentaron durante 2005.

Para los exportadores, la pérdida de la superrentabilidad provocada por estas medidas fue considerada un “subsidio al consumo que amenazaba la producción”. Las mayores retenciones no evitaron los aumentos, aunque según los técnicos de Economía lograron que no se disparen. Sin embargo, apenas asumida Felisa Miceli, Economía debió recurrir a la amenaza de un nuevo aumento de 10 puntos en el tributo. La sangre no llegó al río, pero la amenaza sirvió para “correr a los exportadores con la vaina”. Nuevamente ello no evitó que diciembre cierre con aumentos del 3,2 por ciento y 2005 con un impresionante suba del 21,3 por ciento, en ambos casos para los cortes incluidos en el IPC.

Si bien la recuperación de la economía y con ella la de los ingresos de los sectores más castigados por la crisis se volcó a la demanda de consumos postergados, como lo fue la carne, los aumentos también respondieron a factores externos extensamente reseñados por la cadena cárnica. Entre ellos se destacaron la apertura de nuevos mercados deexportación y la transitoria salida del mercado, por problemas sanitarios, de algunos grandes exportadores mundiales, como Estados Unidos y Canadá por el mal de la Vaca Loca y, más recientemente, Brasil por la aftosa.

Como medida de política económica las retenciones, al reducir el precio que recibe el exportador en el mercado externo, reduce de manera indirecta la pretensión por el precio fronteras adentro, de allí su deseable efecto extrarrecaudatorio en un contexto inflacionario impulsado por la demanda de exportaciones. Si el gobierno hubiese concedido la baja de retenciones eternamente demandada por los exportadores, hubiese también desandado su propia estrategia. Más allá de la buena voluntad que la ministra Miceli dijo encontrar entre los empresarios, la baja del tributo, al aumentar el precio recibido afuera, hubiese aumentado los precios internos y conseguido así un efecto contrario al deseado. En otras palabras, hubiese sido como apagar el incendio con nafta, más luego de que el IPC de diciembre mostrara el citado un aumento del 3,2 por ciento.

A cambio del congelamiento, la cadena cárnica sólo obtuvo en concreto el compromiso de 300 millones de pesos destinados a subsidiar algunos puntos de la tasa del 10,75 por ciento en los créditos que otorgará al sector el Banco Nación. Según Miceli, el acuerdo servirá para restablecer las “condiciones de inversión sectorial”, lo que posibilitará el incremento del stock ganadero.

Luego del acuerdo de ayer es muy probable que el IPC de enero vuelva a mostrar una suba importante. Ello habrá ocurrido a pesar de la baja de los precios de referencia del Mercado de Liniers S.A., que nunca se reflejaron en las bocas de expendio minoristas. Una vez más, los empresarios podrán decir que el congelamiento comenzó a regir recién a finales del mes.