Martes, 24 de enero de 2006 | Hoy
EL PAíS › EL GOBIERNO URUGUAYO RECHAZO UNA PROPUESTA DEL GOBERNADOR DE ENTRE RIOS
El planteo de cambiar la tecnología de las papeleras fue tildado de “tontería mayúscula” por el ministro de Medio Ambiente oriental. Busti replicó augurando “lluvia de juicios”. Cancillería hizo llegar sus críticas a la CFI. No hay gestos de acercamiento, mientras se espera la reunión entre Kirchner, Taiana y Busti.
El gobierno uruguayo rechazó la propuesta del gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y aseguró que no habrá cambios en la tecnología que prevén implementar las dos papeleras que se están construyendo en la ciudad de Fray Bentos. El ministro de Medio Ambiente de Uruguay, Jaime Igorra, calificó como una “tontería mayúscula” el proyecto de producción limpia que elaboró Greenpeace y que Busti venía defendiendo como una posible solución al conflicto. La respuesta de este lado del río no se hizo esperar. Bajo las expectativas del encuentro que mantendrá esta semana con Néstor Kirchner, el gobernador insistió con la iniciativa y amenazó con “una nube de juicios” en caso de que Uruguay no ofrezca ninguna alternativa.
“Greenpeace le está reclamando a Uruguay lo que no le reclama a Argentina ni a Brasil”, deslizó Igorra al rechazar la propuesta. “Si Greenpeace consigue una legislación internacional para que todos los países produzcan papel en iguales condiciones, se podría modificar el proceso”, agregó inmediatamente. Igorra apuntó así contra la recomendación de las organizaciones ambientalistas y respondió a las críticas que vienen planteando por el volumen de producción que manejarán ambas plantas. Según el dirigente, al concentrar la actividad en dos fábricas se aumentará las posibilidades de control ambiental contribuyendo a condiciones más favorables que las de los países en donde las plantas de celulosa están diseminadas en varios puntos.
El proyecto, que fue presentado por Greenpeace, propone la eliminación del cloro para la elaboración de papel ya que se trata de una sustancia que genera inmensos daños ambientales. En su propuesta, la organización ecologista ofrece métodos alternativos que garantizan una producción limpia. La iniciativa inmediatamente tuvo eco en la administración de Busti, quien la consideraba como la mejor vía para un posible acuerdo. En respuesta a las declaraciones en las que Igorra señaló el perjuicio económico que significarían esas modificaciones, el dirigente de Greenpeace Juan Carlos Villalonga defendió la tecnología libre de cloro y aseguró que permite producir papeles de calidad.
“Una nube de juicios”
La dura respuesta de parte del gobierno uruguayo sorprendió a algunos funcionarios de la Casa Rosada, que esperaban un gesto del país vecino luego de las declaraciones que dio Kirchner el jueves en Brasilia. Allí el Presidente intentó bajarle el tono a la polémica asegurando que se trata de “un tema ambiental”. En línea con estas declaraciones, ayer Busti convocó “al diálogo para destrabar la situación”. “Primero tiene que haber voluntad política del Uruguay. En segundo lugar, las empresas, como ocurre en cualquier lugar del mundo, además de analizar la rentabilidad, deben analizar el impacto ambiental y tienen que tener la voluntad de cambiar el criterio de diseño de las mismas”, manifestó.
El gobernador ahora tiene la mirada puesta sobre el encuentro que esta semana espera mantener con Kirchner y el canciller Jorge Taiana, que quedó a cargo de las negociaciones entre ambos gobiernos. Busti expresó su confianza en un acuerdo entre ambos gobiernos, aunque no descartó la posibilidad de que se presenten demandas ante la Justicia si Uruguay sigue rechazando las propuestas. “Se están preparando demandas preventivas”, disparó el funcionario. Hasta el momento, su administración viene desplazando la vía judicial. La opción aparece entre las menos favoritas ya que apelar a la presencia de un tribunal podría llegar a estirar los tiempos sin repercutir en la puesta en funcionamiento de las dos papeleras. Sin embargo, en el plano político tampoco parece haber una salida en el mediano plazo. La semana pasada el conflicto tomó un matiz más negro cuando Vázquez, enojado por los incidentes con Greenpeace, salió a decir que no iba a permitir que nadie “marque la cancha” ni que “patoteen” a su gobierno.
Para esta semana, además, el gobierno espera la visita de miembros de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la entidad designada por el Banco Mundial para elaborar el informe sobre el impacto social que tendrán las plantas. El organismo ya realizó una preentrega en la que se mostró a favor de la instalación de las dos papeleras. El documento, sin embargo, recibió varias objeciones de Cancillería por la falta de información y falta de rigor científico que presenta. En función de ello, la cartera a cargo de Taiana elaboró un informe (que Página/12 adelantó en exclusiva) y que se entregó a las autoridades de la CFI. Sin dar mayores explicaciones sobre el tema, el organismo se comprometió a leerlo y ayer inauguró una página en Internet “para facilitar al público y a los sectores interesados la oportunidad de hacer llegar sus comentarios sobre el impacto acumulado”.
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