Desde que empezó el juicio a Aníbal Ibarra hubo tensión, desmayos, chicanas, sorpresas, cruces, escándalos y relatos cargados de tristeza. La semana pasada tuvo un denominador común: sólo hubo cuatro testimonios referidos a Cromañón. El gobierno porteño se apoya en esa situación para resaltar que el juicio todavía está lejos de su objeto (ver aparte). La fiscalía intenta mostrar que las fallas en los controles y habilitaciones de boliches eran generalizadas y responsabilidad del suspendido jefe de Gobierno porteño. Los legisladores de la Sala Acusadora y los abogados defensores revisaron los puntos centrales de los últimos días ante Página/12.

“No hay ningún testimonio que permita incriminar a Ibarra”, remarca el defensor Julio César Strassera. “Si falla todo, todo el tiempo, la culpa no es del inspector sino de Ibarra”, sintetizó el fiscal Jorge Enríquez, que procuró una lista de testigos que relevaran boliches conflictivos.

- El machete: Sin duda, uno de los momentos más tensos de la semana fue cuando un inspector, César Suárez Campesano, admitió que tuvo una reunión con Ibarra antes de declarar y que se lo “ordenó la superioridad”. El legislador kirchnerista Helio Rebot detectó en su poder un ayudamemoria, que interpretó como “un libreto”. El abogado y padre de una víctima, José Iglesias, puso en duda la validez del testimonio.

Los fiscales no se animaron a tanto. “Es una falta de ética grave que el acusado se reúna con los testigos”, dijo Enríquez, también en alusión a otra inspectora, Virginia Brizuela, que reconoció el encuentro. Ella, precisó el fiscal, será denunciada por falso testimonio ante la Justicia. Strassera replicó: “Nosotros no pedimos la reunión, ni los inducimos a mentir. Los testigos tenían miedo y le fueron a preguntar a sus jefes”.

- Boliches en clubes: Follia, ubicado en el Club Ciudad de Buenos Aires, fue clausurado tres veces, pero siempre consiguió reabrir. Millenium estaba dentro del Club Defensores de Belgrano aunque, según la fiscalía, en el Código de Planificación Urbana está prohibido que allí haya un local bailable. El gerente de Follia, Daniel Vázquez, es amigo del director de Deportes porteño, Daniel Bravo. En el juicio, Bravo admitió que, como legislador, presentó un proyecto para cambiar la urbanización de los clubes, pero negó que fuese para permitir la habilitación de los boliches.

“Esos dos boliches funcionaron careciendo de certificados”, consideró Enríquez. “La mecánica de esas cuestiones está muy lejos del jefe de Gobierno”, respondió el abogado defensor Julio Golodny. “Le mandaron una carta documento a Ibarra y se le dio tratamiento a los seis días. ¿Qué pretenden? ¿Que a los cinco minutos esté con una linterna y un centímetro en la puerta del boliche?”, remarcó. Además, acotaron que Enríquez también concurrió al club –un testigo lo reconoció– y no denunció nada.

- Amerika: El boliche gay viene embarcado en una polémica entre los vecinos, que se quejan por “ruidos molestos”, y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), que denuncia discriminación. La controversia se trasladó al juicio político. “A Ibarra le notificaron que tenía que cerrar el boliche, y Amerika sigue funcionando, pese a las deficiencias estructurales”, resaltó Enríquez, mientras que la defensa y la CHA sostuvieron que se trata de “un caso grave de discriminación”.

- Cemento: Tres empleados de Fiscalización y Control declararon esta semana sobre una inspección a Cemento en 2004. Coincidieron en que Omar Chabán no pudo presentar ni el plano de habilitación, ni el de instalación contra incendio, ni el de instalación termomecánica, y además tenía el certificado de bomberos vencido. Los inspectores le dejaron una intimación y no clausuraron el local. Un coordinador del área, Ignacio Penco, reconoció que “había una orden general de no clausurar los locales con intimación vigente”. “Las clausuras eran digitadas desde arriba, los inspectores reconocieron que se les daba instrucciones por handy”, dijo Enríquez. “El handy da la idea de un operativo militar, pero detrás del handy no estaba Ibarra”, contraatacó Golodny. Según la defensa, la ordenanza 50.848 “decía que hay que intimar y no clausurar”.

- Descolgado: Por el testimonio del secretario de Cultura, Gustavo López, los fiscales, que habían pedido su declaración, terminaron peleados. El funcionario reconoció que se le dieron dos subsidios a Chabán, uno de 2002 y otro de 2004, pero aclaró que los entregó un ente descentralizado y autárquico, Pro Teatro, y que fue aprobado por un jurado. “Se quedaron sin preguntas”, celebró López.

- Cromañón: Poco se habló sobre el local donde se produjo el incendio. El director de Protección del Trabajo, Florencio Varela, discutió sobre una denuncia referida a las condiciones de trabajo en el local. El inspector Norberto D’Andrea remarcó que la habilitación electromecánica del lugar estuvo mal hecha. “No hay una legislación sobre ventilación contra incendio en la ciudad”, resaltó Golodny.

Enríquez señaló que “los testimonios prueban que el sistema no fallaba abajo, sino que se centralizaban las directivas”. El ex fiscal del Juicio a las Juntas interpretó lo contrario: “¿Cómo Ibarra puede tener responsabilidad por lo que hace un inspector? Es como pedirle juicio político al Presidente por lo que pasa en una subsecretaría”, se enojó. Para Enríquez, “Ibarra dictó órdenes críticas que condicionaban el control de los boliches”. “No se ha probado nada. Cuanto más preguntas hace la acusación, más claro queda lo endeble de los cargos. No decimos que es la mejor gestión de la historia desde el virrey Vértiz, pero ciertos errores no conducen al mal desempeño”, concluyó Golodny.