Con varias ausencias, empezó la tercera semana de juicio político a Aníbal Ibarra. Durante las primeras horas de audiencia, su abogado Julio César Strassera volvió a transformarse en centro de atención, esta vez a raíz de un furibundo cruce con familiares de las víctimas de Cromañón. Luego del habitual cuarto intermedio del mediodía, pidió la palabra para solicitar que los familiares sean desalojados de la sala. “Hemos sido agredidos por parte del público –explicó–, lo que voy a pedir son garantías para poder circular libremente por la casa”. Fuera de ello, el testimonio de un arquitecto y ex empleado del gobierno porteño convocado por la acusación salpicó a varios funcionarios del gobierno y se convirtió en el aporte más importante de una jornada en la que primaron los faltazos: se presentaron sólo cuatro de los diez testigos previstos. Hoy será el turno del diputado Juan José Alvarez, convocado en su calidad de ex secretario de Seguridad porteño.

Julio Maier, presidente del tribunal, tomó declaración al primer testigo y el más impactante de la jornada: Nicolás Walsöe, arquitecto y parte de la estratégica Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI) durante un año, hasta mayo de 2004. Como fue desplazado de su trabajo por una supuesta sospecha de coimas la defensa relativizó los aportes por su “enemistad” con Ibarra. Aun así, su declaración fue explosiva.

Entre los puntos centrales, el arquitecto recordó su entrenamiento: “Hicimos un curso intensivo de dos meses y salíamos a la calle con otros inspectores”. La acusación pidió detalles. Walsöe mencionó, entonces, varias inspecciones. Recordó una parrilla de la calle Brasil donde se encontró con que el dueño era funcionario del gobierno. En esa línea, habilitó un capítulo sobre Fabiana Fiszbin, ex secretaria de Control Comunal y procesada en la causa judicial de Cromañón.

El ex inspector recordó una inspección al estadio de Vélez durante un recital de Chayanne. Cuando llegó al estadio lo trataron de “caradura”. “Fuimos recibidos por la gente de Fénix Entertainment Group, encargados de la organización del espectáculo”, que indicaron que “dos personas habían pedido 50 entradas para la licenciada Fiszbin”. En la audiencia se aclaró que Fiszbin sumarió a dos empleadas por el hecho. Igual, Walsöe cargó las tintas sobre ella. “Con la asunción de Fiszbin –dijo– comenzó el desmantelamiento de los equipos de trabajo y empezaron a faltar insumos.” Sostuvo que había inspectores sin credenciales o con unas vencidas, que faltaba capacitación y había “condiciones de trabajo insostenibles”.

Contó que después de una inspección, el 23 de diciembre de 2003, decidió clausurar el estadio de Argentinos Juniors, pero que su decisión se levantó. Tres días después le ordenaron “habilitar el estadio para la fiesta inaugural, en principio me opuse pero luego fui al lugar y pese a que el estadio no contaba con agua, barandas de seguridad y otras cosas, se habilitó”. Esa noche, dijo, se encontró con Ibarra en el estadio. “Y le informé lo que estaba ocurriendo. Me dijo que lo mantuviera informado, pero el hecho ya estaba consumado.” Finalmente, mencionó a Boca Juniors. Aseguró que le ordenaron clausurarlo durante la Fiesta del Centenario. “Ese fue un largo día”, arrancó antes de explicar que luego de un primer avistaje se dio cuenta de que no había motivo para cerrarlo.

“Dicen que lo mandaron clausurar –protestó Strassera más tarde–, ¡pero en realidad lo habrán mandado inspeccionar!” El abogado de Ibarra intentó controlar la intervención de Walsöe desde temprano. Relativizó sus dichos insistiendo en la supuesta “enemistad” que mantendría con Ibarra, aseguró que el club “Argentinos Juniors está perfectamente habilitado” y consideró que la declaración del ex funcionario fue “de una estupidez supina”.

Su defensa le valió el conflicto con los familiares de las víctimas de Cromañón. Frente a las cámaras, levantaron fotos de los chicos muertos para callarlo. Strassera salió del paso como pudo pero, una vez reabierta la sesión, pidió garantías. “Hemos sido agredidos”, indicó. “Y una secretaria ha sido agredida físicamente.” Y pidió garantías para usar el espacio legislativo. “Usted sabe señor presidente que va a haber problemas”, le avisó a Maier, quien no recibió bien la advertencia.

–No va a haber problemas –le dijo–. Sólo le puedo ofrecer un lugar donde esta situación no se pueda dar, ahora si usted quiere andar libremente por la Legislatura, le digo que yo tampoco estoy en condiciones de hacerlo.

A la tarde continuaron dos testigos. Primero Carlos Arroyo, empleado de la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires y auditor del área de Habilitaciones, otro de los ámbitos que se halla bajo la lupa del jurado.

Entre 2003 y 2004 Arroyo revisó “casi 400 expedientes” de los “más de 24.000” trámites de habilitación iniciados entre enero de 2001 y marzo de 2003. De los casi 400 expedientes, hubo 45 que nunca pudo auditar porque no estuvieron disponibles. Encontró retrasos en los plazos de habilitación, falta de cuidado en la seguridad de los expedientes, falta de manuales de procedimiento y errores en las filiaciones. El día terminó con la presentación de la contadora y última testigo Adriana Rudnisky de la Unidad de Auditoría interna de la ciudad. Hoy continúan las audiencias.