El juez Rafael Sal Lari anuló ayer el allanamiento hecho en Villa Gesell de la casa en la que se había refugiado el “ingeniero”, Sebastián García Bolster. En realidad, cuando los fiscales pidieron la orden de detención, el sujeto estaba en su casa de Martínez, pero la orden que debía firmar el magistrado se demoró 24 horas. Eso le dio tiempo al “ingeniero” de escapar, aunque un llamado que le hizo al padre y un mensaje en el contestador de su casa terminaron por dar las pistas para encontrarlo. Los fiscales usaron entonces su facultad de allanar en caso de urgencia, pero el juez ayer anuló esa medida, con lo que se perderán algunas de las evidencias. El resumen de las controversias en este caso es sorprendente.

En el video de seguridad del robo al Banco Río de Acassuso se aprecia que uno de los cinco ladrones lleva puesto un chaleco de pesca, una capucha en el rostro y una gorra para taparse el pelo. La imagen ampliada muestra en esa gorra la inscripción Gillette. Una gorra idéntica fue encontrada en la vivienda de Gastón de la Torre, el hijo del principal detenido, en la calle Portela 56, a metros de la avenida Rivadavia. En el departamento de Portela también se encontraron unos 800 mil dólares y siete kilos de joyas en dos bolsos, aunque Gastón y su esposa dicen que todo eso no era de ellos sino de Rubén Alberto, el padre de Gastón. Además, en la propia habitación de Gastón había una caja fuerte empotrada con 75 mil dólares, dos pistolas nueve milímetros y una granada. Y dos días después le encontraron otros 60 mil dólares en una caja de seguridad sacada a su nombre en el Banco Provincia, sucursal Once.

Pese a tener todas esas pruebas a la vista, en especial la de la gorra, el juez consideró que no hay evidencias suficientes contra Gastón para detenerlo e investigar si participó en el robo, por lo que ya rechazó el pedido de detención tres veces. Un magistrado de la Capital Federal lo mantiene preso por tenencia de armas de guerra, pero sigue desvinculado del caso Banco Río. La controversia entre los fiscales, los hombres de León Arslanian y el juez está al rojo vivo y ya constituye un verdadero escándalo. En un caso caliente como éste, ya en varias oportunidades las órdenes de allanamiento –según los fiscales– se demoraron de forma inusitada, permitiéndoles huir a los sospechosos o mejorar su situación borrando pruebas.

El episodio de la detención del “ingeniero” es apenas uno de los tantos choques que se están produciendo en la causa del Banco Río. El magistrado sostiene que lo presionan con la opinión pública y la prensa, mientras que los hombres del Ministerio de Seguridad y los fiscales insisten en que la lentitud y la obstinación del juez producen daños graves a la pesquisa.

El pedido de captura contra el “ingeniero” lo hicieron los fiscales el miércoles pasado a las 18, con carácter de urgente, lo que en términos habituales significa que el magistrado otorga o rechaza el pedido dentro de las siguientes seis horas. Sal Lari aceptó el pedido al mediodía siguiente, o sea con 12 horas de atraso sobre lo normal. Mientras tanto, García Bolster emprendió la fuga hacia Villa Gesell, una movida que suelen hacer quienes escapan apresuradamente. Se van a un lugar de turismo, donde nadie se asombra por la llegada de una persona, y pasan inadvertidos entre miles de turistas.

Según dicen los investigadores, una llamada a su padre dio la pista de que García Bolster estaba en Villa Gesell y luego un mensaje en el contestador, confirmando el seguro de un Toyota Corolla, puso a los investigadores a buscar ese vehículo en la localidad costera. Los investigadores dicen que detectaron el Toyota frente a una vivienda y esperaron la salida de García Bolster para detenerlo. Luego, utilizando la facultad de allanar de urgencia, los fiscales dispusieron ingresar en la casa alquilada, secuestrando algunos elementos que –siempre según la versión de los fiscales– tienen importancia para el expediente. Ayer, el juez Sal Lari anuló el allanamiento, por lo cual esas evidencias encontradas en Villa Gesell perderán su status jurídico.

Otros dos episodios de la investigación marcan a fuego la controversia entre fiscales y hombres de León Arslanian, por un lado, y el juez de San Isidro, por el otro. Cuando se detecta el domicilio de Gastón de la Torre, el sábado 18, se le pide al juez Sal Lari la orden de allanamiento. Las demoras son asombrosas y mientras tanto se produce otro hecho que también termina en escándalo. Dentro de la vivienda, ya vigilada por policías, se encontraban Cristian Lemos y Patricia Sosa, dos familiares de De la Torre. Como la orden de allanamiento no llegaba, no se podía irrumpir en la vivienda. Pasan las horas y al anochecer los responsables de la investigación perciben que Lemos y Sosa abandonan Portela 56 con un cochecito de bebé. No los pueden abordar porque no tienen las órdenes correspondientes, pero los siguen.

Cuando se habían alejado cuatro cuadras, llega finalmente la orden de allanamiento. Se irrumpe en los pasillos de la calle Portela y en forma paralela se demora a la pareja. Dentro del cochecito de bebé, envueltos en papel de diario, había un total de 158 mil dólares. Si la orden de allanamiento se hubiera librado a tiempo, la pareja hubiera sido sorprendida dentro de la vivienda de Portela y su situación sería aún más comprometida. Pero lo asombroso es que primero el fiscal Jorge Apolo dejó en libertad a Lemos y a Sosa, y cuando reaccionó pidiendo su detención, como mínimo por el delito de encubrimiento, el juez Sal Lari rechazó el pedido por insuficiencia de pruebas. “Parece que es habitual y no mueve a sospechas que alguien lleve 158 mil dólares en un carrito de bebé. Parece que eso no amerita una orden de detención”, ironizaba el viernes uno de los investigadores. Lemos y Sosa siguen hoy en libertad.

El debate sobre la detención de Gastón tiene otros ingredientes asombrosos. En su caja de seguridad se encontró la documentación de compra de una camioneta Ford Ecosport. En la causa judicial se presentó a declarar una persona que –sin saber para qué se utilizaría– les vendió a integrantes de la banda un motor fuera de borda que terminó en uno de los dos gomones, el más grande, por dentro del desagüe pluvial que conducía al túnel por el cual huyeron los ladrones y se llevaron el botín. El vendedor de productos náuticos declaró que el motor fue retirado por una persona que usó, justamente, una camioneta Ecosport. Aún así, Sal Lari sigue rechazando el pedido de detención de Gastón de la Torre.

Las polémicas amenazan con continuar dado que, en algún momento, los fiscales y los investigadores policiales tendrán que pedir nuevas órdenes de allanamiento y detención. Es más: se habla de nuevos hallazgos de dinero a corto plazo. Sucede que falta capturar al grueso de la banda, especialmente los dos jefes, y no está recuperada la mayor parte del botín. En el caso del “ingeniero”, los próximos días serán claves. García Bolster se negó a declarar, la supuesta confesión –como adelantó este diario– no tiene ningún valor legal, y habrá que ver cómo se defiende frente a las numerosas pruebas que –según dicen los fiscales– se acumulan en su contra: cruce de llamadas telefónicas, un testigo que lo identificó en la boca del desagüe, tres testigos que vieron su camioneta allí mismo y el supuesto amigo, tal vez un prestamista, al que en los días posteriores al robo del banco le dio 60 mil dólares para que “los ponga a trabajar”. Según adelantó su abogado, Claudio Fogar, su cliente rechazará los cargos y después de estudiar las evidencias declarará ante los fiscales. Todo indica que éstos pedirán su procesamiento y prisión preventiva, y allí entrará en juego nuevamente el juez.

En La Plata y en la oficina de los fiscales tienen la misma óptica: “Necesitamos que el juez nos acompañe en una investigación que es de máxima importancia para nosotros y la sociedad. Está en su derecho devalorar las pruebas y rechazar pedidos de allanamiento y detención, pero dentro de un espíritu que tenga que ver con el sentido común, la urgencia, y la importancia de colaborar con el esclarecimiento del caso”. El magistrado se ha mantenido en sus trece, rechaza la idea de dar explicaciones públicas sobre sus decisiones y ni siquiera argumenta que las pruebas son falsas o inventadas sino que filosóficamente es reticente a otorgar órdenes de allanamiento o detención, a menos que sean muy, muy imprescindibles.