Eran los últimos meses del Golpe. “El Régimen de Bignone ha sido sacudido en días recientes por la reacción de enojo en el Ejército por una investigación de la justicia civil por las muertes a tiros de dos sospechados subversivos.” El informe de la embajada de Estados Unidos lleva la fecha 29 de junio de 1983. El documento girado al Departamento de Estado acaba de ser incorporado al expediente de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, los dos montoneros fusilados a quemarropa en mayo de 1983 por una patota de policías de la provincia de Buenos Aires. Esa es una de las causas emblemáticas que pesan sobre el ex comisario Luis Abelardo Patti, quien siempre negó su relación con aquellas dos muertes. Una y otra vez dijo que fue sobreseído por jueces de la democracia. A horas de que una comisión del Congreso comience a evaluar su incorporación en Diputados, Página/12 revela los documentos que narran por primera vez, y desmienten, la historia oficial de sus sobreseimientos, las presiones de los militares ejercidas sobre los jueces, los seguimientos sobre los dos militantes y la evaluación de un sector del Ejército que –según los documentos desclasificados– estaba dispuesto aparentemente a llevar cabo un autogolpe si no liberaban a Patti.

Apasionado por los aviones ultralivianos, el ex comisario conoce de sobra la causa Cambiasso-Pereyra Rossi. Secuestrados en un bar de Rosario el 14 de mayo de 1983, en medio de un operativo conjunto entre el I y II Cuerpo del Ejército, fueron asesinados horas más tarde cerca de la localidad bonaerense de Lima, del partido de Zárate. El Ministerio del Interior y la jefatura de la Policía bonaerense no reconocieron los fusilamientos. Presentaron las muertes como producto de un supuesto “enfrentamiento” con una comisión policial encabezada por el entonces oficial inspector Luis Abelardo Patti, amante del folklore y panadero años más adelante. Patti era secundado por los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. Todos ellos fueron detenidos pocos días después. El sábado 18 de junio, el juez de San Nicolás Juan Carlos Marchetti los procesó por “homicidio calificado reiterado” sobre la base de pericias de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Los informes revelaron, entre otras señas, la presencia de hematomas, disparos a un metro y medio de distancia y “lesiones puntiformes sobre el cadáver de Pereyra Rossi compatibles con las lesiones del paso de corriente eléctrica”. La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo de primera instancia pero poco después el juez y los camaristas cambiaron inexplicablemente su parecer. Con las mismas pruebas y los mismos datos reemplazaron los procesamientos por sobreseimientos provisorios en noviembre de 1983; y el sobreseimiento provisorio se transformó en definitivo por el paso del tiempo en 1986.

Lo que sucedió entre uno y otro momento siempre fue materia de especulación. Los crímenes de los dos militantes conmovieron al país que se disponía a dejar atrás los largos años de la dictadura. A mediados de mayo, 30 mil personas se reunieron a cielo abierto para repudiar los dos crímenes mientras se conocían movimientos subterráneos entre los jefes de la Junta. Según recuerda un informe del CELS reunido en Patti: Manual del buen torturador, la conmoción habilitó rumores de un autogolpe mientras varios medios de comunicación agitaban nuevamente el fantasma del “rebrote de la subversión”. El sobreseimiento provisorio del juez Marchetti, ratificado por los camaristas, desactivó finalmente cada uno de esos fantasmas. Pero los intentos de golpe y las presiones parecen haber existido. Al menos eso cree la fiscalía después de la lectura de los documentos desclasificados.

El documento

Como solía suceder con los documentos de la época, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires compiló la información de uno de sus informantes NN a lo largo de cuatro páginas, ahora desclasificadas. El documento con la información de Cambiasso-Pereyra Rossi partió de Buenos Aires a Washington con copias para Asunción, Brasilia, Montevideo y Santiago el 29 de junio, sólo once días después de la detención de Patti y los otros dos agentes de policía.

“El régimen de (Reynaldo) Bignone ha sido sacudido en días recientes por la reacción de enojo en el Ejército a una investigación de la justicia civil por las muertes a tiros de dos sospechados subversivos”, arranca el documento. “Los ministros del Interior y Justicia han quedado bajo fuego pesado por fracasar en detener la investigación”, agrega. Los ministros bajo fuego eran Lucas Lennon en Justicia y el general Llamil Reston en Interior. De acuerdo a los papeles, debían presionar a Marchetti para detener la investigación de la causa que podía tragarse a los jefes de la Junta.

“La atmósfera política aquí ha estado considerablemente agitada esta última semana por rumores callejeros y especulación en los medios sobre golpes o semigolpes –sic del informe–. El problema es la investigación judicial del caso Pereyra Rossi-Cambiasso, en el cual tres policías y un médico de policía han sido detenidos. La palabra que tenemos de un número de fuentes es que hay un profundo resentimiento entre oficiales del Ejército sobre el percibido fracaso del ministro del Interior Reston y del ministro de Justicia para evitar que el juez Juan Carlos Marchetti presione este caso potencialmente explosivo.” Los informantes de la embajada estadounidense dejaron sentado que lo “potencialmente explosivo” era que “es ampliamente asumido que lo que parece haber sido la ejecución de los dos hombres no habría ocurrido sin órdenes de lo alto de los militares”.

Una serie de indicios, testimonios y documentos periciales daba por válida hasta ahora la hipótesis del secuestro, las torturas y los fusilamientos de los dos militantes. Aun así, la Fiscalía Federal de San Nicolás cree que del contenido de los nuevos documentos surgen pruebas para confirmar antiguos indicios. Es el caso de, por ejemplo, el párrafo que se refiere a las “órdenes” de lo “alto de la cúpula militar”. O de frases como la que manifiesta que “Cambiasso y Pereira Rossi (sic) fueron ostensiblemente secuestrados en Rosario”.

En esos términos, el fiscal Juan Murray evalúa ahora las presiones que eventualmente pudo haber sufrido el juez Marchetti para ordenar el sobreseimiento de Patti. En ese caso, los documentos permitirían no sólo acreditar las presiones sino los mecanismos de “manipulación a los que se sometían a los jueces del proceso para conseguir pronunciamientos favorables”, consideran en la fiscalía.

El golpe

Si la información del Departamento de Estado es cierta, los documentos en manos de Murray son capaces de mostrar el grado de irritabilidad que causó la investigación judicial en la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires y en la Jefatura del Ejército a cargo de Cristino Nicolaides. Según la hipótesis de la Fiscalía, el “golpe o semigolpe” mencionado en los documentos estaba propiciado por un sector del Ejército que pretendía el desplazamiento de Bignone, Reston y Lennon del Poder Ejecutivo si no cumplían con un objetivo: exonerar de responsabilidades a los policías detenidos.

De acuerdo con los textos desclasificados, el malhumor partió de la cúpula de la policía bonaerense, conducida por Fernando Verplaetsen. El general había defendido a sus “valientes muchachos” con un discurso público en el que declaró la guerra a la “subversión”, el 23 de junio de 1983.

Según los informes de la embajada, “Verplaetsen tomó la ocasión de una ceremonia de retiro para dar un discurso alarmante. Atacó la investigación y detención de sus hombres mientras declaraba la guerra a muerte al terrorismo.” El discurso fue ampliamente difundido y comentado en los diarios debido al escándalo. Ese mismo día, Nicolaides salió a respaldarlo públicamente sumándose –según revelan los documentos– a un “virtual ultimátum” emitido por los responsables del Primer y Tercer cuerpo del Ejército contra Bignone. Ambos buscaban “forzar la salida de Reston como alternativa de mínima y la de Bignone como alternativa de máxima”.

Para evitarlo, los disidentes internos pedían que “el caso pase de la jurisdicción de Marchetti a una Corte Militar”. Y aunque los bandos enfrentados a Bignone parecían claros, el informe de la embajada de Estados Unidos consignó que era difícil “determinar de qué lado está cada uno de los generales. Pero parece claro que Trimarco (del I Cuerpo) y Reston, el segundo y tercero en el rango de los oficiales del Ejército, son los principales contendientes. Se puede esperar que Trimarco presione a Nicolaides y a la Junta para llevar el caso a manos seguras de la justicia militar y para que se libren de Reston”.

Las internas, los juegos de desplazamientos y los nombres en danza se discutieron mientras se acercaba el final del régimen. La salida de Reston, dice el informe, “implicaría un profundo desafío para Bignone”. Y no estaba tan claro si Trimarco podría destituirlo. “Reston es un general resistente y astuto políticamente –dice el informe– que jugó un rol principal en el derrocamiento de Galtieri hace un año y que desde entonces ha soportado numerosos esfuerzos realizados por oficiales disconformes para echarlo.”

La causa nunca pasó a manos de la justicia militar, pero ya no se necesitaba: el sobreseimiento dispuesto por Marchetti aparentemente calmó los ánimos de policías y militares.

El documento que se incorporó al expediente de San Nicolás permite fundamentar, a criterio de las partes, la existencia de las presiones ejercidas sobre el juez para cambiar el fallo. El informe no es el único que se evalúa en este momento. Entre las piezas desclasificadas de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), la fiscalía sumó una serie de informes que por primera vez dan cuenta de que hubo un seguimiento organizado y planificado sobre Pereyra Rossi y Cambiasso en los días previos al secuestro (ver aparte). Además, entre los legajos se halló un informe “ambiental con carácter secreto realizado al señor Juan Carlos Marchetti, quien fuera juez de la causa”. Los seguimientos sobre el juez, se presume, comenzaron luego del auto de procesamiento y las detenciones dictadas sobre Patti, Spataro y Diéguez. La policía de la provincia rastreó sus actividades, antecedentes profesionales y la relación con los otros colegas del fuero local. La orden no parece arbitraria. Ya se había producido el “alarmante” discurso del general de brigada Fernando Verplaetsen ante su tropa.