Lunes, 6 de marzo de 2006 | Hoy
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se presentará hoy como querellante en la causa Cambiasso-Pereyra Rossi de San Nicolás para insistir con el pedido de indagatorias y detención requerido en marzo de 2004 por la fiscalía de Juan Patricio Murray. El expediente está en manos del juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, que luego de resolver un conflicto técnico se pronunció a favor de la competencia del caso en San Nicolás. En este momento, el juez tiene pendiente la reapertura de la causa, pero antes debe avanzar sobre un pedido de nulidad planteado contra el sobreseimiento que benefició a Patti en el año 1983 en forma provisoria y en 1986 en forma definitiva.
Formalmente la causa Pereyra Rossi-Cambiasso no estará reabierta hasta que Villafuerte Ruzo lo decida pero, por los pasos que se han dado desde el año pasado, puede decirse que técnicamente el expediente se reabrió. Mientras Villafuerte Ruzo pidió la competencia a partir de los planteos, las partes presentaron pruebas, archivos y los documentos de la embajada estadounidense para insistir en favor de la nulidad del sobreseimiento. Y para pedir las indagatorias. El juez ordenó la incorporación de los legajos de la Conadep con la mención de Patti. Aunque el ex comisario lo niegue, en la fiscalía están convencidos de que existe un procesamiento en su contra, desde el momento en que la causa contiene las demandas del Ministerio Público de la Nación, los familiares de las víctimas como querellantes y desde hoy, del Estado Provincial Bonaerense a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. No por casualidad, Luis Abelardo Patti se presentó en la causa y designó un abogado defensor particular.
En ese marco, la fiscalía cree que las nuevas pruebas no hacen más que aportar elementos que “tienden a verificar y acreditar la existencia de hechos como la privación ilegal de la libertad en Rosario, el abatimiento sobre las víctimas y las órdenes de los militares al respecto”. Pero además aseguran que “tienden a verificar la existencia de las presiones ejercidas sobre la Justicia para conseguir el pronunciamiento que finalmente sobresee a los imputados”.
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