Después de sesionar por tres días en Buenos Aires, los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron ayer por la mañana con el presidente Néstor Kirchner. En la entrevista intercambiaron opiniones sobre fallos recientes de la Justicia argentina en los que se tomó jurisprudencia generada por la CIDH –como las anulaciones de las leyes de obediencia debida y punto final– y “reflexionaron” sobre la situación carcelaria en Buenos Aires y Mendoza. El tribunal internacional dará a conocer en los “próximos quince días” su resolución ante la denuncia presentada por abogados mendocinos ante “la gravísima situación de hacinamiento e inseguridad” que provocó la muerte de varios reclusos en las prisiones de la provincia cuyana que, aunque no se trata de una demanda contra el Estado argentino, requirió la intervención de la CIDH para brindar “garantías” a los encarcelados.

“La entrevista con el señor Presidente (Kirchner) ha sido muy constructiva, estimulante y grata. Le informamos nuestras ocupaciones y preocupaciones centrales y hemos recibido comentarios muy interesantes e importantes sobre la forma que la Argentina viene bregando sobre la vigencia efectiva por los derechos humanos”, afirmó el mexicano Sergio García Ramírez, uno de los miembros de la CIDH. En una rueda de prensa realizada en la Cancillería, antes de comenzar una reunión y compartir un almuerzo con el ministro Jorge Taiana, García Ramírez también calificó como “de vanguardia” la jurisprudencia argentina en materia de Derechos Humanos.

–¿Hablaron con Kirchner sobre la situación jurídica que podría plantearse ante la posibilidad de anular los indultos? –preguntaron los periodistas.

–No. El Presidente mencionó su preocupación general, desarrollo y avances de los países latinoamericanos en materia de derechos humanos. También hizo algunas consideraciones sobre las últimas sentencias que ha dictado la Justicia argentina, que conocemos, porque están inspiradas con criterios de la CIDH. Expresó su gran preocupación en torno de la situación de prisiones en Buenos Aires y en Mendoza, que son casos de los que hemos tenido conocimientos a partir de algunas medidas que se han solicitado a la Corte Interamericana, respondió García Ramírez.

Aunque el magistrado de la CIDH adelantó que en “los próximos 15 días” darán a conocer en Costa Rica –su sede permanente– una resolución sobre la situación carcelaria en Mendoza, y que trataron en audiencias públicas en Asunción del Paraguay en 2005 y en Brasilia, donde sesionaron hace una semana atrás. “No es un litigio por el cual la Corte demanda al Estado argentino, sino como un pedido de medidas preventivas para preservar en forma inmediata y urgente ciertos derechos, concretamente la vida y la integridad” de los reclusos, aclaró García Ramírez.

El titular de la CIDH también reconoció que los problemas carcelarios han sido los que más demandas generaron últimamente ante la Corte Internacional. “Cuando rendimos el informe de la Corte ante la OEA, hace menos de un mes, me referí ahí al tamaño que va tomando el problema de las prisiones, que requiere una solución urgente, profunda e integral en todo el continente”, remarcó. Entre los casos que trataron en Buenos Aires se incluyó la matanza de “Retén de Catia”, donde se investiga la muerte de 63 presos de esa cárcel venezolana, en 1992, y que fuera elevada a la misma Corte por el actual canciller argentino durante su desempeño como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana.

El miércoles por la noche, todos los integrantes de la CIDH –su presidente, Alirio Abreu Burelli (Venezuela); Oliver Jackman (Barbados); Pablo Saavedra Alessandri (Chile); Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica); Sergio García Ramírez (México); Antonio Cancado Tridande (Brasil); Cecilia Medina Quiroga (Chile); María Ventura Robles (Costa Rica) y Diego García Sayán (Perú)– fueron agasajados por varios miembros de la Corte Suprema. Del encuentro también participaron funcionarios del gobierno argentino y embajadores de varios países latinoamericanos.