Lafsa, la empresa aérea estatal, duró poco más de dos años y ni siquiera tuvo aviones. Sin embargo, según denunció la Oficina Anticorrupción (OA) ante la Justicia, en ese período se las ingenió para hacer negocios turbios. El organismo reveló que la aerolínea “pese a su limitada actividad comercial” llegó a gastar 459 mil pesos en uniformes y 372 mil en capacitación. También señaló contratos fraudulentos con proveedoras de bienes y servicios y la incorporación de empleados truchos que, contra lo acordado, no provenían de Dinar y Lapa.

Líneas Aéreas Federales SA fue creada a mediados de 2003. Quedó bajo el control de un trío con fidelidades repartidas: José Bidart, que responde al ministro de Planificación Julio De Vido, Jorge Baravelle, consuegro del ex ministro Roberto Lavagna, y Nicolás Scioli, hermano del vicepresidente. Su objetivo original era absorber al personal de dos aerolíneas privadas, Lapa y Dinar, que habían caído en desgracia. La alianza con Southern Winds (SW), que volaría las rutas de la empresa pública además de las propias, determinó el naufragio del proyecto a partir del escándalo de las narcovalijas que volaron a España con cocaína. Lafsa le cedía por entonces a SW la mitad de su personal y solventaba el combustible. El Gobierno, finalmente, a comienzos de este año liquidó la compañía, que acordó con la chilena LAN para no dejar a los trabajadores en el aire.

El año pasado la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que comanda Ricardo Frecia y cuyo referente histórico es Alicia Castro –ahora designada embajadora en Venezuela–, radicó varias denuncias contra Lafsa ante distintos órganos de control. Una de ellas fue profundizada por la OA, que llevó días atrás sus conclusiones al juzgado federal de Daniel Rafecas, donde los sindicalistas también se habían presentado. También intervienen la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura.

La AAA había advertido que Lafsa incumplió su compromiso de contratar a los trabajadores de Lapa y Dinar, que a muchos se les negó el ingreso y en su lugar fueron nombradas personas que no tenían ningún vínculo previo con esas empresas. Algunos, según la asociación, provenían de agencias de turismo, otros figuraban como autónomos y varios tenían parentesco con funcionarios y gremialistas. Los excluidos iniciaron acciones de amparo. La OA, que dirige Abel Fleitas Ortiz de Rozas, entregó un informe al juzgado en el que detalla que “se detectaron 70 casos” de ese tipo “cuya contratación por lo tanto careció de justificación” y aporta la nómina. “Los listados de personal (a contratar) fueron centralizados y entregados por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial”, advierte el texto del organismo, que días atrás también denunció a su titular, Ricardo Cirielli, por incompatibilidades.

Otro punto de investigación de la OA muestra que Lafsa acordó servicios con empresas que no existían al momento de su creación (fueron constituidas al año siguiente), tenían un mismo titular y carecían de empleados. Eran empresas fantasma. Señalan los casos de Soluciones Aeronáuticas y Servicios de Mantenimiento Aeronáutico, ambas a cargo de José Luis Bacarezza. “Habrían sido creadas al solo efecto de proveer bienes y servicios a Lafsa, lo que pone en tela de juicio la transparencia de las contrataciones”, subraya la OA con datos de la AFIP y la Inspección General de Justicia. Otras proveedoras señaladas en una situación similar son CWS Centro Médico de Salud, Gialco y MSP Seguridad.

Los gastos de la aerolínea del Estado también llamaron la atención de la Dirección de Investigaciones de la OA, que alerta sobre “las importantes erogaciones que efectuó, principalmente durante el año 2004, en rubros tales como uniformes”, por los que pagó 459.664,37 pesos, y “gastos de capacitación”, que totalizaron 372.750,76 pesos. Como empresas contratadas figuran Kamatex, La Blusseri y Gexal. “En verdad, su actividad concreta como empresa aerocomercial resultaba ser muy limitada”, dice la denuncia. En tramo aparte, la OA dice que “las autoridades de la empresa de transporte aerocomercial contaban con una amplia discrecionalidad de gestión, que incluía la posibilidad de efectuar la contratación directa de bienes y servicios así como la incorporación de personal obviando requisitos exigidos para el ingreso a la administración pública”.

Por ahora el organismo no individualizó a los funcionarios responsables ni los delitos en juego. En su momento, la AAA atribuyó culpas, para empezar, a Bidart, a Cirielli y al secretario de Transporte, Ricardo Jaime. “Otro punto que pedimos que se investigara es por qué nunca se constituyó el órgano de contralor del destino de los fondos, salarios y compras de Lafsa”, dijo Frecia a Página/12. Ahora el “paquete” está en manos del juez Rafecas.