Pocas horas después de haber sido sancionada, el bloque de senadores del radicalismo comandado por Ernesto Sanz anunció que denunciará ante la Justicia por “inconstitucional” la ley que prevé la creación de cargos tarifarios para ampliar la infraestructura energética, considerándola “un cheque en blanco” para el Gobierno. La posible discrecionalidad en el manejo de los fondos a recaudar mediante aquellas sobretarifas es uno de los puntos que más irritaron a la oposición parlamentaria, replicada ayer por Julio De Vido, Felisa Miceli y Néstor Kirchner. “Se terminaron en Argentina los aumentos indiscriminados de tarifas destinados a obras que nunca se realizaron, como ocurrió en el pasado”, prometió ayer el ministro de Planificación. El Presidente precisó la idea, aludiendo expresamente al presunto desmanejo del Fondo del Conurbano Bonaerense administrado por el duhaldismo. La dura polémica pone la mira en la fórmula oficial para costear obras de generación, transporte y distribución de luz y de gas en base al siguiente esquema: el Estado anticipa los fondos, determinados usuarios permiten recuperarlo a través de una “extensión” de la tarifa, y las empresas administran esos recursos capturados en un fideicomiso.

La iniciativa resultó controvertida desde el mismo momento en que ingresó al Congreso, pero la sanción, lejos de apagar la discusión, la recalentó. Sanz prometió la acción de inconstitucionalidad apenas se promulgue, enfatizando la gran arbitrariedad de que dispondrá el Poder Ejecutivo para manejar los fondos recaudados, idea que rubricó Rodolfo Terragno con el añadido de que no se basa en un plan energético integral. El vice de bancada, Gerardo Morales, pone la mira en la presunta marginación de los usuarios que, según los marcos regulatorios vigentes, “podrían oponerse a un eventual aumento de tarifa, cosa que con esta ley no ocurrirá”.

La fórmula cuestionada para reforzar la infraestructura energética se basa en dos supuestos incómodos de admitir por el Gobierno. Uno es que con la tarifa actual las empresas del sector no están en condiciones de hacer nuevas obras que amplíen la capacidad de generación, transporte o distribución. Otro que, salvo un puñado de residenciales que el Poder Ejecutivo exima expresamente del futuro cargo, esas inversiones serán pagadas por los usuarios que hoy estén integrados al sistema con una tarifa mayor.

Según se ocupó de subrayar ayer el titular de Planificación, no se trata de un aumento generalizado en el precio de los servicios públicos. En rigor no lo es, ya que la envergadura, extensión y duración del cargo lo determinará el Poder Ejecutivo frente a cada obra en particular y en función de las necesidades que ésta imponga. Valga de ejemplo lo que ya se hizo, sin el apoyo de la flamante ley, para ampliar la capacidad de transporte de TGN y TGS: se cobra a grandes usuarios una sobretarifa del 78 por ciento para el fideicomiso 1, cargo que las propias empresas suponen será bastante superior para el fideicomiso 2, previsto para las ampliaciones que se harán desde 2007.

Ante un auditorio de empresarios, la ministra Felisa Miceli, a su vez, proclamó que “hay que acabar con el fantasma de que los fideicomisos no se controlan; son tan transparentes como los fondos del presupuesto”. Para los legisladores del Partido Justicialista como Jorge Capitanich o Michel Picheto, que el miércoles defendieron ese proyecto en el Senado, el cargo es una “extensión” de la tarifa existente y no la creación de una tasa o impuesto. Quizás apelaron a ese vericueto semántico para eludir la exigencia de conseguir la mayoría especial que se requiere si se trata de crear o modificar un gravamen. Pero el propio Presidente relativizó el discurso del oficialismo parlamentario al aclarar que “se trata de una tasa que nos va a permitir hacer estas obras que son fundamentales, con un fondo fiduciario claro que tendrá que informar al Congreso y que tiene todo los controles del Estado”, según defendió. Más allá del nombre que se les dé a esos ajustes futuros, el esquema previsto en la ley no es una fórmula nueva. Esta, por el contrario, ya se está empleando para las ampliaciones de esos gasoductos, con cargos que durarán siete años. Un esquema parecido al que también se empleó para expandir la red que hasta hace poco operaba Aguas Argentinas: el 9 por ciento de la tarifa que pagan todos los usuarios nutre un fideicomiso con ese fin. Y ya era un hecho que ésta sería la manera de llevar el gas natural a quienen hoy todavía no lo tienen.En este diagrama el Estado tiene un rol protagónico, tanto en el armado del fideicomiso como en la contratación directa de las obras o en el aporte de fondos, aunque el fideicomiso será administrado por las empresas privadas que correspondan. En el caso de las transportadoras gasíferas, el Banco Nación integró recursos al fideicomiso y el Central dio garantías a un banco estatal de Brasil por el aporte que éste también hizo. Una serie de responsabilidades cruciales que, al margen de la participación de otros organismos públicos, descansarán básicamente sobre las espaldas de De Vido.

El Poder Ejecutivo deberá resolver desde la propia creación de esa sobretarifa –incluyendo envergadura y el universo de usuarios que afectará– sus ajustes futuros (“en la medida que resulte necesario”) y la contratación directa de las obras a ejecutar en cada caso. Libertades que desde el Gobierno se defienden con el argumento de que los fideicomisos están sujetos al control de la Sindicatura General de la Nación y, a posteriori, de la Auditoría General de la Nación.

Tan cierto como que los millonarios fondos fiduciarios que hoy ya administra Planificación pueden manejarse de un modo más laxo que si estuvieran incluidos en el Presupuesto y sujetos a las restricciones que impone, entre otras, la ley de Administración Financiera.

Finalmente, el camino elegido por el Gobierno tiene algunas ventajas, como la de poder aspirar fondos del mercado emitiendo títulos contra el ingreso futuro que tendrá el fideicomiso. Otra es que no se autorizará a las empresas a disponer un aumento general de tarifas con el compromiso de ejecutar obras, lo que para la gestión kirchnerista sería desdecirse. Se tratará de implementar subas discriminadas, ofreciendo a los usuarios certidumbre de que el dinero irá a obras y no a alimentar la renta de las objetadas privatizadas.