Pasado el mediodía las concurridas columnas piqueteras comenzaron su marcha desde la estación Avellaneda hacia el Puente Pueyrredón. Allí arriba, y no en otro lugar, querían homenajear a los víctimas de la masacre de Avellaneda: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los jóvenes asesinados hace cuatro años por la policía tras una violenta represión ordenada contra quienes querían cortar el puente en reclamos de ayuda para los sectores más castigados por la crisis económica que estalló en 2001. Tras la larga vigilia que se montó bajo el puente desde el domingo –y en medio de un imponente operativo de seguridad– los familiares de Maxi y Darío, los sobrevivientes de aquel sangriento 26 de junio de 2002, las organizaciones piqueteras y organismos de derechos humanos reclamaron el juzgamiento de los “responsables políticos e intelectuales de la masacre” y “el resto de las fuerzas de seguridad que fueron parte del represivo operativo conjunto”.

“El cuadro de impunidad se completa con la causa federal abierta contra la mayoría de los responsables políticos que se encuentra estancada. Este encubrimiento no es casual, ya que gran parte de los responsables políticos hoy siguen ejerciendo cargos públicos: Aníbal Fernández en el Ministerio del Interior de la Nación, Felipe Solá sigue siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan José Alvarez, Alfredo Atanasof y Oscar Rodríguez son diputados, Genoud es miembro de la Suprema Corte bonaerense y Soria, intendente de General Roca, en Río Negro”, se leyó desde un camión que atravesaba el Puente Pueyrredón.

El párrafo es parte de un extenso y duro documento en el que también se cuestiona al presidente Néstor Kirchner. “Cuando asumió, habló de una comisión investigadora que nunca existió para que salgamos de la calle y el puente, luego dividió en distintas causas judiciales lo que fue un único operativo del Estado y no publicó los prometidos archivos secretos de la SIDE que permanecen ocultos y son prueba fehaciente de las responsabilidades políticas de la masacre. Hoy Kirchner ha cobijado en sus filas a esos responsables políticos”, dijeron allí.

Arriba del acoplado estaban los familiares de Darío y Maxi, las Madres de Plaza de Mayo y los dirigentes de la mayoría de los denominados grupos piqueteros duros. “Cómo puede ser que al sargento (Carlos) Leiva (que participó de la represión vestido de civil y disparando su arma contra los manifestantes) lo van a dejar en libertad hasta el juicio oral y que ningún juez saque del cajón la causa federal contra los responsables políticos. No se trata de venganza sino de justicia. Queremos que todos ellos tengan prisión preventiva hasta afrontar el juicio. Igual que el comisario (Alfredo) Fanchiotti y el cabo (Alejandro) Acosta” –los dos policías bonaerenses condenados a perpetua como responsables directos de los asesinatos–, le dijo Vanina Kosteki, hermana de Maxi, a Página/12.

Antes, en la estación de Avellaneda –en cuyas cercanías cayeron asesinados Kosteki y Santillán– se descubrió simbólicamente una pintada que propone el cambio de nombre a la parada ferroviaria por el de Maxi y Darío. Una propuesta que también impulsaron desde el Congreso los diputados del ARI, la CTA y el socialismo. “Pasaron cuatro años sin mi hijo. Sin Darío y sin Maxi. Pero la cantidad de gente que nos acompaña hoy muestra que no los vamos a olvidar ni vamos a perdonar a los que los asesinaron. Quiero que la Justicia trabaje y también juzgue a los responsables políticos de la masacre. Ya no creo en promesas ni nos van a comprar”, dijo Alberto Santillán a este diario.

Pocos minutos después del mediodía, en los alrededores del Puente Pueyrredón, comenzaron a ponerse en marcha las columnas de los movimientos piqueteros que querían llegar hasta arriba del puente que une Avellaneda con la Capital Federal. Los carteles desplegados identificaban a los distintas agrupaciones: Movimiento Sin Trabajo, Polo Obrero, Movimiento Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, el Bloque PiqueteroNacional, el MTS Teresa Vive, el MTL y la Corriente Clasista y Combativa, en medio de otras decenas de organizaciones estudiantiles, gremiales y de derechos humanos. Los organizadores estimaron la concurrencia en más de 20 mil personas. La policía puso su propia cifra: 5 mil.

El fuerte operativo de seguridad –que incluía a unos mil quinientos efectivos de la Policía Federal, la Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura– que mantenía cortado el tránsito vehicular sobre el Puente Pueyrredón ya había retrocedido para dejar libre los accesos al mismo. Pero formaron un vallado que le puso límite al ingreso de los manifestantes para que no fueran más allá de la mitad de su recorrido.

Hasta allí llegaron las columnas, aunque no todos pudieron acceder al puente. El acto se extendió en medio de un clima inhóspito hasta pasadas las cuatro y media de la tarde, una hora más de lo previsto. Después de leer el documento desde el acoplado de un camión, comenzó la desconcentración. “La memoria está intacta, ahora queremos que se haga justicia”, repitió entonces Vanina Kosteki.