La continuidad de Franja Morada al frente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) estará representada los próximos dos años por la presidencia de Mariano Marquínez, 27 años, estudiante de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, donde el domingo pasado fue elegido. En esta entrevista con Página/12, Marquínez asegura que la FUA acuerda con la necesidad de democratizar las casas de estudios, aunque no con la metodología empleada por los estudiantes de la UBA. Igual, sostiene que los alumnos deben tener la misma cantidad de representantes que los profesores en el cogobierno.

–¿Por qué Franja Morada ha logrado hegemonizar la FUA durante tantos años?

–Si bien la Franja Morada sufrió una crisis en la Universidad de Buenos Aires, mantiene una fuerte preponderancia en el interior del país, a partir de un importante contacto cara a cara con los estudiantes. A lo largo de estos años hemos puesto nuestra organización al servicio de los estudiantes, más allá de los gobiernos circunstanciales. Cuando tuvimos que enfrentarnos con Alfonsín lo hicimos. Fuimos protagonistas de la movilización contra las leyes educativas del menemismo. Y fuimos, acá en Mar del Plata, los primeros en enfrentar al gobierno de De la Rúa cuando quiso recortar el presupuesto educativo. Fuimos y somos garantes de la universidad pública y gratuita. Mantuvimos una coherencia ideológica, incluso cuando tuvimos que enfrentar a nuestro propio partido, y eso nos permitió conservar la confianza de los estudiantes a la hora de votar.

–¿Qué postura tendrá la FUA ante el Gobierno?

–Vamos a mantener una línea de pensamiento histórica. Vamos a defender las políticas que sean favorables a la educación pública y vamos a combatir las que sean contra la educación pública. Si bien falta discutir la letra chica, hay puntos de la ley educativa que propone el Gobierno que nos parecen positivos y estamos dispuestos a participar de la discusión. Sí denunciamos que este gobierno no ha derogado la Ley de Educación Superior. Hace un año presentamos un proyecto de ley y queremos que los demás actores universitarios opinen también. Pero si el Gobierno no acompaña este proceso de reforma con un fuerte financiamiento, la universidad no va a poder cumplir su función de formar, investigar y hacer extensión.

–¿Como debería ser una nueva ley para la educación superior?

–Debería ir a contramano de la ley actual, que incluye todas las políticas del FMI y del Banco Mundial. Nuestra propuesta es que la ley garantice los principios reformistas, el ingreso libre de los estudiantes, el cogobierno, la autonomía y la autarquía en lo político, académico y económico. También que los estudios de grado y posgrado sean gratuitos. En las universidades donde no están incluidos, hay que incorporar a los no docentes en el cogobierno. Y, fundamentalmente, queremos que en los claustros haya igualdad entre la cantidad de docentes y alumnos.

–¿Cuál es la posición de la federación ante los reclamos de democratización sostenidos por estudiantes de la UBA y el Comahue?

–Acordamos con la necesidad de democratizar. Hay muchas universidades donde los estudiantes no tienen la representación que deberían tener. Lo que nos diferencia es la metodología de los reclamos. En la UBA, el posicionamiento surgió frente a la elección del rector, no de una propuesta universitaria. Si el reclamo de la FUBA lo hubieran hecho antes de las elecciones en las que ellos mismos se presentaron, su reclamo tendría más legitimidad y fuerza política. Para nosotros, primero hay que reformar la ley. Obviamente, en las universidades donde se pueda avanzar con la democratización reformando los estatutos, hay que hacerlo. Pero previamente hay que derogar la ley y sancionar otra. Si no, la situación no va a cambiar.

–¿Qué otros proyectos va a impulsar la FUA?

–Estamos haciendo un relevamiento universidad por universidad sobre las condiciones en que se estudia. Hay un gran deterioro edilicio y carencias lamentables en las instalaciones. El Gobierno no está aportando lo suficiente para bibliotecas y laboratorios. En la mayoría de las universidades, el 95 por ciento del presupuesto se va en sueldos y gastos de funcionamiento. Hay que empezar a pensar cómo hacemos para que las personas más desfavorecidas por las políticas de los ’90 puedan ingresar a la universidad, como factor de movilidad social. Hacen falta becas de ayuda económica, becas de apuntes y de transporte.