La Justicia ordenó a Coca Cola-Femsa que reintegrara a su puesto a un trabajador al que había trasladado de la planta de Pompeya a otra fábrica del conurbano, distante a treinta kilómetros, luego de que él liderara, junto a un grupo de compañeros, una elección de delegados gremiales. En la fábrica de Pompeya no había organización sindical desde hacía más de diez años. La consiguieron este verano; una semana antes de la elección, la embotelladora mandó al empleado en cuestión, Omar Rombolá, a trabajar a Quilmes. Eso fue hace tres meses; ahora, la jueza Silvia Sayago dispuso que reubiquen a Rombolá en el lugar donde se desempeñaba, pero la empresa se niega a cumplir la orden.

Femsa, de origen mexicano, tiene en Pompeya la embotelladora de Coca Cola más importante del país. Trabajan allí quinientas personas. A partir del ’95, la empresa impulsó una política de desafiliación por la cual de la fábrica desapareció toda organización laboral. Más aún: quedó prácticamente sin afiliados. El gremio del sector es el Sutiaga, que pertenece a la CGT. En Pompeya, los trabajadores se quejan de que a los dirigentes del sindicato sólo los ven en la fábrica para el cóctel de fin de año.

El conflicto

A mediados del año pasado la empresa despidió a Alejandro Victoria, un operario que una semana antes había asistido a una reunión gremial. Victoria reclamó su reincorporación; para apoyarlo, sus compañeros pegaron volantes en el vestuario e hicieron una colecta. En ese trámite tomaron fuerza otros reclamos, como los ritmos de trabajo y la pérdida de una serie de beneficios luego de que el sindicato firmara un convenio de fábrica considerado desventajoso por los trabajadores. No lograron reintegrar al despedido, pero les quedó la decisión de organizarse.

Como primer paso, hicieron un petitorio al Sutiaga para que llamara a una elección del cuerpo de delegados. Mandaron el pedido con doscientas firmas, “pero nos respondieron que no podíamos elegir delegados porque nadie en la fábrica cumplía el requisito de tener un año de antigüedad como afiliado”, señaló Rombolá a Página/12.

Naturalmente, hubo quejas, y en enero de este año “el secretario gremial del Sutiaga, Cacho Romero, nos hizo llegar el mensaje de que quería hablar con nosotros: ‘con los más empapados’, dijo. Le contestamos que sí, que viniera, e invitamos a la reunión a toda la planta”. Cuando el hombre llegó, lo esperaban unas setenta personas, quienes le insistieron en el llamado a elecciones: después de quince años sin organización, no estaban dispuestos a tener que esperar un año más. “Por otra parte queríamos saber qué pasaba con los que habíamos pedido que nos afilien sin respuesta”, técnicos como Rombolá, que según el Sutiaga están fuera del convenio.

Apretado por la situación, el secretario gremial les dijo que lo que podían hacer era votar una comisión provisoria. Ese mismo día una asamblea eligió cuatro delegados; los tres turnos siguientes hicieron luego lo mismo. Así se formó una comisión de veinte representantes. Pero el Sutiaga no los reconoció; tampoco la empresa. En los días siguientes, en la fábrica circularon volantes anónimos que acusaban a los delegados de ser integrantes del PO, el PTS y Quebracho.

El sindicato ofreció organizar un nuevo llamado a elecciones. “Muchos no lo aceptamos: queríamos que reconocieran a la comisión ya elegida”, contó Rombolá; sin embargo la mayoría de la fábrica decidió participar pese a las restricciones, y la elección se hizo. Rombolá descubrió que no lo dejaban presentarse como candidato: debido a su función (es técnico de control de calidad y trabaja allí hace catorce años), no estaba convencionado, le dijeron.

Mientras reclamaba al sindicato por su derecho a presentarse como candidato, una semana antes de las elecciones, la empresa lo trasladó a una fábrica de botellas en Quilmes. Le dijeron que era para capacitarse. Más tarde lo enviarían aún más lejos, a Berazategui.

Rombolá no quería perder contacto con sus compañeros. “Cumplía mi horario en el conurbano y, a la salida, me iba a Pompeya con la excusa de completar alguna planilla.” Cada vez que entraba, notaba que generaba contrariedad y ponía nerviosa a su jefa. Le pedían que se fuera.

Entonces hizo la denuncia a la Justicia. Para Mariano Recalde, abogado de Rombolá, se violó la libertad sindical y se discriminó a su cliente. “Es una situación nítida: después de trabajar catorce años en la planta, cuando él empieza a organizar al cuerpo de delegados lo mandan a 30 kilómetros.”

La jueza Silvia Sayago le dio la razón y dictó una medida cautelar ordenando a Coca Cola-Femsa que “en forma inmediata” reinstalara a Rombolá en su puesto de trabajo.

El fallo salió el 8 de junio. Rombolá se presentó en su puesto; entró en su horario habitual, a las ocho y media de la mañana, habló con sus compañeros y esperó a la supervisora para que le diera funciones. “Pero me mandaron a la oficina de personal, donde un empleado me comunicó que la empresa quería que volviera a Berazategui.”

Rombolá lo hizo, para evitar riesgos legales. Dos días más tarde, lo citaron para que volviera a la planta de Pompeya. En la portería vio que tenían su foto para identificarlo. Un guardia le indicó que pasara a una pequeña oficina, donde se presentó nuevamente el empleado de personal, quien le comunicó que la empresa había decidido “no exigirle tareas”. No tenía que ir a trabajar y seguiría cobrando su sueldo con todos los beneficios. En esa situación está ahora. Convertido en un ñoqui a la fuerza, Rombolá tiene el ingreso prohibido a la fábrica. Su abogado ha pedido a la Justicia que ordene a Coca Cola-Femsa darle tarea e imponga una multa diaria por cada día que pasa sin trabajar.