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El anuncio del senador Eduardo Duhalde sobre su renuncia a un tercio del mandato que le confirió la Asamblea Legislativa, las fundamentaciones de Jorge Reinaldo Vanidossi y Carlos Soria acerca de sus alejamientos del Ministerio de Justicia y la SIDE y el entusiasmo dedicado al proceso electoral como si el país viviera en armonía ilustran sobre el patético alejamiento de la realidad que aqueja a los partidos tradicionales. Duhalde convocó a elecciones ante la supuesta inminencia de un acuerdo con los organismos financieros internacionales, que permitiría alejar al país de una situación preanárquica y salir de la recesión. Vanidossi dijo que había culminado con éxito la etapa para la que había sido convocado y Soria afirma que deja el superministerio de inteligencia para presentarse como candidato a la gobernación del Río Negro. Ni sus familias se lo creen.
Res non verba
1. El ex intendente de Lomas de Zamora tiró la toalla después del fracaso estridente de sus tres apuestas finales: la recomposición de su pacto con la UCR, la misión de Roberto Lavagna a Washington y el endurecimiento de su política de orden público. La renuncia del senador Raúl Alfonsín, hace apenas doce días, no provocó la ruptura del pacto; fue la consecuencia de su incapacidad para impedirla. Lavagna ni siquiera consiguió una postergación general de vencimientos con el propio FMI, apenas una promesa de consideración mes por mes. Esto implica que los organismos de Bretton Woods seguirán fijando las condiciones a cambio de cada vez menos, por no hablar de las fantasías de Eduardo Amadeo, Carlos Rückauf y Diego Guelar de conseguir hasta 30.000 millones de dólares de fondos frescos.
Aun cuando las conclusiones de los sumarios administrativo y judicial sobre la masacre de Avellaneda fueran benignas, los asesinatos cometidos ante las cámaras por policías de uniforme y la actuación de parapoliciales vestidos de personas no pueden desvincularse de las amenazas coreadas a varias voces desde el gobierno nacional en los días previos. Cuando sólo resta por saber si no hubo algo peor que un marco político propicio, es difícil imaginar un tiro por la culata más nítido. La táctica oficial de dividir la protesta social en caceroleros inofensivos, piqueteros buenos y encapuchados malos desembocó en la mayor manifestación de repudio del interinato duhaldista, en la que confluyeron todos los sectores que el gobierno procuró separar. La movilización fue nacional, y se repetirá pasado mañana, Día de la Independencia.
2. El ex ministro Vanidossi no logró uno solo de los objetivos que se propuso y Duhalde le aceptó la renuncia que no había presentado. Ninguna de las dos interpretaciones que circulan sobre su caída coincide con su propia autoindulgente descripción. El núcleo duro duhaldista dice que “no supo manejar el conflicto con la Corte” Suprema de Justicia, lo cual sugiere en qué esperan que arriesgue su imagen de eficacia y sensatez Juan José Alvarez. Observadores menos rústicos entienden que el radical adhirió con entusiasmo digno de mejor causa a las teorías conspirativas que terminaron en el desastre de Avellaneda. En cuanto asumió, consultado por los cacerolazos frente a la Corte Suprema dijo que constituían “el delito de sedición”, línea de la que no se apartó hasta el final. De haber atendido sus opiniones, Duhalde habría armado el zafarrancho en el centro de Buenos Aires, contra abogados y ahorristas de saco y corbata, seis meses antes. Vanidossi acusó a los manifestantes que todo el país vio corridos a tiros de violar 23 artículos del Código Penal con el fin de poner en peligro “la totalidad de las instituciones de la República”.
3. Carlos Soria y la SEDE, con E de Estulticia, alimentaron desde el primer día la paranoia oficial. En febrero, Soria usó los informes del general Juan Carlos Mugnolo y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la presunta infiltración de las FARC de Colombia entre los manifestantes urbanos, en el intento más torpe de manipulación judicial conocido desde 1983, lo cual no es decir poco. Sería reemplazado por otro pupilo de José Luis Manzano, presa de iguales desvaríos intelectuales, pero de catadura moral aún más baja. Menos de lo mismo. La idea de bajarles línea en forma colectiva a dos ministros de la Corte, dos camaristas y seis jueces federales en encuentros sociales en domicilios privados desmiente el título que Soria detentó hasta ahora. Su informe en el que el gobierno se basó para acusar a los piqueteros de un complot para derrocar a las autoridades se basa en la grabación de los discursos y ponencias en la Segunda Asamblea Nacional de Piqueteros del 22 y 23 de junio y en dos hojitas de síntesis tituladas “Principales conceptos”. No dicen nada que no esté al alcance de cualquier interesado en la prensa partidaria y en los comunicados de las organizaciones piqueteras. Proponen la toma del poder mediante un nuevo 19 y 20 de diciembre y consideran que “o los echamos o nos destruyen”. Hace más de un siglo Juan Bautista Alberdi escribió en “Facundo y su biógrafo”, que integra sus Escritos Póstumos: “No es terrorista todo el que quiere serlo. Sólo aterra en realidad el que tiene el poder efectivo de infligir el mal impunemente”.
Pignavagnas
Nadie ha hecho mayor gala de esa aptitud que el sector financiero. El presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, estimuló la reticencia a la suscripción voluntaria de los títulos oficiales y sólo un número insignificante de los ahorristas acorralados aceptaron los nuevos bonos ofrecidos por un Estado que no paga los viejos. El mismo hecho da lugar a interpretaciones antagónicas. Para los bancos, con respaldo del FMI, el desinterés por el bono voluntario avala sus propuestas del bono compulsivo. Para el ministro de Economía Roberto Lavagna, demuestra la inviabilidad social de meter el clavo a presión.
Pignanelli acaba de incurrir en otra flagrante negación de la realidad, al decir que los bancos no se llevaron la plata sino que la prestaron a empresas y particulares, que no la devolvieron. La segunda parte del informe sobre el vaciamiento del sistema financiero en 2001, preparado por el diputado nacional Mario Cafiero (ARI, Buenos Aires) y el ex empresario cordobés Javier Llorens, refuta esta curiosa versión. Al revés de lo que pretende Pignanelli, afirman que los préstamos fueron devueltos y fugados del país. Según los balances de los bancos, entre noviembre de 2000 y de 2001 los depósitos cayeron 16.500 millones de dólares pero fueron compensados con una recuperación de préstamos por 18.000 millones, positivo para los bancos, aunque no para la economía real, cuya recesión se profundizó. Como los depósitos están calzados con los préstamos, la corrida no debería haber afectado las reservas.
Casi la mitad de los depósitos fueron extraídos del sistema antes de julio de 2001 por grandes inversores que los llevaron al exterior. La otra mitad se perdió a partir de julio y corresponde a pequeños, medianos y grandes depositantes, que los habrían colocado bajo el colchón o en Montevideo. “Se puede afirmar taxativamente que estas divisas no provinieron de las reservas financieras, sino que fueron extraídas del circuito económico, comercial y financiero argentino, mediante el recupero de préstamos”, afirman Cafiero y Llorens. El cuadro 1 muestra mes por mes la evolución de los depósitos, los préstamos y la liquidez del sistema financiero. Allí se observa que los bancos comenzaron a recuperar préstamos cuando los depósitos aún seguían creciendo, hasta febrero de 2001, “como si los bancos estuvieran acumulando premonitoriamente reservas, para hacer frente a los retiros de depósitos que recién comenzaron a precipitarse a partir de marzo”. Ese mes se hizo cargo del ministerio de Economía Domingo Cavallo. De esos 18.000 millones en préstamos que fueron devueltos a los bancos, 15.000 millones correspondieron a los privados y 12.000 a los diez primeros: BBVA Francés, HSBC, Galicia, Río, Boston, Citi, Scotia, del Lavoro, Hipotecario y Sudameris.
Balances falsos
Aun después de marzo y hasta el mes previo al corralito la liquidez primaria del sistema (depósitos menos préstamos) siguió siendo positiva o apenas negativa (del orden del 2 por ciento de los depósitos). Si a la liquidez primaria se le suma la disponibilidad de las reservas obligatorias del sistema, que fueron liberadas como consecuencia de la pérdida de depósitos, se obtiene la liquidez neta. Su saldo fue siempre positivo y en noviembre de 2001 rondaba los 5.000 millones de dólares, nada menos. Sin embargo, de repente la información del Banco Central registró para noviembre de 2001 una liquidez primaria negativa en casi 10.000 millones de dólares y una liquidez neta negativa en unos 6.600 millones. Si sólo se consideran los bancos privados en ningún momento ni la liquidez primaria ni la neta fueron negativas, y en el peor mes, noviembre de 2001, el saldo positivo fue de casi 6.000 millones.
¿Cómo es posible pasar de un saldo de 4.847 millones a favor a otro de 6.587 millones en contra si se considera todo el sistema, o de 5.855 millones en azul a 4.486 en rojo si sólo se computan los representados por ABA? se preguntan. Su respuesta: “Por la falsedad en los balances de los bancos y del Banco Central”. A fines de noviembre de 2001, al instalarse el corralito, registraron como “Préstamos de Efectivo” las operaciones de conversión de la deuda en títulos que implementó Cavallo mediante el decreto 1387/01. Tales títulos fueron convertidos en “certificados de participación en un fideicomiso financiero”. Los títulos se entregaron en fideicomiso a la Caja de Valores y los bancos recibieron Certificados de Participación. Según el Manual de Cuentas del Banco Central el fideicomiso debía encuadrarse en la cuenta “Otros créditos por intermediación financiera”. Pero el Banco Central, “arbitrariamente y sin ningún fundamento técnico ni económico los denominó préstamos garantizados, contribuyendo a la instalación del gran engaño o patraña de hacer creer que la pérdida de los depósitos no se habría enjugado con el recupero de los préstamos (con el grave daño que esto significó para la economía), sino con la pérdida de las reservas del sistema financiero”, dicen.
Para Cafiero y Llorens lo sucedido obedeció a un plan malicioso para trocar las reservas del país por títulos de la deuda pública que estaban fuera del país. “Ante el abandono [por el nuevo gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional] de la doctrina del salvataje irrestricto y a posteriori de desatadas las crisis, la gran banca y los grandes inversores implementaron en Argentina un salvataje previo, antes de que la crisis estallara”, dicen.
En picada
El decreto 1570 que impuso el corralito también contiene datos falsos. La fuga de divisas señalada había agotado los dólares de las reservas financieras y los que respaldaban la convertibilidad. La iliquidez no era bancaria, ya que la recuperación de préstamos compensaba de sobra el retiro de depósitos, sino cambiaria, dicen los autores. Lo que Cavallo suspendió fue su “famosa Ley de Convertibilidad, con la vana esperanza de rehabilitarla en un futuro”. De no ser por el salvataje del FMI de septiembre las reservas internacionales habrían caído, al momento de establecerse el corralito, a 7.000 millones de dólares, la mitad de lo exigido por la ley de convertibilidad. En forma simultánea con el megacanje las autoridades designadas en el Banco Central por el nuevo ministro modificaron en junio de 2001 los montos y la forma de constituirlos requisitos mínimos de liquidez y el efectivo mínimo de los bancos. Al mismo tiempo que las reservas caían en picada, el BCRA rebajó las alícuotas y permitió computar como encaje el efectivo que debía estar pero ya no estaba en los tesoros de los bancos, e incluso integrar el encaje con títulos. Además les dio a los bancos la oportunidad de reciclar esos dineros, mediante operaciones de pases. Esos requisitos mínimos de liquidez, que los bancos tenían depositados en el exterior, disminuyeron de 7.500 millones de dólares a cero y fueron suplantados por unos 5.000 millones de títulos basura computados como parte de las reservas, precisamente en noviembre. También se evaporaron los 17 mil millones de dólares computados como pases en títulos, y certificados de depósitos de bancos en el exterior. La conclusión es que Cavallo y los directores del Banco Central dejaron que los banqueros “se llevaran limpia e impunemente el total de las Reservas Internacionales en Oro y Divisas del Banco Central que existían a febrero de 2001”, agregan. Su cuantificación es de “25.377 millones de dólares, más una yapa de casi 1.500 millones, las que fueron sustituidas con el crédito del salvataje del FMI y títulos de la deuda, para cumplir al menos en apariencia con la Ley de Convertibilidad.
Décimos
La caída de ingresos a partir de la devaluación es tan notable que la Argentina ha pasado del primero al décimo puesto en el ranking regional. Los ingresos relevados por la Consultora Equis, y que dan para el país un promedio de 623,41 pesos mensuales, corresponden al ingreso monetario percibido por las personas encuestadas en todo concepto (retribución laboral, jubilaciones o pensiones; alquileres; rentas o intereses; utilidades; beneficios o dividendos; seguros de desempleo; indemnizaciones por despido; becas de estudio; cuotas alimentarias; aportes de personas que no viven en el hogar, subsidios estatales, en retiro voluntario, venta de pertenencias personales, premios de juegos de azar, herencias o limosnas). A un tipo de cambio de 3,70 pesos por cada dólar, implican 168,50 dólares mensuales o 2016 anuales, contra los casi 9 mil dólares de 1997, antes de la recesión y la devaluación. El cuadro 2, que sigue el método comparativo de la ONU/PNUD, en su Informe sobre Desarrollo Humano, ubica a la Argentina en los últimos lugares del ranking que antes encabezaba. Esta cifra es un promedio estadístico. Además de haberse reducido en forma dramática está cada día peor distribuida. La brecha de ingresos entre el 10 por ciento más rico y más pobre de los perceptores de ingreso era de 27 veces hace un año y ya supera las 30 veces. El 20 por ciento más rico de los perceptores de ingreso integrantes de hogares donde residen 5 millones de argentinos se apropian del 53 por ciento del total del ingreso nacional, mientras los restantes 31 millones de habitantes se distribuyen el restante 47 por ciento del ingreso nacional.
La Catástrofe Social
En un trabajo titulado “La catástrofe social”, el economista Claudio Lozano señala que luego de un cuarto de siglo de neoliberalismo el PBI per cápita de la Argentina es un 23 por ciento inferior al de 1975 y más de la mitad de la población ha caído bajo la línea de pobreza, porcentaje que llega a dos tercios entre los menores de 18 años, como muestra el cuadro 3. Si el análisis se reduce al período recesivo iniciado en 1998, la desocupación ha trepado un 74,2 por ciento, la pobreza un 67 por ciento y la indigencia un 180 por ciento. En los cinco primeros meses de este año la caída promedio en los ingresos ascendió al 21,6 por ciento, con una proyección de deterioro para todo el año del 45,5 por ciento. El ingreso promedio de los asalariados sería, a finales del 2002 un 66,7 por ciento inferior al de la última presidencia de Juan D. Perón, en 1974. “Una estrategia distributiva no sólo es imprescindible desde el punto de vista ético, sino que es factible dados los actuales recursos económicos y la profunda desigualdad existente”, aduce Lozano, quien calcula que el consumo total del país permitiría que 128 millones de personas estuvieran por encima de la línea de pobreza y 300 millones por encima de la de indigencia. O, dicho de otro modo: para suprimir la indigencia sólo sería necesario redistribuir el 2,5 por ciento del consumo total de los hogares y para que no hubiera más pobres el 14,8 por ciento. Si, en lugar de promover esa redistribución, se mantuviera el rumbo actual, a fin de año habría 23,1 millones de pobres, es decir dos de cada tres argentinos, y 11,4 millones de indigentes, o uno de cada tres. “Son estos los datos que hay que poner en el centro del análisis al evaluar los asesinatos y la represión del miércoles 26 de junio en Avellaneda. La profundización de la desigualdad y la decisión de mantener políticas que la promueven destruye el sistema democrático y reclama un formato institucional que cercene las libertades y consolide un orden de creciente autoritarismo”, sostiene. En tal contexto, la competencia electoral tal como está planteada, sin relación alguna con esta catástrofe social, lejos de cerrar profundizará la brecha entre representantes y presuntos representados.