Su apellido ya es sinónimo de denuncias judiciales. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, de él se trata, volvió a ser denunciado por irregularidades en el manejo de los subsidios. Esta vez fue una presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA), realizada por el senador Gerardo Morales y el diputado Alejandro Nieva, ambos del radicalismo e integrantes de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. La denuncia también fue firmada por el titular de la UCR, Roberto Iglesias, y los jefes de las dos bancadas radicales, Ernesto Sanz (Senado) y Fernando Chironi (Diputados). Los firmantes pidieron que la OA reclame a Jaime que informe sobre los subsidios que otorga su área a través de las subsecretarías de Transporte Ferroviario y Transporte Automotor.

En la documentación presentada en la OA los radicales pidieron a su titular, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, que “verifique los procedimientos y controles que lleva a cabo la Secretaría de Transporte de la Nación, por sí o a través de las subsecretarías de Transporte Ferroviario y de Transporte Automotor en relación con el Sistema Integrado de Transporte (SIT), del Sistema Ferroviario Integrado (Sifer) y del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau)”. También reclamaron que “se investigue el accionar arbitrario e irregular del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, titular del área involucrada, y de cualquier otro funcionario de la administración pública nacional, a efectos de determinar la existencia de transgresiones a normas administrativas”.

Según los legisladores radicales, la secretaría de Jaime estaría entregando subsidios a empresas privadas que explotan el servicio de Trenes Metropolitano, a pesar de que las compañías no cumplen con las “condiciones para el acceso y mantenimiento del derecho”. Otra de las denuncias puntuales de la presentación ponía la lupa sobre las transferencias en favor de la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Carga, como también sobre los giros recibidos por la Fundación para la Formación Profesional en el Transporte.

Según la denuncia, esas transferencias suman un total de 17 millones de dólares y fueron recibidas por sus beneficiarios (nada menos que el sindicato que controla el titular de la CGT, Hugo Moyano) en concepto de anticipos a cuenta del régimen de Compensación de Aranceles. “Los anticipos no encuentran sustento suficiente en lo actuado”, precisaron los firmantes de la presentación contra Jaime.