Tras muchos años de ostracismo y unos cuantos de prisión –entre enero de 1999 y octubre de 2005 estuvo detenido bajo los cargos de haber participado del plan sistemático de robo de bebés–, el dictador Reynaldo Bignone se las ingenió para generar una polémica. La publicación en Internet de una carta suya que convocaba a los jóvenes “a terminar lo que nosotros no pudimos” originó duras críticas por parte del Gobierno y la Cámara de Diputados y los organismos de derechos humanos, hasta motivó una denuncia judicial por “apología del delito e incitación a la violencia”. La carta en cuestión apareció el martes en el sitio de la agrupación Memoria Completa, agrupación que dirigiera Karina Mujica hasta que se revelaran en televisión algunos detalles de su vida privada. “Hay que darle al caso la prioridad que se merece. Que Bignone sea convocado a una imprescindible indagatoria”, reclamó el abogado Ricardo Monner Sans en su presentación.

Ayer a la mañana, Bignone fue consultado por varios programas de radio. Le preguntaron si la carta era suya y le pidieron que aclarara qué había querido decir con la frase “terminen lo que nosotros no pudimos”. El último presidente de la dictadura confirmó que había escrito la carta, pero intentó desvincularla del homenaje a “las víctimas de la subversión” que se realizará hoy a la tarde en plaza San Martín (ver aparte).

“No puedo negar haberla escrito pero niego terminantemente que tenga algo que ver. Hubo allá por mayo o junio un asado semiíntimo, donde le iban a entregar una distinción a Carlos Manuel Acuña (un reconocido colaborador de la dictadura) y me pidieron que dijera unas palabras. A raíz de eso escribí algo para la página de Internet, pero no fue para alentar nada, sino que iba dirigido a los jóvenes por la memoria completa”, dijo. En referencia a la frase sobre “terminar lo que nosotros no pudimos”, Bignone señaló que se refería a que los integrantes de la dictadura no habían logrado “esclarecer toda la verdad”.

Las explicaciones no conformaron a Monner Sans. Su denuncia quedó radicada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. El abogado invocó el artículo 212 del Código Penal, que fija penas de tres a seis años de cárcel para quien “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación”, y también mencionó el 213, que establece de un mes a un año a quien “hiciere públicamente la apología de un delito o de un condenado por delito”.

No fue éste el único rechazo que provocó la carta. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, la calificó como “despreciable” y la Cámara de Diputados la “repudió”. “¿A qué se refiere cuando dice que terminen lo que quedó inconcluso: a que continúen con la apropiación de niños o el plan siniestro de tortura y desaparición forzada?”, se preguntó el diputado Remo Carlotto. Luego de una reunión en la Casa Rosada, miembros de organismos de derechos humanos se expresaron en el mismo sentido.

En otra de sus apariciones radiofónicas, Bignone se jactó de no “tener ningún muerto en su haber”. “En mi gestión no (hubo desaparecidos) ni mandé a matar. Yo duermo tranquilo a la noche”, dijo. Durante la actuación de Bignone al frente de la cuarta junta militar fueron secuestrados y fusilados los montoneros Eduardo Pereyra Rossi, Osvaldo Cambiasso y Raúl Yager. Seis años antes, en 1976, mientras Bignone se desempeñaba como director del Colegio Militar, los conscriptos Luis Steinberg y Luis Daniel García, militantes de la Federación Juvenil Comunista, fueron secuestrados, torturados y arrojados al mar. En 1987, Bignone llegó a ser procesado por privación ilegítima de la libertad por esos dos casos.