Esta tarde la Procuración General de la Nación espera tener un número estimado de la cantidad de testigos de todo el país que podrían ser incluidos en un programa de protección especial para causas de derechos humanos. El relevamiento se hace en base a datos de todo el país enviados por fiscales federales. Solamente La Plata concentra 1180 nombres en un listado. ¿Cuántos quedarán incluidos en el plan especial? ¿Qué se hará con ellos? ¿El sistema colapsará? ¿Cómo y con qué fondos serán protegidos? Por los números que maneja el organismo que conduce Esteban Righi, las demandas de ayuda a los testigos probablemente desborden todas las expectativas.

Desde la semana pasada y a pedido de la Procuración, los fiscales de todo el país recogen información, contra reloj, sobre los testigos de las causas de derechos humanos. La Procuración no pidió un relevamiento de todos los nombres, sino de los que aparecían en los expedientes bajo tres criterios: los convocados y propuestos para dar testimonio en los juicios y que aún no declararon; los convocados en situación de declarar en la etapa de instrucción, y los que ya declararon, aunque no todos, sino aquellos que por el peso de la declaración o su situación personal necesitarían una protección especial.

En La Plata, los fiscales a cargo de las causas contra represores siguieron un criterio propio, amplio, para armar la nómina de testigos y en tres días relevaron 1180 nombres: 1080 correspondieron a testigos de los Juicios por la Verdad; 50 a la causa del ex comisario Miguel Etchecolatz y otros 50 a causas varias que no fueron identificadas en particular. La mayor parte de estos testigos, si no todos, ya declararon. Y eventualmente deberán volver a hacerlo en futuros juicios.

“¿Quién carga con el sayo después, si justo le pasa algo a un testigo que nosotros no consideramos relevante y decidimos dejar afuera?”, se preguntaba ayer Carlos Dulau Dumm, a cargo de la fiscalía federal del Tribunal Oral de La Plata. La desaparición de Jorge Julio López complejizó la evaluación de los fiscales que ahora están replanteando las categorías de personas clave o testigos en riesgo de un proceso. Sólo en el marco de los Juicios por la Verdad vigentes desde 1998 en La Plata se cuentan 1470 testigos. “No podemos ver los 1470 casos –sigue Dulau Dumm– para saber si son testimonios relevantes porque además esa categoría es relativa”, apunta.

Con más o menos nombres, los listados de todo el país están en manos de Righi. Luego será el Ministerio del Interior, en base a su criterio, el que se encargará de canalizar y financiar la protección de testigos. En principio, los mecanismos previstos son: la custodia personal con personal de la Policía Federal o, si el testigo lo rechaza –como se presume–, personal de Gendarmería o Prefectura; la provisión de móviles como Nextel para situaciones de emergencia, y sistemas GPS de monitoreo satelital como los de las “películas”, graficó un vocero del ministerio. Sólo ante aquellos testigos que no acepten la primera opción, el ministerio ofrecería una de las otras dos, que son costosas. El Gobierno cree que 95 por ciento de los testigos aceptará la custodia de una de las fuerzas de seguridad, pero desde algunos despachos judiciales lo ponen en duda.