El presidente boliviano, Evo Morales, busca aumentar el área de cultivo legal de coca de 12 a 15.000 hectáreas, pero advirtió que no tolerará “mini Colombias” en territorio boliviano –en referencia a la coca que va a la fabricación de cocaína–, ni coca en los parques nacionales y áreas protegidas. Estas políticas recibieron el pasado lunes la aprobación de los sindicatos cocaleros en la localidad de Lauca Ñ, donde el presidente fue a buscar el apoyo de sus bases campesinas, a las que les dijo que, para legalizar sus producciones, deberán comenzar a pagar impuestos.

La coca del Chapare –ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz– es considerada “excedentaria” por la ley 1008 pero, en 2004, la administración de Carlos Mesa autorizó, temporalmente, la siembra de un cato de coca por familia (1600 metros cuadrados), lo que suma unas 2300 hectáreas. El objetivo del actual gobierno es legalizarlas definitivamente. Pero la coca cultivada en áreas protegidas es directamente ilegal, sujeta a erradicación sin compensación y ahora Morales le declaró la guerra.

Fue en una de estas zonas, el Parque Nacional Carrasco, donde el viernes 29 murieron dos campesinos en medio de enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares de erradicación y diez uniformados fueron secuestrados. El mandatario indígena se desmarcó de esos campesinos y los acusó de estar ligados a los narcotraficantes.

En una imagen que hace cinco años hubiera pertenecido al mundo del realismo mágico, Morales –que sigue presidiendo las seis federaciones sindicales del Chapare– se reunió el lunes con la Fuerza de Tareas Conjunta en Chimoré para coordinar el plan de erradicación en el Parque Carrasco. “Queremos que los sindicatos y los colonos participen, de manera interactiva, con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico para poner límite a la ilegalidad y al tráfico de drogas en esa región”, declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Las conversaciones entre el gobierno y los campesinos de esta región no lograron acuerdos.

Para Evo Morales, el impuesto que pagarán los cocaleros será “un duro golpe para Estados Unidos”, ya que demostrará que la hoja de coca sirve para generar recursos para el Tesoro General de la Nación y no es un recurso que favorece al narcotráfico. “El impuesto a la coca fue durante muchos años, desde la colonia, una fuente importante de recursos para el erario público”, dice la socióloga Silvia Rivera, quien cuestiona la vía militar como solución al conflicto. “La represión provoca un efecto globo, se desinfla en un lado pero se infla en otro”, explica la académica al tiempo que defiende una salida concertada y dice que no sólo hay que cuidar los parques frente a los cocaleros, sino también ante los ganaderos, los madereros y las empresas petroleras.

El apogeo del narcotráfico en Bolivia se produjo en los años ‘80. Aún se recuerda la “narcodictadura” de Luis García Mesa, actualmente preso, cuando los militares monopolizaban la producción de cocaína y los soldados eran obligados a pisar coca en los cuarteles para fabricar pasta base. Varias fortunas de Santa Cruz, hoy prolijamente lavadas, provienen de esa actividad ilícita. Pero fuentes políticas y policiales coinciden en que ya no hay carteles en Bolivia, sino narcotraficantes de menor rango.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, hay actualmente en Bolivia unas 25.400 hectáreas de cultivos de coca. La ley 1008 autoriza 12 mil, destinadas a la demanda legal: akulliku (mascado), mate o medicamentos. Una gran parte de esta demanda proviene del norte argentino.

Los cocaleros del Chapare –muchos de los cuales también ingresaron a cultivar coca en áreas protegidas, como el Parque Isiboro Sécure– apoyaron, sin embargo, el plan de Morales. El beneficio, desde una lógica corporativa, es doble: el cultivo sin control baja los precios y genera la reacción norteamericana.

Por las dudas, el mandatario boliviano les advirtió: “No quiero que incumplamos nuestra palabra y quedar como un mentiroso ante el mundo, cuidado con sembrar más de un cato”. Morales defiende la despenalización internacional de la hoja de coca en estado natural para poder liberar la exportación de productos en base a la “hoja sagrada”, posición que defendió en la reciente cumbre de Naciones Unidas. Pero ante la decisión de militarizar las zonas de cultivo ilegales, Silvia Rivera cuestiona que el gobierno utilice hoy contra un sector del campesinado la misma acusación de narcotraficantes con la que durante años se descalificó al propio Evo Morales.