En Mendoza hay centros de salud que venden los anticonceptivos que el Estado nacional envía gratuitamente y algunos médicos del sector público cobran, ilegalmente, la colocación de un DIU. En Santa Cruz se dispone de poca cantidad de preservativos en relación con la población que podría demandarlos: apenas uno por persona por año. En Santiago del Estero a las adolescentes se les exige que estén acompañadas por la madre o un adulto para recibir asesoramiento o métodos anticonceptivos. Estas son algunas de las irregularidades detectadas en la aplicación de políticas de salud sexual y reproductiva en distintos puntos del país, de acuerdo con un relevamiento realizado por un grupo de ONG y financiado por la ONU.

Los resultados del monitoreo fueron avalados por el Ministerio de Salud de la Nación. “Consideramos que muchos de los problemas señalados existen. Este trabajo nos parece muy valioso para mejorar la atención”, señaló a Página/12 Valeria Islas, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en la presentación del informe, que se realizó en el auditorio del Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, en Recoleta.

El relevamiento es una iniciativa sin precedentes del Consorcio Nacional de Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders), en el que la supervisión la realizan los mismos usuarios. El reporte no abarcó a todas las provincias. Se centró en la fiscalización del funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva de Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fe.

A comienzos de 2003 se puso en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que distribuye métodos anticonceptivos en todo el país. Pero cada gobierno provincial decide y ejecuta las políticas en su territorio. Del monitoreo del Conders surge que después de tres años de implementado el plan desde el Ministerio de Salud de la Nación, todavía hay personas que desconocen que pueden recibir anticonceptivos gratis o ser asesoradas en sexualidad y reproducción, porque “son escasas o no existen” campañas sistemáticas de difusión en las provincias.

Otros de los problemas más frecuentes detectados son:

- Resistencia de los médicos a indicar el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción de emergencia.

- Para conseguir un turno hay largas esperas. Las mujeres tienen que ir a la madrugada y hacer colas para obtenerlo porque el horario de atención es limitado y hay poco personal asignado.

- Se ponen obstáculos para la atención de adolescentes si no están acompañados por sus padres.

- Escasez o inexistencia de prestaciones fuera de las capitales de provincia.

- Las personas no saben que pueden elegir y tomar decisiones sobre qué anticonceptivo tomar porque creen que lo debe decidir el médico.

- Carencia de estrategias para captar a varones.

El Conders es un proyecto iniciado en 2003 por cuatro ONG: el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la Fundación para la Investigación y Estudio sobre la Mujer (Feim), el Foro por los Derechos Reproductivos y la Red Nacional de Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva. Pero actualmente forman parte del Conders más de medio millar de personas y organizaciones que supervisan los servicios públicos de salud en todo el país. “La propuesta del Conders requiere muchos brazos y ojos porque buscamos detectar dónde están los obstáculos o problemas para una buena atención. Este proceso construye una práctica de control de la gestión de gobierno por sus destinatarios”, explicó a Página/12 Mabel Bianco, titular de FEIM.