“Se le preguntó si quería agregar algo y no lo hizo”, comentó la jueza federal María Servini de Cubría a Página/12, luego de tomarle declaración ayer, en calidad de testigo, al diputado nacional Juan José Alvarez, por una causa que investiga la supuesta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Según altas fuentes judiciales, el fiscal federal Carlos Stornelli habría pedido que se llame a declarar a otro testigo, que podría ser un periodista o algún funcionario público. Luego del escándalo generado por la publicación, en este matutino, del legajo que da cuenta del paso de Alvarez por la SIDE durante la última dictadura, el diputado pidió que se esclarezca esta “violación del deber de secreto y confidencialidad” y aseguró desconocer el origen de la filtración de su expediente personal.

“NN/sobre revelación de secreto político”, reza la carátula de la causa, iniciada de oficio por el fiscal Stornelli el 12 de septiembre pasado. Ayer, Alvarez estuvo poco tiempo en el despacho de Servini de Cubría, situado en los Tribunales Federales de Retiro. Allí reconoció que había desempeñado “tareas administrativas” en la SIDE entre el ’81 y ’84 y refirió, acerca de la aparición de su expediente, que sólo estaba al tanto de “lo publicado a través de la prensa”. Lo que investiga esta causa es el posible quebrantamiento de la ley penal en la difusión sobre la trayectoria laboral de Alvarez, un peronista distanciado del kirchnerismo y enrolado en el grupo “El General”, que opera en pos de la candidatura a presidente del ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

“La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos (...) se mantendrá aun cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la Justicia en el marco de una causa determinada”, refiere la Ley de Inteligencia Nacional, en la que se amparan todos los espías que han trabajado para la SIDE. La norma agrega que la violación de ese “deber” está tipificada como delito en el Código Penal, y fue justamente con base en ese principio que Stornelli denunció la filtración de dato.

Alvarez había entrado a este organismo represivo durante la dictadura y, según supo decir en varios medios, lo hizo movido por “circunstancias” económicas: había abandonado la carrera de abogado y para retomarla y subsanar las nuevas responsabilidades conferidas por la paternidad decidió entrar a la SIDE. Impulsado por su suegro, el coronel retirado del Comando de Remonta y Veterinaria, Pedro Mercado, y con la recomendación del entonces ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, Alvarez se presentó como postulante ante sus futuros jefes por “sentirse identificado con el proceso militar actual” y queriendo “servir mejor a nuestra patria”.

Luego de ausentarse un tiempo en el exterior, el ex ministro de Justicia reapareció el miércoles pasado en el Congreso para participar de un debate por la formación de un catastro nacional, que controle la propiedad sobre la tierra e inmuebles en todo el país. Según afirmaron fuentes judiciales, sólo mediante una ley se podrían desclasificar los archivos de la SIDE, que todavía duermen en ese organismo, amparados por la Ley de Inteligencia.