A poco más de un año del relevo de su cúpula, un nuevo escándalo amenaza al Cuerpo de Peritos Contadores del Poder Judicial. Dos de sus miembros han sido denunciados por connivencia con una de las partes en el litigio que enfrenta desde hace tiempo a Carrefour SA con el Exxel Group y la consultora Price Waterhouse. La denuncia por la supuesta parcialidad de los expertos oficiales está radicada en el Juzgado de Instrucción 24, a cargo de Juan María Ramos Padilla, y se basa en videofilmaciones realizadas por cámaras de seguridad y un análisis efectuado por el fiscal Eduardo Cudicio de las comunicaciones telefónicas mantenidas por los peritos con el estudio de Jorge Landaburu, Alejandro Carrió y Santiago Feder, defensores de Price Waterhouse, y también con el bufete de Roberto Durrieu, letrado de uno de los ejecutivos del Exxel Group. Exxel y Price Waterhouse se encuentran sospechados de distorsionar la situación patrimonial de Supermercados Norte para acelerar la decisión de compra por parte de Carrefour.

Las filmaciones se realizaron en la sucursal que Norte poseía en avenida Franklin Roosvelt al 5700. El expediente refiere que, en salvaguarda de la documentación contable que estaba bajo estudio, la guardia privada de la empresa tomó los datos de todos quienes ingresaban al edificio y colocó fajas en los accesos a las zonas donde se guardaban los libros, además de cámaras de video que registraban lo que allí ocurría. Al parecer, los peritos oficiales ignoraban la existencia de esos sistemas de vigilancia. Quizás haya sido por eso que mantuvieron con los contadores de Exxel y Price Waterhouse conversaciones que denotaban una gran confianza personal e incluían párrafos sugestivos. De acuerdo con las transcripciones, en momentos en que el perito de los denunciantes (Carrefour) se encontraba fuera de las oficinas, Robles se acercó al contador del Exxel y murmuró: “Hay que embocarle algo (...) pensemos en un mecanismo inteligente (...) que le abra algún quilombo”. En otro tramo de la cinta dirá: “Lo que tenemos que tener es... digamos... un pacto de caballeros entre nosotros”. Asimismo, la fiscalía 35 estableció que, entre principios de 2005 y mediados de 2006, el teléfono celular de Robles registró 148 comunicaciones, entrantes y salientes, con el estudio Landaburu-Carrió. En tanto que, en el período que transcurrió entre junio de 2005 y mediados de 2006, el móvil de Alonso señala la realización de diez contactos entrantes y salientes con el estudio Durrieu.

Tal como informó Página/12 hace un año, una acordada de la Corte Suprema había resuelto desplazar de su cargo al jefe del cuerpo de peritos contadores y a su segundo en razón de la existencia de varios expedientes administrativos en los que ambos se encontraban investigados por los auditores del máximo tribunal. El cargo era manipular las pericias. La decisión de la Corte, colocaba en entredicho la integridad del propio puesto que en el juzgado federal de Jorge Ballestero se instruía en simultáneo una causa que tenía como principales protagonistas a integrantes del organismo acusados de atender en sus estudios privados o llevar adelante actividades manifiestamente incompatibles con su labor judicial. Tras la acordada del Supremo Tribunal, el decano de los peritos contables, Jorge Schiavo, fue reemplazado interinamente por Alfredo Peralta. El segundo de Schiavo también resultó apartado de su responsabilidad. Su nombre era Fernando Robles.