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Fernando de la Rúa planteó ayer la “arbitrariedad” del llamado a indagatoria formulado por el juez Alberto Baños en una causa por presunta malversación de fondos de la Ciudad de Buenos Aires y solicitó que esa audiencia fuera dejada sin efecto. “No existen sospechas ni mucho menos pruebas”, argumentaron los abogados del ex presidente en un último intento por frenar la audiencia que el magistrado tenía pautada para hoy.
La causa que en esta ocasión tiene a mal traer a De la Rúa viene de sus años como jefe de gobierno porteño y es la que públicamente se conoce como la del “jardinero”. Es que los cargos de presunta malversación que se le imputan los habría cometido al encomendar que se ocupara de las plantas de su quinta de Villa Rosa a José Benito Pazó, quien en realidad cobraba su sueldo en el viejo Concejo Deliberante.
“En octubre pasado el propio juez Baños dijo que no había indicios suficientes para indagar a De la Rúa. Ahora ha cambiado de opinión sin hechos nuevos, pero una declaración indagatoria nunca puede ordenarse por capricho”, se quejó el abogado del ex presidente Fernando Díaz Cantón.
El caso del jardinero es apenas uno más en un megaproceso que se originó hace seis por el pago indebido de salarios a 700 “ñoquis” del ex Concejo Deliberante. En el marco de esa investigación cumplió arresto domiciliario el fallecido ex presidente de ese cuerpo, el radical Juan Trilla, y fueron procesados, entre otros, los ex concejales Humberto Bonanata y Roberto Clienti. La indagatoria de De la Rúa fue ordenada por la Cámara del Crimen después de que los fiscales del caso denunciaran “retardo de justicia” frente a la negativa de Baños a cumplir con ese trámite.
También ayer el abogado promotor de la causa, Juan Carlos Iglesias, amplió la denuncia en contra de De la Rúa y lo acusó de “vaciar las arcas del ex Concejo Deliberante porteño” durante su gestión como jefe comunal.