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Juan Carlos Romero, gobernador salteño con pretensiones de Presidente, está en Estados Unidos procurando un crédito de 45 millones de dólares del BID y presentándose como un administrador modelo y un político confiable para el establishment internacional. Pero un informe elaborado por Roberto Guzmán, investigador jefe del Ieral de Fundación Mediterránea en esa provincia, al que tuvo acceso Página/12, revela un cuadro muy diferente, dominado por lo que denomina “cultura del despilfarro”. Tras más de seis años de romerismo, el 80 por ciento de los salteños son pobres, y un 43 por ciento indigentes, según datos del Indec. A continuación algunos hallazgos del informe del Ieral:
- Una práctica utilizada desde 1996 fue presentar la cuenta del ejercicio con años de retardo. Esto le permitía blanquear luego, por medio de DNyU, los excesos de gastos realizados sin respetar los montos autorizados presupuestariamente. Un caso emblemático fue el de los “gastos reservados” del gobernador. En la administración anterior a la de Romero eran de 48 mil pesos anuales. Pero ya instalado en la gobernación, para 1996 y 1997 repitió esa suma en el presupuesto, aunque en los hechos ese rubro superó los 2 millones. El gasto discrecional ascendió en aquellos años a $6900 diarios. Dos años después blanqueó todo mediante un DNyU.
- A partir de 1998, los gastos reservados, que antes se imputaban como “gastos sin discriminar”, quedaron ocultos en la partida de Bienes y Servicios no Personales, y dentro de ésta en “Otros”.
- En 1996 quedaron en la calle unos 5000 agentes, se redujeron los sueldos un 30 por ciento y los aportes patronales bajaron de un 27 a un 5 por ciento cuando se transfirió la Caja de Jubilaciones provincial a la Nación. De esta manera, la masa salarial debió haber caído de 505,0 millones a 375,9. Pero, en los hechos, fue de 441,2 millones en el 2001, con un exceso de 65,3 millones de pesos. En el sexenio 1996/2001, el exceso de masa salarial sumó $ 521,1 millones. La explicación es que hubo expulsión de agentes y reducción de salarios, pero no reforma del Estado. El sacrificio de los despedidos sirvió para privilegiar a dos mil miembros de la planta política de Romero, que le cuestan al fisco provincial el triple que los cinco mil echados. Los cargos superiores de la administración provincial, que en 1993 se llevaron $ 14,9 millones, insumieron en 1999 –último dato disponible– 72,4 millones. En salud, en cambio, el gasto bajó de 102,9 millones en el ‘93 a 95,2 millones en el ‘99.
- Una fórmula utilizada es la de la tercerización. Así fue desmantelada la Administración General Aguas de Salta (AGAS), con la promesa de que los trabajadores se convertirían en empresarios. Lo que se hizo en realidad fue desjerarquizar y marginar al personal, otorgando en comodato el parque de máquinas y equipos a una seudoempresa conformada por parientes o allegados al poder, que no realizaron inversión alguna. Algo similar se hizo con la Dirección de Vialidad de Salta, no obstante lo cual se siguieron realizando millonarias inversiones en máquinas y equipos, luego dados en comodato a otra seudoempresa.
- Una d las perlas del plan de obras de Romero es la construcción, entre 1997 y 1998, de una principesca residencia para el gobernador, llamada Las Costas, que insumió más de 2 millones, tomando fondos específicamente afectados a “infraestructura social”. Las obras públicas se han financiado en un 90 por ciento con fondos de origen nacional e internacional. Apenas un 5 por ciento se atiende con recursos provinciales genuinos. Además, el monto asignado a cada obra difiere de la inversión real requerida, lo que hace sospechar la existencia de sobreprecios. Tal el caso del Dique Iriyuro II, que de un presupuesto oficial original de $ 20 millones pasó a 38 millones, para situarse luego de denuncias públicas y objeciones de la oposición en 30 millones en el presupuesto de 1999, con financiación de ATN en un 50 por ciento.
- Entre las privatizaciones pueden destacarse la del banco provincial, vendido en 60 mil pesos al Banco Macro, y la de la Dirección de Energía, entregada en 65 millones y revendida por el grupo privado dos años después en 240 millones.
- Antes de Romero, el gasto público promedió $ 730 millones anuales entre 1991 y 1995, para subir a 874,1 millones en el período 1996-2001.
- El 10 de diciembre de 1995 la deuda provincial totalizaba $ 334 millones. Tras asumir Romero ese día, en tres semanas saltó a 406,2 millones. Y no dejó de aumentar, hasta superar los 800 millones al finalizar 2001. Pero hay mucho más.
- En marzo de 2000 se lanzó el Empréstito con Bonos Hidrocarburíferos, designándose como organizador y colocador al Banco Macro. El monto fue de U$S 250 millones, cediendo la provincia en garantía el dominio del 80 por ciento de las regalías de gas y petróleo durante 15 años. Pero la gestión romerista no lo registró como una deuda sino como un anticipo de regalías, para así presentar en 2001 un excedente de 159,9 millones, cuando en realidad había un déficit de 77,4 millones. El neto recibido por la provincia fue de 234 millones, ya que se dedujeron 16 millones para gastos, honorarios y comisiones. ¿Cómo justificar luego de la devaluación que este “anticipo” de 234 millones se transforme, a un tipo de cambio de 3,50, en una deuda de 875 millones?