Cuando faltan cuatro días para que se cumplan dos años de la tragedia, en Tribunales dicen que no hay lógica: no se sabe si 2007 será el año del juicio oral del caso Cromañón o todo pasará recién al 2008. Aunque hay chances de que el proceso empiece antes de fin de año, lo que está claro es que nada será sencillo. La jueza María Angélica Crotto quiere elevar la causa a juicio oral, los defensores de los imputados plantean nulidades y, con algunas idas y vueltas, tal vez la elevación se pueda hacer en marzo o abril. A partir de ese momento, habrá una disputa entre los tribunales orales: ninguno querrá meterse con una causa tan caliente y parece obvio que habrá una batalla entre dos tribunales para no quedarse con la causa Cromañón. La cuestión la deberá definir la Cámara de Casación. En ese juicio estarán los que tuvieron directa relación con el desastre: Omar Chabán, los integrantes del grupo Callejeros, tres integrantes de la Policía Federal que recibieron coimas para dejar entrar tanta gente y tres funcionarios del Gobierno de la Ciudad, la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fizbin, su segunda y el director de Fiscalización y Control. Estos últimos están acusados de un delito relativamente leve: incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, continúa la pelea para que en ese juicio, u otro posterior, sean imputados funcionarios de más alto rango.

Incluso existe todavía una apelación para que Aníbal Ibarra sea acusado y es casi seguro que el fiscal de Casación, Raúl Plee, dictamine que el sobreseimiento del ex jefe de Gobierno fue apresurado. Aun así, es muy improbable que Ibarra sea imputado penalmente en el caso Cromañón. El sábado próximo, al cumplirse dos años, vencen los plazos para iniciar una acción civil. Según dicen quienes conocen ese tipo de demandas, al final de un largo proceso, que puede durar cinco, diez años o aun más, la lógica es que los familiares de las víctimas mortales cobren, a valores actuales, cifras que pueden rondar los 300.000 pesos. Habrá que ver también quién termina pagando, pero todo indica que serán la Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional (ver aparte).

El juicio

La jueza Crotto terminaría de redactar la elevación a juicio en febrero. Esa decisión no es apelable, pero es muy posible que haya planteos de nulidad y una batalla en ese terreno.

Jueces consultados por este diario sostienen que las tácticas de los defensores van a ser, por lógica, muy distintas. Pedro D’Attoli, abogado de Omar Chabán, tiene apuro en que, al menos, se designe un tribunal oral. Es que su defendido está preso y el tiempo le juega en contra. Cuando se haya decidido qué tribunal toma el caso, D’Attoli seguramente les pedirá la excarcelación a los jueces, argumentando que Chabán no tuvo intención de matar a nadie ni pudo haber estrago doloso porque él mismo y su hermano estaban en el lugar y no se iban a querer quemar a sí mismos. Habrá que ver qué dicen los jueces, pero los de la Cámara de Casación ya le dijeron que no.

Distinta es la situación de los demás acusados, por ejemplo, los integrantes del grupo Callejeros. A sus abogados les conviene que el juicio se demore lo máximo posible porque sus defendidos están en libertad. Y, además, porque corren riesgo de que en ese juicio les impongan una pena que los termine llevando a la cárcel.

En el medio están los familiares. Los jueces consultados por este diario dicen que algunos letrados de las víctimas tratan de acelerar el proceso para que el juicio se haga en un tiempo razonable; otros creen que aunque se demore un poco hay que hacer todos los esfuerzos para que, en un mismo juicio, se impute a Chabán, Callejeros y a todos los funcionarios y, finalmente, existen otros –siempre a criterio de quienes miran la causa de cerca– que tienen una inexplicable tendencia a dar largas.

Se viene la pelea

La jueza ya elevó a juicio lo que se conoce como causa Bomberos. La maniobra consistió en que la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal rechazaba pedidos de concesión de permisos de habilitación por no estar supuestamente en condiciones los locales inspeccionados. Al mismo tiempo le recomendaba al dueño de cada local que se contactara con tres empresas, Ipex, Bausis y Baipex, que les darían el asesoramiento para conseguir la habilitación. Esas empresas –según sostuvo la jueza y confirmó la Cámara del Crimen– estaban relacionadas con parientes de los jefes de la Superintendencia de Bomberos, en concreto con el ex jefe de esa fuerza, Alberto Corbellini. Los acusados de la maniobra son cinco, tres integrantes de Bomberos y dos empresarios.

Terminado todo el proceso previo, se hizo el sorteo de un tribunal para que se haga cargo del juicio oral. El bolillero seleccionó al Tribunal Oral número 24, integrado por un juez titular, Raúl Llanos, y dos subrogantes, Marcelo Alveró y Cecilia Maisa.

Cuando se determine qué tribunal se ocupa del cuerpo central del caso Cromañón, habrá un sorteo entre los 30 tribunales orales. “Le puedo asegurar que el tribunal al que le toque se declarará incompetente –analiza un juez penal ante Página/12–. Y van a decir que por ser una causa conexa con Bomberos tiene que ocuparse el TOC 24. También le puedo asegurar que el TOC 24 va a decir que no hay conexidad porque una cosa es una maniobra hecha por bomberos –que incluso no se hizo en Cromañón– y otra cosa es la tragedia del boliche de Once. Lo cierto es que es una causa que quema, con toda la secuela de choques con los padres de las víctimas. Todos los tribunales se la van a querer sacar de encima y quien tendrá que resolver será la Cámara de Casación. Todo ese proceso se demorará algunos meses.”

¿2007 o 2008?

En el último tiempo, la jueza dio vista a las partes para que se pronuncien ante la elevación a juicio. Varios defensores presentaron nulidades, pero Crotto las rechazó. El dictamen final de la jueza, llevando el caso a juicio oral, estaría listo en febrero. Puede haber letrados que apostarán a la dilación. Por ejemplo, intentarán apelar los rechazos que existan a las nulidades y buscarán llegar nuevamente a Casación con alguno de sus planteos. No les será fácil, pero podrían intentarlo para seguir demorando el juicio. José Iglesias, abogado y padre de una víctima, cree que la elevación se hará en marzo o abril.

Al final del proceso quedará un tribunal oral integrado por tres jueces que llevarán adelante el juicio. Algunos abogados que participan en el caso Cromañón fueron consultados por este diario y el cálculo es que, con viento a favor, a mitad de año puede haber un tribunal oral a cargo del proceso.

La preparación del juicio oral también llevará su tiempo. Por ejemplo, en un caso complejo como el de Cromañón habrá un larguísimo listado de testigos, cuya dirección debe ser confirmada y enviadas las citaciones. Los letrados que quieran retardar las cosas lo máximo posible pedirán muchas medidas de prueba previas al juicio, en lo que se llama instrucción suplementaria. Sin embargo, son los jueces los que deben decidir qué medidas consideran que ya se hicieron, cuáles son innecesarias y cuáles deben concretarse.

Para dar una idea de los tiempos, el ex juez Juan José Galeano elevó a juicio la causa AMIA en febrero de 2000 y la primera audiencia se realizó en septiembre de 2001. Pasaron 18 meses. En el caso de las muertes que se produjeron en diciembre de 2001, cuando cayó Fernando de la Rúa, todavía se están tratando las nulidades y los planteos en contra de la elevación a juicio.

Entre los abogados y jueces consultados por Página/12 no hay unanimidad. Algunos dicen que se llega a hacer la primera audiencia antes de fin de año y otros creen que el juicio recién se hará en 2008. Iglesias afirma que “si las cosas se hicieran correctamente, en la segunda mitad de 2007 podríamos empezar el juicio. Pero en la Argentina no existe nada previsible, nada racional, y menos en la Justicia”.

Perspectivas

La situación actual de todos los involucrados es la siguiente:

- Omar Chabán es el único que está preso, alojado en el penal de Marcos Paz. Sus allegados le contaron a este diario que sufre una fuerte depresión a raíz de las fiestas de fin de año. Reacciona encerrándose en sí mismo. No habla con nadie, no recibe visitas, no llama a nadie por teléfono. Su expectativa es que el Tribunal Oral que le toque acepte cambiar la calificación de estrago doloso, que significa provocar un incendio, aunque en su caso por no haber tomado las medidas necesarias pese a los conatos de incendio que hubo en tres oportunidades anteriores. El objetivo es que califiquen el delito como estrago culposo (sin intención), con lo que trataría de conseguir la libertad. No le será fácil. Los jueces sostienen que Chabán mantuvo cerrada una puerta clave con candado y que metió mucha más gente que la permitida en el local, dos factores que fueron decisivos en el incendio y en las muertes posteriores.

- Los integrantes del grupo Callejeros están en libertad, pero también afrontan la acusación por estrago doloso, debido a que los jueces de la Cámara del Crimen, Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich los consideraron coorganizadores del recital e incitadores del uso de pirotecnia. Una de las estrategias de su abogado, Eduardo Guarna, será diferenciar las responsabilidades: es difícil sostener que los seis músicos, el manager y el escenógrafo participaron de todas las decisiones y son igualmente culpables. La otra estrategia también está clara: buscar cambiar el estrago doloso por el culposo. Este último tiene penas que van hasta los cinco años de prisión; el estrago doloso, en cambio, puede llevar a un culpable a un máximo de veinte años de cárcel.

- Otros procesados, pero que en están en libertad, son los comisarios Carlos Rubén Díaz y Miguel Angel Belay y el subcomisario Gabriel Ismael Seval. A todos ellos se les imputa cohecho pasivo, que significa recibir coimas. Los policías permitieron, a cambio de dinero, el ingreso masivo de personas a los recitales en Cromañón, entre ellos el de Callejeros, en cantidades muy por encima de la cifra autorizada por la habilitación.

- Los funcionarios de la ciudad procesados son la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fizbin, su segunda, Ana María Fernández, y el director de Fiscalización y Control, Gustavo Torres. Se los acusa de un delito muchísimo más leve: incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena es de hasta dos años de cárcel. Los integrantes de la Cámara del Crimen rechazaron toda vinculación entre los funcionarios y las muertes. El razonamiento es que una cosa es omitir o cometer errores en las inspecciones y otra cosa es provocar las muertes. Estas –según los magistrados– tienen que ver con acciones directas como el mantener la puerta de emergencia cerrada con llave, permitir el ingreso excesivo de personas o fomentar el uso de pirotecnia.

- El ex secretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López, fue sobreseído en la causa Cromañón. El concepto es que las personas que están en la parte más alta de pirámide de administración no pueden ser responsables penales de los que, por ejemplo, omiten o cometen errores en el control de los boliches. Ese sobreseimiento está apelado y la Cámara de Casación tiene pendiente expedirse.

- También Aníbal Ibarra fue sobreseído por la misma razón. Ese sobreseimiento fue apelado y Casación también debe resolver. Parece difícil que la Justicia revea esas decisiones.

- Está pendiente lo que podría denominarse como la causa por presunta mala praxis. Familiares de las víctimas acusan al SAME y al aparato de emergencias sanitarias de la Ciudad de haber incumplido su trabajo, señalan la falta de tubos de oxígeno para evitar las intoxicaciones con cianuro y las muertes por asfixia inhalatoria del monóxido de carbono que produjo el incendio del techo acústico que existía en el local. Existe una pericia del Cuerpo Médico Forense que señala que la actuación del SAME fue correcta, pero la jueza Crotto está trabajando en esa parte del expediente y tiene que decidir si hay o no procesamientos y por qué delitos. Los familiares de las víctimas insisten en que hubo abandono de persona.

- Tampoco está terminado otro núcleo importante de la causa Cromañón: determinar quién o quiénes tiraron las bengalas que fueron decisivas en el desastre. Hay identikits, algún indicio, se habló de internas entre las barras de adherentes a Callejeros, incluso Chabán dice que todo fue un atentado, o sea que hubo intención de provocar el incendio a raíz de esa interna entre las barras. Por ahora, judicialmente siguen sin estar identificados los que tiraron las bengalas.

- Por último, falta evaluar la responsabilidad de los dueños del predio en el que funcionaba Cromañón. El local era administrado por Chabán, pero el hecho de que la habilitación fuera trucha, con planos falsos –algo que está comprobado por una pericia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires– permitió que el boliche funcionara con puertas de emergencia más chicas de las necesarias y autorización para que ingresara demasiada gente. El local nunca debió haber sido habilitado.

Por supuesto que no son pocos los que quieren que todos los aspectos del caso Cromañón se ventilen en un solo juicio e insisten en esperar lo que haga falta. Están los que sostienen que si se juzga a Chabán, Callejeros y los policías, pero no a los funcionarios, será una ventaja para éstos. Del otro lado, están quienes afirman que, de una vez por todas, el juicio se tiene que hacer y que la Justicia no se puede demorar más.