La Justicia federal argentina pedirá hoy por escrito a la Audiencia Nacional española el traslado al país y “para su juzgamiento” del ex policía Rodolfo Almirón, detenido en España y acusado de liderar la organización de la ultraderecha peronista conocida como Triple A. El juez argentino a cargo de la causa, Norberto Oyarbide, adelantó la semana pasada que “en los próximos días” hará lo mismo con el expediente de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón. También evalúan hacer el juicio en España.

Rodolfo Almirón es el ex policía, señalado como el cerebro operativo de la Triple A, que fue localizado en un pueblo de España y fotografiado por un equipo de periodistas del diario El Mundo. Está detenido desde el 28 de diciembre con los trámites de extradición en suspenso. El juez Norberto Oyarbide cree que es responsable de un doble homicidio y asociación ilícita, por su participación en la organización liderada por José López Rega, el esotérico secretario privado de Juan Perón y ministro de Gobierno de su viuda.

A pesar de que Almirón está detenido desde entonces, su futuro todavía es incierto. La Audiencia Nacional debe analizar la causa en los próximos días a partir de los documentos que envíe Argentina. Según los acuerdos binacionales de extradición, España debe recibir el pedido de Oyarbide a través de un trámite oficial con la documentación del auto de procesamiento o de los cargos que le imputa para decidir con elementos firmes si acepta o rechaza la extradición.

Para cumplir con los requisitos, el viernes pasado el juez Oyarbide le dictó la prisión preventiva a Almirón. Lo mismo hizo con Isabel Perón y los otros dos ex policías federales: Juan Ramón Morales y Miguel Angel Rovira, ambos vinculados a la causa pero detenidos y con prisión domiciliaria en Argentina. Para el juez, los tres ex policías fueron instigadores y partícipes necesarios de los crímenes de la Triple A, hechos declarados delitos de lesa humanidad y por lo tanto, imprescriptibles.

“Existe semiplena prueba” –dijo– del rol de “activa y decisiva participación” que los acusados tuvieron como miembros de la custodia personal de López Rega.

Ahora debe remitir los fundamentos a España para la extradición de Almirón. En su caso, el juez lo acusó de integrar una asociación ilícita y de instigador y partícipe necesario de una decena de homicidios, entre ellos los de Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curutchet, Julio Troxler y Silvio Frondizi.

La situación de la viuda de Perón también podría tener novedades en los próximos días. Con el auto de procesamiento cerrado y terminado, Oyarbide prepara ahora el material para enviar el pedido de extradición a España. Isabel Martínez está con libertad condicional en el marco de dos procesos judiciales. Uno lo sigue la justicia federal de Mendoza, que la entiende como partícipe del secuestro forzado de dos personas en febrero de 1976, una de las cuales aún continúa desaparecida. El otro proceso es la investigación de la Triple A de Oyarbide.

Una de las claves de su causa es una reunión de gabinete de la que participaron Isabel y el ex ministro de Bienestar Social, José López Rega. Según los testigos, en la reunión se mencionaron los nombres de aquellos funcionarios y opositores que luego aparecieron muertos. Aunque las fechas y el contenido de la reunión aún son materia de discusión, el dato le permitió a la Justicia anudar la causa a la figura de Isabel Perón, no así a la de su marido.

Después de los intensos debates que desató la reactivación del caso entre peronistas y extraperonistas, el juez Oyarbide salió a aclarar en los últimos días que no tenía “ningún tipo elemento contra Perón”. Varios datos habían dado pie a imaginar una opción distinta en la última semana. Entre ellos, la discusión de fechas en torno de la reunión de gabinete y el momento del comienzo de los crímenes y atentados. El radicalismo recordó en los últimos días el caso del atentado al senador de su partido Hipólito Solari Yrigoyen, en noviembre de 1973. Aunque los radicales recordaron el dato no en el marco de la causa de Oyarbide, sino en la de Mendoza. Es allí donde puede abrirse la investigación sobre el general. El juez Héctor Acosta convocó al ex presidente Raúl Alfonsín para averiguar si el gobierno radical pudo haber estado limitado por el PJ para investigar a los responsables de la Triple A. Alfonsín aún no concurrió pero le envió un escrito adelanto su posición, que deja ver que el accionar de la Triple A comenzó, dijo, “con anterioridad a la presidencia de María Estela Martínez de Perón”.