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El asesinato de los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki ya tiene dos culpables. El comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron acusados ayer por la fiscalía que investiga la represión en Avellaneda, que los señaló como coautores de ambos asesinatos y pidió su prisión preventiva ante la jueza Marisa Salvo. La resolución señala que los policías tiraron a matar con municiones de plomo, “aprovechándose del marco institucional organizado en el que se desempeñaban” y de la situación de “total indefensión” de los manifestantes. Al oficial Carlos Quevedo y al cabo Lorenzo Colman les imputaron “encubrimiento agravado”.
Los fiscales Juan José González y Adolfo Naldini determinaron que el disparo que mató a Santillán salió del arma de Acosta, pero consideran que tanto él como Fanchiotti son responsables por igual. “Actuaron, por lo menos ellos dos, conjuntamente”, dijeron a Página/12 allegados a la causa. Imágenes televisivas, fotos, pericias y testimonios permitieron llegar a esa conclusión. En el caso de Kosteki la fiscalía de Lomas de Zamora no pudo establecer cuál de los dos uniformados tiró la bala mortal: “En las filmaciones aparecen ambos disparándole a la vez a unos 40 a 60 metros de distancia”, precisó uno de los investigadores.
Pero el cargo de “doble homicidio agravado por alevosía” no es el único que pesa sobre esos dos policías. También les atribuyen “doble homicidio en grado de tentativa” por las heridas con postas metálicas sufridas primero por Aurora Cividino, en Hipólito Yrigoyen y Mitre, y luego por Miguel Angel Paniagua, que estaba a un metro de Kosteki a la altura del supermercado Carrefour. Los policías corrieron de un lado al otro, según describió la fiscalía, corroborando así que hubo una cacería. “Dispararon sus escopetas hacia los manifestantes con cartuchos con municiones de plomo, con la finalidad de dar muerte a las personas que se encontraban frente a ellos, quienes sin oponer resistencia (y desarmados) corrían dándole la espalda a los imputados”, sostuvieron González y Naldini. Están convencidos, además, de que hubo una limpieza absolutamente intencional de las pruebas que podían complicar a los bonaerenses. Con ese punto está vinculada la acusación de encubrimiento contra Quevedo y Colman.
Fanchiotti, que pertenecía a la comisaría primera de Avellaneda y estaba a cargo del operativo policial el 26 de junio, es el mismo que aquel día justificó la represión ante las cámaras televisivas. “Actuamos porque esa gente iba dispuesta a combatir”, culpó a los piqueteros. “Nos dimos cuenta por sus cánticos”, fue su argumento. Cuando declaró ante la Justicia dijo que sólo usó balas de goma, apuntó a su compañero Acosta, y cuestionó al gobernador Felipe Solá quien, dijo, después de felicitarlo lo habría “mandado a detener”. A través de su abogado Eduardo Brude, pidió que lo trasladen para presenciar mañana una pericia balística.
La situación de los cuatro policías –detenidos desde fin de junio– deberá ser resuelta por la jueza de garantías de Lomas de Zamora Marisa Salvo, que tiene cinco días de plazo para eso. En los Tribunales ayer daban casi por hecho que refrendaría los argumentos de la fiscalía. En la causa hay dos policías de la comisaría primera prófugos: el sargento Carlos Leiva, acusado de homicidio, y el oficial Mario de la Fuente, por encubrimiento. Ambos actuaron de civil, mezclados en la multitud y fueron señalados por este diario.
Los investigadores no pudieron establecer aún “si el acuerdo entre Fanchiotti y Acosta fue previo o se produjo en el momento”, pero aseguran que siguen rastreando esa y otras pistas, entre ellas la actuación de la Prefectura. Los abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que representan a los piqueteros, esperan –con poco optimismo– “que se investigue hacia arriba, para determinar cómo se organizó esta cacería, incluso desde el Poder Ejecutivo”.