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La interminable saga del corralito tendrá un nuevo capítulo. El Gobierno se dispone a relanzar el programa de canje voluntario de depósitos por bonos, según reveló ayer Roberto Lavagna en una reunión con senadores justicialistas. El ministro confía en que los bancos extranjeros que jugaron en contra del plan que cerró la semana pasada cambiarán de actitud, ante la evidencia de que no se entregarán títulos públicos de manera compulsiva. Lavagna estima que un importante número de ahorristas dudó hasta último momento en tomar un bono debido a las múltiples versiones que circulaban mientras estaba habilitada la opción y que muchos de ellos estarían dispuestos a ejercerla si se les diera una nueva oportunidad. De ese modo, se cumpliría holgadamente con la proyección de adhesión al canje trazada en el programa monetario, y habría un principio de solución al problema del “corralón”, es decir, al stock de plazos fijos reprogramados que deben comenzar a pagarse el año que viene.
Pero la mayor preocupación del equipo económico es la salida de depósitos por los amparos judiciales. El secretario Legal y Administrativo de Economía, Eduardo Pérez, estudia diferentes alternativas para reforzar la Ley Tapón, ya que la norma resultó insuficiente para frenar el goteo. “Estamos buscando algún instrumento que nos permita fortalecer la ley en los aspectos que la han hecho cuestionable en la Justicia. Queremos darle elementos a la Corte Suprema para que no la declare inconstitucional”, precisó un funcionario del Palacio de Hacienda a Página/12. La posibilidad que parece más firme es la sanción de un decreto que selle el corralito contra los amparos, aunque también se analiza insistir con una ley correctiva.
Lavagna impulsa esta solución al “problema” de los amparos porque las negociaciones con la Corte Suprema para que falle en favor de los bancos están trabadas. El Gobierno no puede garantizarles a los ministros del tribunal que terminará con el trámite del juicio político, debido a que no cuenta con los votos suficientes en el Congreso, y sin ello, no consigue el favor de los magistrados para que resuelvan el tema.
La comisión de “notables” del FMI advirtió en cada una de las reuniones que mantuvo desde el domingo que la mayor amenaza al programa monetario es la salida de dinero de los bancos por orden judicial. También lo hizo el jefe de la misión del organismo, John Thornton.
Otro tema central en las negociaciones con los delegados del Fondo es la resolución del corralito y el corralón. Lavagna buscó ayer apoyos en el Congreso para fortalecerse en vista de su pelea con el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli. Se reunió con diputados justicialistas, radicales y del Frepaso y con senadores del oficialismo. En este último encuentro reveló que habrá una segunda ronda de canje de depósitos por bonos, que se anunciará en breve, aunque no precisó la fecha. Serán los mismos títulos que se ofrecieron hasta la última semana. La respuesta de los legisladores fue favorable para el ministro, pues le dijeron que están de acuerdo en que los bancos deben tener un rol activo en la búsqueda de soluciones al corralón en lugar de presionar por un bono compulsivo.
En cuanto al corralito, Lavagna explicó su plan –revelado ayer por este diario– de una apertura gradual de las cuentas a la vista. El ministro pretende aguardar hasta fin de agosto para ver la evolución del programa monetario y, si se cumplen los objetivos propuestos, elevar a 2000 pesos el límite de retiro de dinero de cajas de ahorro y cuentas corrientes, para llevarlo a 3000 al mes siguiente y así sucesivamente.
El senador Ricardo Gómez Diez expuso en el encuentro con Lavagna un proyecto de ley de su autoría para fomentar una negociación descentralizada entre los bancos y sus clientes. “Cada entidad debe negociar con sus ahorristas un mecanismo de devolución de los plazos fijos reprogramados”, explicó el legislador a este diario. La idea es establecer parámetros para el reintegro de los depósitos por edad del cliente o por monto del plazo fijo. Cada entidad financiera debería armar su propio plany exponerlo a la voluntad de los ahorristas. En caso de que la mayoría lo aprobara, la minoría debería aceptarlo. Todo esto se haría bajo el paraguas de una ley que permitiría la negociación e impondría estas reglas. Lavagna está pensando en un mecanismo de este tipo para después de que concluya el próximo plan para optar por bonos.