“Eran las siete y cuarto, siete y media. Al enterarme de los saqueos salí de mi casa, caminé dos cuadras y me paré en la esquina de las calles Cristianía y Maciel. Ahí había unas siete personas, a quienes conozco del barrio. Junto con Damián, me quedé mirando lo que pasaba. Vi todo: el Tano Mazzi dio un escopetazo y Joulie, el custodio, disparó un arma pequeña.” Raquel Arrieta vio caer a su hijo de 14 años con un balazo en la cabeza. Su testimonio fue uno de los que inauguró el primer juicio oral por dos de los 39 asesinatos ocurridos durante el estallido de diciembre de 2001. Por los homicidios de Damián Ramírez y Ariel Salas, ocurridos en Ciudad Evita en medio de los saqueos, hay cuatro acusados en el banquillo. Uno de ellos, el ex prefecto Bernardo Alonso Joulie, aceptó declarar ayer, dijo que es inocente y atribuyó los disparos a su ex jefe, el empresario Luis Mazzi.

Mazzi es un conocido empresario de la zona, dueño de siete locales. Joulie era su guardaespaldas. Están acusados del doble homicidio, y por las lesiones y el intento de matar a dos personas, una que recibió una perdigonada en una pierna y otra herida con un tiro por la espalda. También son juzgados otros dos comerciantes: Enrique Maguicha y Rafael Orellana. Los cuatro estaban en la esquina que señaló Arrieta. “Los conozco. Fui clienta de la mueblería de Mazzi y del supermercado de Maguicha. Durante los saqueos a ellos no les tocaron nada”, dijo la mujer a Página/12.

El juicio transcurre en el Tribunal Oral 3 de La Matanza, donde un nutrido grupo de familiares y amigos de las víctimas se concentraron desde temprano. Hasta entrada la noche declararon testigos presenciales y sobrevivientes de la balacera, que comprometieron a los cuatro imputados. Tres policías que llegaron en el momento de los crímenes y secuestraron cartuchos señalaron que la gente del vecindario no tenía armas. Sobre el final del día habló Joulie.

“Lamento lo sucedido, las cosas no tenían que haber sido así, no era necesario disparar contra la gente”, dijo el ex agente de la Prefectura ante los jueces, según reprodujeron varios de los presentes. Joulie dijo que tenía una escopeta, pero aseguró que Mazzi se la sacó. Le atribuyó los disparos con esa arma y con una pistola nueve milímetros, que en determinado momento –dijo– le pasó a su esposa. “Hay que tomar esta declaración con precaución. Puede estar tratando de mejorar su situación procesal, muchas de las cosas que dijo no coinciden con lo que hay en el expediente”, dijo el abogado Alejandro Bois, que representa junto con Paula Squassi a los familiares de los dos jóvenes asesinados.

Para Mazzi, el juicio empezó con un revés. Su abogado, Miguel Angel Pierri, pidió que le devolvieran el beneficio del arresto domiciliario, que perdió la semana pasada por haber salido de su casa. Pero los jueces Jorge van Estaden, Diana Volpicina y Liliana Logroño rechazaron el planteo y tendrá que seguir preso en la Unidad 29. Tampoco aceptaron otro pedido suyo para anular una declaración que él mismo prestó durante la instrucción de la causa y que lo comprometía. Allí admitía haber disparado, luego de aclarar que la apuntó al piso.

A Damián Ramírez los mató un proyectil que, por las características de la herida y la distancia, se estima que fue de una pistola 9 milímetros. Joulie tenía una arma de ese tipo, pero aún no está claro quién efectuó el disparo. Ariel Salas, de 30 años, tenía en la cabeza y en el pecho más de treinta perdigones de escopeta. Al entrar a tribunales, su papá, Juan Domingo Salas, contó que el 19 de diciembre, “por los disturbios, Ariel salió dos horas antes del taller de alhajas donde trabajaba en la Capital Federal”. Al bajar del colectivo 180, camino a su casa, lo sorprendió la andanada de balas. “Mi hijo no era un saqueador”, enfatizó el hombre. Hoy desfilarán testigos de las dos partes y de la fiscalía.