El Gobierno transformará el Hospital Francés en un centro especializado para la tercera edad que funcionará bajo la órbita del PAMI. Para ello girará al Congreso un proyecto de ley de expropiación que ya fue firmado por el presidente Néstor Kirchner. “Es la forma más rápida para dar una solución definitiva y para resguardar al Estado del pasivo de 250 millones de pesos que tiene el hospital”, explicó la titular de la obra social de los jubilados, Graciela Ocaña.

Con el proyecto ya aprobado, los trabajadores del Hospital Francés pasarán a depender del Estado nacional, con el mismo sueldo y la antigüedad. De no haber capacidad para mantener a todo el personal dentro del centro sanitario, serán redistribuidos a otras dependencias, de acuerdo con lo indicado por Ocaña.

Durante una rueda de prensa, la titular del PAMI también informó que los 16.500 afiliados que todavía continúan en la obra social del Francés (Cefran) tendrán “garantizada” la asistencia sanitaria por parte del Estado.

Dado que meses atrás el Gobierno había anticipado que el proyecto de ley saldría para el Congreso en marzo, la demora había generado inquietud entre los afiliados al Cefran, que ya se habían convocado en una asamblea de afiliados. El grupo le había enviado un petitorio a Ocaña reclamando que se normalizara cuanto antes y terminar con su sensación de “gran incertidumbre”.

Por otro lado, la medida dada a conocer ayer por el Gobierno se produce luego de que los trabajadores llevaran adelante un largo plan de lucha para preservar sus fuentes de trabajo, tras el quiebre del hospital. “Hay un antes y un después: de todo lo posterior a la expropiación se hace cargo el Estado, que va a pagar lo que fije el Tribunal de Casación”, señaló Ocaña, quien además confirmó que la causa de vaciamiento de la institución seguirá adelante para determinar a los responsables de la misma.

“Esta es una solución definitiva al problema prestacional, a la atención hospitalaria y a la fuente de trabajo”, consideró Ocaña y reiteró, una vez más, que de esta manera el PAMI absorberá a sus trabajadores, a los que se les reconocerá la antigüedad.

En la actualidad, el Hospital Francés continúa funcionando con el aporte de un subsidio de 2,3 millones de pesos mensuales del Ministerio de Trabajo, para el pago del 70 por ciento de los salarios de los trabajadores, y de otros 2 millones de la cartera de Salud para la compra de insumos.

Luego de la expropiación y la inversión para su reactivación, el PAMI aspira a sumar unas 250 camas de internación para sus afiliados, además de disponer de unos 60 consultorios externos para la atención de 8 a 20. Ocaña recordó que en los últimos cuatro años, por la crisis en el sistema de salud, la obra social de jubilados y pensionados perdió 480 camas disponibles en la Capital Federal.

“Creemos que este hospital va a poder fortalecer al PAMI, básicamente porque a raíz de la crisis que ha vivido la Argentina la salud no ha sido ajena y muchas de las instituciones que han brindado servicios a PAMI dejaron de prestarlo”, agregó Ocaña.

La firma del proyecto de expropiación, que ahora deberá analizar y aprobar el Congreso, fue realizado durante una reunión que Kirchner mantuvo con Ocaña; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Salud, Ginés González García.

Del encuentro también participaron los secretarios de la Presidencia, Oscar Parrilli, y de Legal y Técnica, Carlos Zannini; además de los integrantes de la comisión asesora, el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Sylvestri Begni, de la periodista Fanny Mandelbaum y el representante de la Red Solidaria, Juan Carr.

“La iniciativa será bienvenida por todos los bloques (legislativos), por lo que no habría mayores inconvenientes para que sea aprobada el mes próximo”, señaló la diputada kirchnerista Mercedes Marcó del Pont, quien también dijo presente en los encuentros junto a los interventores del Hospital Francés, Carlos Castrillón y Luis Brusco; y el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Alfredo Buzzi. Además hubo representantes del estudio que armó la ley de expropiación y el ex fiscal e interventor de Santiago del Estero, Pablo Lanusse.