El titular de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, recusó a cinco miembros kirchneristas del Consejo de la Magistratura y al representante de los abogados, Santiago Montaña. Son casi la mitad de los integrantes del organismo donde tramita el pedido de juicio político que compromete al camarista y a tres de sus compañeros de tribunal, acusados de obstaculizar las causas contra represores por crímenes de lesa humanidad. Bisordi fue personalmente a explayarse ante el plenario de consejeros y, de entrada, atribuyó el pedido de destitución en su contra a una “maniobra del Gobierno”, de quien se considera, dijo, “enemigo política e ideológicamente”. “Quieren sacar de Casación a los jueces que no les son afectos y que serían independientes en las causas de corrupción que se avecinan”, interpretó el juez, en alusión al caso Skanska. “El Presidente es el enemigo número uno mío”, exclamó.

Bisordi se tomó licencia médica a fin de marzo, unos días después de que 61 familiares y sobrevivientes de la última dictadura militar pidieron su destitución ante el Consejo de la Magistratura, al igual que la de sus colegas Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi. En este tiempo libre escribió un descargo de 99 páginas donde toma prestados los argumentos que usó la defensa del ex juez supremo de la mayoría automática Antonio Boggiano en el juicio que terminó en su destitución. “Una vez que el presidente Kirchner consiguió tener la Corte que él quiso, decidió pasar a la ofensiva para pasar a disciplinar al segundo tribunal federal en importancia: la Cámara de Casación”, se queja Bisordi, quien se posiciona como víctima “cínico acto de linchamiento”.

El pedido de juicio político contra Bisordi y compañía se basa en la existencia de más de doscientos recursos judiciales sin resolver en Casación, que impiden que las causas por los crímenes del terrorismo de Estado –como ESMA, Primer Cuerpo de Ejército, Plan Cóndor y Campo de Mayo– lleguen a juicio oral. Los denunciantes acusan a los jueces de dilatar las resoluciones para favorecer a los imputados, pero también de haber flexibilizado su criterio en materia de excarcelaciones con el único interés de devolver la libertad a los represores en base a razonamientos que años atrás nunca aplicaban a delitos comunes. El presidente Néstor Kirchner retomó el tema al hablar en el aniversario del golpe: pidió celeridad y cuestionó directamente a los jueces de Casación.

Bisordi llegó ayer muy temprano al Consejo de la Magistratura para esquivar escraches. Allí, a sala llena, calificó como “una canallada” su pedido de destitución. Dijo que fue una “denuncia urdida por los organismos de derechos humanos con la diputada (Diana) Conti y el diputado (Carlos) Kunkel”. Conti y Kunkel son representantes kirchneristas en el Consejo de la Magistratura. Ella preside la Comisión de Acusación y de entrada dijo que le veía sustancia a la presentación. Los denunciantes esperan justicia hace más de veinte años. Semanas atrás, Bisordi culpó a los organismos de derechos humanos por las demoras en las causas, pero el propio tribunal lo desmintió cuando de repente –ya después de la denuncia– resolvió más de un centenar de recursos.

Después de explicitar su enemistad con el Gobierno, Bisordi lanzó: “No le tengo miedo a Kirchner”. Para él, todo –o buena parte– se reduce a una intención presidencial de “quedar bien con los Montoneros”. “Nunca me van a perdonar que los haya perseguido penalmente”, dijo en alusión a su papel como secretario de la Procuración General en los albores de la democracia. Reconoció como una “expresión infeliz” de su parte haber llamado “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, una sobrevivente de la ESMA, pero al instante lo ratificó. “Me faltan nueve meses para irme. No los he molestado, no los voy a molestar, lo que pasa es que pueden llegar causas por corrupción”, insistió.

Cuando Bisordi llevaba casi media hora hablando, la consejera Conti, sentada a su derecha, lo interrumpió y dijo: “Para hablar de política, que se vaya a otro lado”. El discurso duró unos pocos minutos más. El juez hizo notar la ausencia de Kunkel en el plenario. “No vino porque seguramente no podría sostenerme la mirada... Kunkel es el hombre que me mandó a apretar con que me van a mandar al a SIDE”, dejó picando. Por la tarde, la Comisión de Acusación resolvió hacer una denuncia penal con ese comentario, para que se investigue la supuesta persecución al camarista.

Por escrito, Bisordi especificó que sus razones para recusar a los seis consejeros se basan en “enemistad manifiesta”. A Conti la describe como el “camaleón político que exhibe el típico furor de los conversos”. A Kunkel lo llama “el otro comisario del kirchnerismo en la Magistratura”. A los senadores Nicolás Fernández y María Laura Leguizamón y a la secretaria de Justicia, Marcela Losardo, los recusó por estar encolumnados con el Gobierno. Al abogado Santiago Montaña, por reportar al Colegio Público de Abogados, que compartió “los términos de la denuncia”. La Comisión de Acusación tiene hasta el miércoles para expedirse sobre las recusaciones, que luego pasarán a ser resueltas por el plenario. Nadie cree que prosperen, parece más bien –dicen– una estrategia de Bisordi para distraer el rumbo o dilatar su enjuiciamiento.

Diga lo que diga Bisordi, el propio presidente del Consejo, el abogado Pablo Mosca –que no figura entre los recusados–, advirtió que aquellas “cuestiones ideológicas” que generen demoras en una causa pueden ser motivo para destituir a un juez por “mal desempeño”.