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Nada de “corralito”: “cerrojo”.Así calificaron ayer los presidentes de los Colegios Públicos de Abogados y de Escribanos la medida que impide que los ahorristas puedan disponer libremente de sus depósitos. Lo hicieron en una acción de amparo destinada a liberarse de las nuevas reglas económicas impuestas primero por Domingo Cavallo y Fernando de la Rúa y ahora reforzadas por el gobierno de Eduardo Duhalde.
El titular del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Atilio Alterini, y su par de Escribanos, José María Fernández Ferrari, hicieron la presentación ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 10, a cargo de la magistrada Liliana Heiland ante las trabas al desempeño del trabajo de abogados y escribanos que imponen las nuevas normas.
“Realizamos actividades asimilables a la actividad empresaria como prestadores de servicios. Ahora nuestras cuentas quedaron cerradas con cerrojo y no podemos disponer, ni siquiera con cheques, de dinero necesario para gastos, pagos al fisco y obligaciones con nuestros clientes”, explicó Alterini. La presentación judicial, que apunta a dejar sin efecto la resolución 9/02 que estableció la nueva modalidad del “corralito”, pide además que “los fondos de escribanos y abogados sean transferidos a una cuenta corriente y se puedan utilizar mediante cheques”.
La jueza que quedó a cargo de esta presentación, Heiland, ordenó ayer que el Estado nacional permita que Silvina Mas, despedida de su trabajo, pueda percibir en efectivo el importe de su indemnización laboral, depositado en una caja de ahorro en pesos. “Los salarios, los sueldos, como los haberes jubilatorios y de pensión, poseen un carácter alimentario y por su propia esencia están destinados al consumo. No se trata de una ahorrista sino de un trabajador que sólo pretende cobrar su salario”, argumentó Heiland.
Por otra parte, los abogados Eduardo Barcesat y Roberto Boico, que habían pedido el juicio político de la Corte Suprema de Justicia, denunciaron ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino “con motivo de la continuidad y agravamiento progresivo del secuestro de los depósitos bancarios”.