Los postulantes a jefes de Gobierno porteño en las elecciones de mañana respondieron, sin excepciones, a la encuesta que desde el 2000 realiza –-antes de cada votación nacional o de la Capital Federal– la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), con la consigna “no vote a los/as candidatos/as que discriminan”. Todos respondieron en forma positiva –con matices– a las inquietudes planteadas en el cuestionario. Desde los postulados, todos están de acuerdo en incluir, en el marco de la Ley de Educación Sexual, que se considere “la diversidad sexual como un valor y la homo-lesbo-trans-fobia como un problema de discriminación”. Hubo coincidencias y algunas propuestas ante la iniciativa de la CHA de crear una oficina específica para casos de “violencia de género sufrida por gays, lesbianas, travestis, transexuales” y para que esa dependencia tenga la capacidad de promover acciones legales. Del mismo modo, avalaron la realización de “campañas públicas contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género” y la aplicación de programas “de inserción social” para travestis, transgéneros y transexuales obligados a prostituirse por la discriminación que les impide “la opción de tener otro trabajo”. También respondieron los primeros candidatos de los partidos consultados –mujeres y hombres– a legisladores porteños.

Marcelo Suntheim, secretario de la CHA, recordó que en los primeros años la encuesta cosechaba “con bastante frecuencia respuestas por el no a los reclamos de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales e intersexuales”. La tendencia cambió “después de 2002, con la aprobación de la unión civil, y desde el 2003, con el registro de uniones civiles”. En esta oportunidad, a diferencia de otros candidatos de derecha, los postulantes de PRO, encabezados por Mauricio Macri, respondieron en forma consensuada las cinco preguntas del cuestionario. Sin producir grandes definiciones, señalaron que es preciso “cumplir con la ley en vigencia” que habla “del respeto por la diversidad de valores en la sexualidad”.

Jorge Telerman consideró que es “importante implementar todos los mecanismos necesarios para evitar la violencia de género” y que “es fundamental que las instituciones que actualmente existen asuman con responsabilidad este problema que afecta a tantas ciudadanas”. Respondió así a la pregunta sobre la creación de una oficina para atender los casos de violencia contra “gays, lesbianas, travestis, transexuales e intersexuales”. En ese punto, Daniel Filmus anticipó que en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos creará, de llegar al gobierno, “un Consejo Asesor con la participación de las ONG que trabajan en esta temática para desarrollar programas y acciones integrales” que incluirán “el patrocinio jurídico gratuito”.

Desde el PRO, sobre el mismo tema, se afirmó que “la violencia no puede ser aceptada en ninguna de sus formas” y que piensan “fortalecer las áreas sociales y de salud, de atención, asesoramiento jurídico y acompañamiento de todas las víctimas de violencia de género”. Para Claudio Lozano, de Buenos Aires para Todos, es preciso rechazar la discriminación por ser “un mecanismo que produce desigualdad”. En ese sentido opinó que el protagonismo de las ONG en las políticas de Estado “es una clave elemental de cualquier gestión democrática que se precie de tal”.

El Partido Obrero, a diferencia de otras agrupaciones, sólo respondió en forma positiva a todas las propuestas de la CHA, sin formular comentarios. De todos modos, Suntheim recordó que “hay enunciados claros en las bases del PO acerca de la no discriminación”. Otros candidatos de la izquierda, como Patricia Walsh (MST), Christian Castillo (PTS) y José Castillo (Frente de Izquierda Socialista Revolucionaria), condenaron con dureza la discriminación y cuestionaron la actitud, en la práctica, más allá de los enunciados, de “políticos como Telerman, Filmus o Macri”.

César Ciglutti, presidente de la CHA, sostuvo que el objetivo de la encuesta es “difundir a nuestra comunidad las afirmaciones de los/as políticos/as sobre aspectos relacionados a la orientación sexual e identidad de las personas, elementos de peso a la hora de decidir” a quién votar. Suntheim puntualizó que los políticos quieren expresarse sobre el tema, más que en años anteriores, entre otras cosas porque “unas 250 mil personas, de una u otra manera, son visiblemente gays, lesbianas o travestis”. Agregó que, al margen del peso que tiene el voto de la comunidad homosexual, “hay que pensar que muchos heterosexuales apoyan nuestra causa y tienen en cuenta la opinión de los políticos sobre el tema al momento de dar el voto”.