Casi todos siguen en la función pública, como si nada hubiera pasado. A cinco años de la masacre de Avellaneda, quienes ocupaban altos cargos en el gobierno de Eduardo Duhalde no tuvieron ningún inconveniente en proseguir con sus carreras porque, si bien están acusados en la causa que investiga las responsabilidades políticas de aquella jornada represiva, el expediente “Ruckauf y otros s/homicidio” aún no ha arrojado resultados. Los investigadores creen que, de máxima, podrían llegar a hacer una acusación por instigación. Según los familiares de los piqueteros asesinados, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los “otros” responsables son Eduardo Duhalde, Juan José Alvarez, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasof, Carlos Soria, Oscar Rodríguez, Felipe Solá, Luis Genoud e incluso Aníbal Fernández (ver recuadro). Aunque el fiscal federal Miguel Osorio, a cargo de la investigación, no pierde su optimismo, los querellantes se mostraron desesperanzados.

“Frustración y decepción es lo que sentimos con Alberto Santillán, el papá de Darío”, sintetizó Pablo Solana, del Frente Popular que lleva el nombre de su ex compañero de militancia. “En concreto, después de cinco años, no hay perspectiva de juicio oral ni de que vayan a indagar a estos responsables”, agregó ante Página/12.

En junio de 2002 cuatro sectores duros del movimiento piquetero habían acordado cortar el puente Pueyrredón en reclamo de comida y planes sociales, y el gobierno amenazó con impedirlo. El clima venía enrarecido por las declaraciones del entonces canciller Carlos Ruckauf, quien había afirmado que “volvería a firmar con gusto el decreto de aniquilamiento de la subversión”, como hizo con Isabel Perón, en 1975. El abogado Marcelo Parrilli se basó en esto para hacer la denuncia que originó esta causa.

Por aquellos días, el ex jefe de la SIDE Carlos Soria mandó infiltrar un congreso piquetero que se hizo en el estadio Gatica de Avellaneda. “Hay que echar a patadas a Duhalde”, fue una de las consignas que se escucharon en el encuentro y que los funcionarios transformaron en la “prueba” que usarían en una denuncia por “tentativa de sedición”.

Tras el asesinato de Darío y Maxi, y cuando aún resonaban los tiros de la cacería a manifestantes por Avellaneda, Duhalde responsabilizó a los propios piqueteros de haberse “matado entre sí”, y anunció que tomaría medidas judiciales para investigar un “presunto complot tendiente a desalojar al presidente de la Nación”. Fue tarea del ex ministro de Justicia Jorge Vanossi redactar aquella denuncia que presentó al día siguiente. “Los sucesos de Avellaneda indican una escalada de acciones violentas que parten de la alteración del orden público y continúan con la pérdida de vidas humanas, amenazando, incluso, con el derrocamiento de los poderes constituidos”, decía la presentación que recayó ante el juez Norberto Oyarbide. Aunque el intento de sedición nunca fue comprobado, quedó claro que el gobierno de Duhalde había planeado culpar a las víctimas. Pero las fotos y filmaciones demostraron que las balas fueron de la policía, que no había ninguna inminente insurrección armada.

En los 9 cuerpos que ya tiene la causa por las responsabilidades políticas aún no fue incorporada la denuncia de Vanossi. Tampoco hay constancia de una reunión previa a la masacre entre Duhalde y sus ministros “para definir directivas a jueces para prevenir y dispersar protestas y piquetes”. Durante el juicio oral que condenó a los policías por la autoría material de los asesinatos poco pudo escucharse que sirviera para avanzar sobre quienes dieron las órdenes, a excepción de Soria, que afirmó que estaban frente a una “revolución” y que había que “frenarla”, y Horacio Jaunarena, que dijo que dentro del gabinete había un sector que estaba construyendo ese “freno a la revolución piquetera”.

Como ocurre en la causa por la masacre de Plaza de Mayo, aquí el desafío es transformar la responsabilidad política en penal, en la teoría de la acción por omisión, o determinar que fueron “posibles instigadores”. La Gendarmería, con cierta reticencia e incumplimientos, está realizando el cruce de 200 mil llamadas entre los funcionarios y los policías condenados. Según pudo saber Página/12, Duhalde declaró que no usaba celular. Y en los cruces apareció una misteriosa joven extranjera que mantuvo 17 conversaciones con el condenado comisario Alfredo Fanchiotti entre el 25 y el 26. Pero el origen de esas llamadas coincide con el barrio en que vivía el policía, según comentó un miembro de la querella. El fiscal interrogó a los secretarios de todos los funcionarios y pidió informes a organismos nacionales y provinciales sobre “directivas concretas” respecto de marchas piqueteras, pero no apareció nada significativo. Entre las causas que pidieron para estudiar, los colaboradores de Osorio obtuvieron un expediente similar que tramita en provincia que apunta a los responsables políticos bonaerenses, con Solá a la cabeza. Pero tampoco allí parece haber puntas de relevancia.

¿Cómo se decide reprimir? ¿Es una orden verbal o escrita? ¿Ambas o ninguna? En la fiscalía de Osorio son optimistas respecto de poder sentar un antecedente que sirva de freno al poder político a la hora de reprimir la protesta social. Sin embargo, les está resultando difícil encontrar elementos para probar judicialmente la responsabilidad de la cúpula del gobierno de Duhalde, que tuvo con aquella masacre su adelantado final.