Viernes, 29 de junio de 2007 | Hoy
EL PAíS › EL SERVICIO PENITENCIARIO SERIA DENUNCIADO POR TRABAR LA CAUSA SOBRE LOPEZ
La justicia federal de La Plata volvió a allanar el penal de Marcos Paz, donde están arrestados Etchecolatz y otros represores. Fuentes de la investigación señalaron que se obtuvieron los verdaderos números de teléfono de los sospechosos y los nombres reales de las visitas. Dicen que les habían entregado datos que no servían.
Por Adriana Mayer y
Alejandra Dandan
–¿Qué fueron a buscar? –Las líneas que usan: tenemos intervenidos teléfonos a los que no llama nadie desde hace meses –contestó un investigador de la causa por la desaparición de Jorge Julio López.
La justicia federal de La Plata allanó ayer por segunda vez el penal de Marcos Paz donde están detenidos 40 represores, entre ellos el ex comisario Miguel Etchecolatz, investigado por la desaparición del albañil que fue testigo en el juicio contra el represor. El operativo se ordenó porque la información que entregó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) “no cerraba”: omitió números de teléfonos clave para los cruces de llamadas y adulteró los datos de las visitas. Esos elementos darían origen a una denuncia judicial a cargo del juzgado federal de Arnaldo Corazza por supuestas irregularidades en la colaboración con la investigación. Así, tal como sospecha la Justicia y denuncian los querellantes, los represores de Marcos Paz no sólo gozan de privilegios, sino que sus movimientos estarían cubiertos por el SPF.
“Lo grave es que determinados presos manejan desde adentro cosas que pasan afuera”, dijo una alta fuente del caso.
El allanamiento empezó ayer a las diez de la mañana y se extendió hasta las 20.30. Participaron técnicos de Telefónica y unos 80 hombres de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, de la Policía Federal y de Operaciones y Contrainteligencia de la SIDE, de la comisión que investiga la desaparición de Julio López, a cargo del superintendente de seguridad bonaerense Hugo Matzkin.
Formalmente, la comisión se concentró en dos áreas: las oficinas administrativas del penal y el pabellón de los 40 detenidos por las causas referidas a violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. El allanamiento se realizó a pedido de Corazza y del fiscal Sergio Franco.
“Fuimos a buscar información porque no nos cerraba lo que nos había dado el SPF”, explicó una fuente de la causa. “Teníamos intervenidos teléfonos a donde no llamó nadie durante meses, y fuimos a buscar las líneas que usan los represores.” En sus palabras, “las llamadas que salen de los números asignados a ese pabellón no se corresponden con los teléfonos que intervenimos del otro lado”. Desde el Ministerio de Justicia, en cambio, aseguraron que “cada línea se corresponde con el teléfono declarado con anterioridad” (ver aparte).
La primera vez que se allanó Marcos Paz fue en marzo. El juzgado se llevó de la cárcel “muchas tarjetas” y números de teléfonos, pero no todo lo que necesitaba. En los meses siguientes se cruzaron los datos con el sistema VAIC e I2 y los resultados determinaron que faltaba información esencial: la línea real de salida por la que se habrían comunicado los represores con el exterior. Por eso se habría pedido el nuevo allanamiento
–¿Esto significa que hay que volver a hacer los cruces de llamadas? –preguntó este diario. Del otro lado, la fuente hizo un momento de silencio, y respondió:
–Es muy probable –adelantó–. Pero, además, esto podría dar origen a una denuncia contra el SPF.
Otro elemento de sospecha sobre el SPF, sería lo que encontraron en las oficinas. De acuerdo con la información, hallaron nombres “reales” de las visitas a los represores como si los datos informados hasta aquí por el SPF no hubiesen sido ciertos. “Tampoco nos cerraban las visitas que ellos estaban recibiendo.”
“Esto puede ser un avance por el desastroso rol del SPF cuando tiene que cuidar a represores, pero no es un avance en el caso López”, expresó la abogada querellante Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!
No es la primera vez que la cúpula de Marcos Paz queda en la mira de la causa. Este diario informó que el director de Seguridad de la cárcel, Hector Altamirano, consideraba a esos presos como “detenidos políticos” que por lo tanto merecían trato diferencial. El hombre fue relevado del cargo. Del procedimiento se deduce que algunos privilegios parecen seguir en pie. “En el mismo penal los presos comunes esperan ansiosos al domingo, mientras esta gente recibe visitas todos los días. Esto es grave, y está mal, pero mucho más importante –señaló un investigador– es que determinados presos manejen desde adentro cosas que pasan afuera.”
–¿Cómo la propia desaparición de López?
–Entre otras múltiples cosas que ocurren, están operando.
–¿Para qué? ¿Para entorpecer la investigación?
–Entre otras cosas.
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