Hay dos rasgos que han definido nítidamente a Claudio Uberti en su paso por la función pública. Uno es pertenecer al estrecho núcleo de los colaboradores de Planificación a los que el ministro Julio De Vido prodigaba una confianza férrea, en parte expresada por la delegación de fondos multimillonarios: en jerga coloquial, bien podría identificarse como “uno de sus hombres”. Pero más distintivo aún es que sus competencias siempre desbordaron a las que corresponden al ex responsable del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi).

Uberti es un santafesino que tejió vínculos con el ministro desde Santa Cruz, cuando trabajaba para la Dirección de Vialidad provincial y, según se jactó en más de una ocasión, militaba en una unidad básica justicialista “de sólo 2 metros por 4”, lugar mucho menos confortable que las espaciosas y remozadas oficinas que ocupó hasta ahora en el ámbito nacional.

Más allá del oscuro episodio que promueve su partida del Gobierno, Uberti podría quedar en los registros como el responsable de la primera privatización que realizó la administración kirchnerista. Fue en el año 2003, cuando vencían todos los contratos de concesión de rutas nacionales por peaje privatizadas durante Carlos Menem. Era ocasión de que estos caminos volvieran a ser operados por el Estado, como lo eran antes de que Roberto Dromi eligiera cómo transferirlas. Pero el camino fue otro.

Uberti comandó una segunda licitación, sobre un esquema distinto, en el que los nuevos adjudicatarios fueron limitados al mantenimiento de las rutas reprivatizadas, mientras que el Estado asumió la responsabilidad de ejecutar las obras de más envergadura. En dupla con Vialidad Nacional, el Occovi administró desde entonces un millonario presupuesto para la infraestructura caminera (364 millones de pesos en el Presupuesto 2007), que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, supo reforzar con cifras igualmente generosas a la hora de reasignar partidas.

Este hombre locuaz y activo también tuvo entre manos renegociar con los concesionarios anteriores el destino de una deuda multimillonaria a favor del Estado que habían contraído por incumplimientos contractuales. Ni el Occovi ni las empresas (núcleo que integraban constructoras del grupo Macri, Techint o Roggio) se ocuparon de hacer público el fin de esta historia que involucró sustanciosas acreencias estatales.

En el cumplimiento de estas misiones cosechó algún que otro sinsabor. La Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación objetaron desde la poca ecuanimidad implícita en la reprivatización de rutas hasta la falta de control en la que incurrió el órgano liderado por Uberti. Pero ni esto ni la investigación que encaró la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas por su negativa a brindar información pública sobre el organigrama del organismo o resoluciones no publicadas tuvieron consecuencia sobre el ahora renunciado colaborador del ministro.

La realidad es que Uberti era mucho más que un regulador, algo probado por su recurrente presencia en los viajes oficiales. No importaba si la misión oficial nada tenía que ver con la infraestructura vial. Igual estaba. En particular si había que cerrar alguna cuestión ligada con la relación económica con Venezuela, como los contratos para la venta de maquinaria agrícola que discutió en la cumbre de presidentes del Mercosur que se hizo en enero en Río. Con más atribuciones que si hubiera sido embajador ante Caracas, puesto que perdió en manos de Alicia Castro.