El Consejo de la Magistratura resolvió convocar a una auditoría para definir con qué plazos se manejó la Cámara de Casación Penal en las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Lo hizo luego del reclamo que presentaron los querellantes de esos procesos, quienes denunciaron que el tribunal demoraba las causas sobre violaciones a los derechos humanos para beneficiar a los represores. La auditoría tomará alrededor de un mes y, cuando termine, los consejeros podrán establecer un dictamen acusatorio.

Los jueces denunciados por obstaculizar los procesos, que llegaban al tribunal por apelaciones para beneficiar a los acusados, son Gustavo Hornos, Eduardo Riggi, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Alfredo Bisordi. Integran la Sala IV, especializada en temas militares. Un grupo de 61 querellantes en las causas los acusó por haber beneficiado a los represores con distintos métodos: el tribunal revirtió un criterio de excarcelaciones, que no permitía para delitos comunes, con el fin de darles la libertad a algunos represores. También demoró diversas causas: luego de que se reabriera la investigación de la ESMA, el tribunal pidió la totalidad del expediente.

En marzo, el presidente Néstor Kirchner se sumó al pedido en su discurso en el ex centro clandestino de detención La Perla. El primero en contestarle fue Bisordi, quien acusó al Gobierno de ir por su cabeza y se definió como “enemigo manifiesto de los querellantes”. Se trata del juez que llamó a la sobreviviente Graciela Daleo una “delincuente terrorista” y que tuvo un pedido de juicio político de la DAIA cuando favoreció a tres skinheads que habían sido condenados por golpear a un joven mientras lo insultaban con expresiones antisemitas. Actualmente está tramitando su jubilación.

Los otros camaristas también respondieron con una catarata de notificaciones de causas que tenían paradas desde hace tiempo. Y con una renuncia: la presentó Amelia Berraz de Vidal, que no había sido directamente acusada, ya que estaba excluida de intervenir por su amistad con los militares. Sin embargo, habían pedido que se la investigue.

Para determinar con mayor exactitud las demoras, el Consejo de la Magistratura decidió hacer la auditoría. La resolución fue votada por unanimidad por la comisión de acusación, que preside la diputada Diana Conti. Producirá un “informe documentado respecto del trámite que se ha otorgado a todas las causas individualizadas por los denunciantes, con expresa indicación de las fechas de recepción de los expedientes, fecha y contenido de las providencias y resoluciones y términos que han insumido las notificaciones y traslados”.

La propuso quien instruye la causa, el juez Luis María Cabral, planteando que se especifique además “el tiempo total de duración en todas las instancias”. Si comprueban con los datos que hubo intencionalidad de demorar las causas, el consejero podrá presentar un dictamen acusatorio.