El Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad suspender y mandar a juicio político al juez Guillermo Tiscornia, pese a sus intentos por evitarlo al imputar por contrabando y llamar a indagatoria a la ministra Nilda Garré cuando sabía que iban a acusarlo. Hasta el radicalismo y los magistrados que integran el organismo votaron por promover la destitución. El plenario sostuvo que hay pruebas de que gestionó una coima de 4 millones de dólares para sobreseer a una empresa y lo cuestionó por copiarse los argumentos textuales de los abogados defensores de un imputado. Completó el diagnóstico que pintó como un comportamiento “cuanto menos negligente” con cifras: la Cámara en lo Penal Económico le anuló 200 decisiones, le impuso dos multas, un apercibimiento, 17 llamados de atención y cuatro recomendaciones.

“Que le informen que tiene que dejar el juzgado ya”, ordenó la diputada kirchnerista Diana Conti, con el fervor que la caracteriza, en cuanto terminó la votación. La indicación intempestiva, toda una novedad en los usos y costumbres del Consejo, fue acatada por el secretario general, que al instante se levantó de su silla y fue a hablar por teléfono. La suspensión de Tiscornia es la primera que concreta el cuerpo de consejeros desde que fue reducido a trece integrantes mediante un polémico proyecto del oficialismo aprobado en el Congreso.

El plenario empezó pasadas las nueve de la mañana. La introducción corrió por cuenta de Conti, quien describió a Tiscornia como “una manzana podrida que no puede estar sentado en ningún juzgado del país”. Leyó los cinco cargos que incluye el dictamen acusatorio y que se resumen en la imputación de “mal desempeño”. “Este obrar del magistrado”, advierte el texto al proponer suspensión, “se viene reiterando desde hace diez años”.

El consejero-abogado Santiago Montaña, autor de la propuesta de enjuiciamiento, intervino para aclarar que su iniciativa fue ajena a la imputación que Tiscornia formuló contra Garré un día antes de que su dictamen pasara la primera aprobación en la Comisión de Acusación. Dijo que “45 días antes” todo el mundo sabía que estaba terminando el documento y hacia dónde apuntaba. La investigación, explicó, la había iniciado incluso el año anterior el consejero-diputado oficialista Carlos Kunkel.

El radical Federico Storani se sumó a la idea de que no hubo una represalia por la causa contra la ministra. La defensa de Tiscornia, dijo, “fue muy pobre” y los “cargos son graves”. “Nuestro voto”, agregó también en nombre de su correligionario Ernesto Sanz, “se debe a que encontramos mérito más que sobrado” para la suspensión, enfatizó ante este diario. “Hay que diferenciar: otra es la causa de contrabando, donde todavía está por verse qué hace el nuevo juez”, sostuvo.

La causa penal en la que quedó enredada Garré ahora tendrá otro magistrado, que deberá decidir si sigue adelante la indagatoria a la funcionaria fijada por Tiscornia para el 7 de septiembre, entre otras tantas medidas de la investigación sobre la venta de 6700 kilos de repuestos de fusiles a sólo 2664 dólares. La Cámara en lo Penal Económico ayer mismo nombró como subrogante al juez del fuero Marcelo Aguinsky, quien instruyó –entre los casos más conocidos– parte del expediente sobre contrabando de armas a Croacia y terminó apartado por irregularidades por orden de la Cámara.

Entre los cargos que incluye el dictamen, cuatro están relacionados con la historia de la coima. Esa trama no sólo tiene al juez suspendido como protagonista sino a su padre, Agustín Tiscornia, un ex juez civil que fue removido en 1968 también por sobornos en un juicio de sucesión millonario. La denuncia fue presentada por la empresa española Codere, que explota bingos y tragamonedas en la provincia de Buenos Aires: sus directivos aseguran haber recibido un pedido de 4 millones de dólares a cambio de quedar a salvo en una investigación por contrabando. Las tratativas, dijeron los testigos ante el Consejo, fueron en confiterías y el último contacto, en la casa de Tiscornia padre. Varios de los encuentros fueron filmados con cámara oculta.

La acusación agrega datos elocuentes, como el millón de dólares que Tiscornia padre tendría en una cuenta en Uruguay y los préstamos que suele realizarle a su hijo aunque no figuran en sus declaraciones juradas. Los consejeros sostienen, además, que la causa sobre Codere y otras empresas es de origen dudoso, ya que Tiscornia la abrió con una denuncia anónima como único elemento. Le critican incluso que nunca definió qué era lo que investigaba. “Tenía un objeto procesal muy amplio”, explican en su jerga. Agregan que efectuó allanamientos sin justificarlos y que desvinculó a todas las demás firmas menos a Codere, la más “poderosa económicamente”, sin llamar a nadie de ella a indagatoria.

El tramo más desopilante de los fundamentos es el que habla de la copia textual que hizo Tiscornia de los argumentos de la defensa de un imputado al dictar su sobreseimiento. La transcripción fue a tal punto literal que en algunos tramos dejó frases como “mi defendido”, “nuestro pupilo”, nuestro asistido”. Más aún: dejó resaltadas las mismas frases que habían marcado los abogados. Este hecho fue definido por el Consejo como negligencia grave en la tramitación de causas”, un punto que también incluyó el listado de 200 nulidades y toda clase de señalamientos que le hizo la Cámara Penal Económica, su tribunal superior, además de las 519 prórrogas que él pidió por no cumplir con los plazos legales. Los consejeros destacaron que Tiscornia “no respetó en forma intencional las decisiones” de la Cámara” o es “incapaz” de comprenderlas.

El único momento tenso en la sesión de ayer se produjo cuando uno de los jueces del Consejo, Luis Bunge Campos, pidió que antes de votar se constituyera la Comisión de Acusación y volviera a votar el dictamen ya que a la versión original Conti le había hecho algunos agregados. La diputada enfureció y lo acusó de “burocratizar” para proteger a Tiscornia. Más se enojó otro juez, Luis Cabral, que le dijo que su planteo era “inaceptable”. Al final, pese a todo, la votación fue unánime: la apoyaron kirchneristas, radicales, el consejero académico, los abogados y los jueces. Los fiscales ante el jurado de enjuiciamiento serán Montaña, Conti y Storani. El comienzo del juicio político no puede demorar, por ley, más de seis meses.