Elisa Carrió, candidata a presidenta por la Coalición Cívica: “La falta de transparencia y el posible fraude en esa elección daña la democracia, mata la democracia. Estas elecciones muestran, también, hasta qué punto habrá que controlar las urnas en octubre”.

Vilma Ripoll, candidata a presidenta del frente MST-Nueva Izquierda: “Ante el fraude oficialista, la única salida democrática es volver a hacer la elección provincial en octubre y con una junta electoral integrada por todos los partidos para organizar y fiscalizar la votación”.

Alberto Rodríguez Saá, candidato a presidente por el Frente Partido Justicialista: “El señor Juez merece transparencia y por eso es necesario hacer un recuento voto por voto, ante una situación irregular en el escrutinio provisorio”.

Roberto Lavagna, candidato a presidente por UNA: “Lo que pasó fue armado y los ciudadanos no merecieron esto. Hemos asistido en los últimos 20 días a novelones políticos, algunos bastantes vergonzosos, la sociedad argentina debe superarlo discutiendo ideas”.

Mario Negri, ex candidato a gobernador de Córdoba por la UCR: “Nosotros, que somos perdedores, vamos a estar ahí y de ser necesario mañana, tarde y noche en el escrutinio definitivo. Al radicalismo le interesa que el próximo gobierno de Córdoba tenga la legitimidad que corresponda”.

Jorge Rivas, vicejefe de Gabinete, socialista: “Más allá de cualquier interna y de los resultados, lo que demanda Juez es justo, independientemente del resultado real. Que se abran las urnas y se cuente voto a voto despejará el manto de sospechas”.

Humberto Tumini y Jorge Ceballos, Libres del Sur: “Hay una manera concreta de aventar las enormes dudas de fraude: que la Justicia ordene abrir todas las urnas y que se cuente nuevamente voto por voto. Significaría un tremendo daño al sistema democrático que las dudas no sean aventadas”.

Mónica Gutiérrez, legisladora provincial: “La lentitud del escrutinio no es prueba de fraude, pero si el Frente Cívico tiene dudas, la respuesta está en las instituciones. Arengar a los militantes a ocupar las calles o amenazar con medidas antidemocráticas como no asumir los cargos son decisiones riesgosas para la paz social y para la institucionalidad”.