En una famosa tapa de la revista Humor un niño preguntaba: “Papá, ¿vos qué hiciste durante el Proceso?”. El uniforme militar y el aspecto del padre completaban el cuadro. No había mucho más que decir. Cuando se le pregunta por su pasado, Ignacio Arcidiácono niega haber participado de la represión ilegal. Coco, como lo llaman los suyos, fue director de Inteligencia de la Policía Federal en Córdoba desde los días previos al golpe militar de marzo del ‘76 y figura en el listado de represores que el ex oficial inspector Rodolfo Peregrino Fernández entregó en su testimonio ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en 1983 y que fue presentado en Naciones Unidas. Por estos días, Arcidiácono exhibe una fuerte vocación política. El sábado pasado, cuando se oficializaron las listas, fue inscripto como candidato a intendente de San Martín, por el PRO. Comprometido con el macrismo, este oficial de inteligencia recibió el apoyo de Jorge y de Mauricio Macri.

En una recorrida de campaña, hace dos meses, Jorge Macri lo respaldó como el precandidato del PRO. Algo que confirmó el sábado. Curiosamente, en San Martín el PRO tendrá más de una boleta. Arcidiácono no es un desconocido para el espacio del macrismo. En el 2003, el ex director de Inteligencia de la Policía Federal en Córdoba compartió la boleta que encabezaba Gabriela Michetti. En esa elección se renovaba la totalidad de la Legislatura porteña y Arcidiácono figuró como el candidato número 56 a legislador por Compromiso para el Cambio. Ahora prueba suerte en la provincia de Buenos Aires. Durante varios días, Página/12 intentó tener la respuesta de Arcidiácono. Al cierre de esta edición, una asesora del candidato repetía que él se encontraba cumpliendo trámites electorales en La Plata.

En el libro Como los nazis, como en Vietnam, Alipio Paoletti relató que antes del golpe militar el aporte de la Policía Federal al accionar de la Triple A “fue brindado por la delegación de la repartición en Córdoba, cuyo jefe era en esa época el comisario Francisco Laguarda, actuando como jefe de Inteligencia el inspector Ignacio Arcidiácono”.

La Triple A hizo su aparición pública en noviembre de 1973. Luego de varias amenazas de muerte, los miembros de la formación parapolicial atentaron contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. Una bomba hizo volar por los aires el Renault 6 que el legislador solía estacionar en un garaje de la calle Marcelo T. de Alvear al 1200. Horas antes del atentado, Solari Yrigoyen se había opuesto en el recinto de la Cámara alta a la ley de Asociaciones Profesionales. Había señalado que el proyecto consolidaba una “oligarquía sindical”. Su intervención motivó que el emblemático titular de la UOM y de las 62 Organizaciones Peronistas, Lorenzo Miguel, lo declarara “enemigo público número uno”.

Alentada desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y reclutando personal dentro de los cuadros policiales, servicios de inteligencia y espacios de la marginalidad delincuencial, la Triple A acribilló al diputado Rodolfo Ortega Peña, en julio de 1974. El subcomisario Rodolfo Almirón, Miguel Rovira y el suegro de Almirón, el ex subcomisario Juan Ramón Morales, fueron el núcleo fundador de la organización. “Más allá del núcleo que fundó la Triple A, lo cierto es que en cada provincia este grupo parapolicial se asentaba en fuerzas locales. Tanto de policías provinciales como de delegaciones de la Policía Federal”, recordó Solari Yrigoyen a Página/12.

El capítulo cordobés de la Triple A tuvo una expresión propia, el Comando Libertadores de América. En febrero de 1974, la policía cordobesa, comandada por el teniente coronel Antonio Domingo Navarro, se sublevó contra el gobernador Ricardo Obregón Cano, electo en marzo de 1973. El Navarrazo marcó un recrudecimiento en la escalada represiva. Allí nació la versión cordobesa de la Triple A. Paoletti describió que “según la versión del sargento Manzanelli, del destacamento 141, el Comando Libertadores de América ‘nació como resultado de la iniciativa de la oficialidad joven, en especial de la destinada en los servicios de inteligencia’”. Además de abastecerse de cuadros policiales, en Córdoba la represión se nucleó en la comunidad de inteligencia conocida como D-2. Desde el golpe, a pedido de Luciano Benjamín Menéndez, la policía provincial se incorporó al D-2 y la Federal comenzó a reportar al área militar 3.11, con jurisdicción en la capital cordobesa.