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”Si el gobierno de Isabel Perón protege y usa el terror de derecha, queda expuesta a la acusación de que no se comporta mejor que los extremista que usan el terror desde la izquierda.” Esa es la conclusión de un largo informe de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina titulado “El terrorismo de ultraderecha desde López Rega”.
El documento enviado desde Buenos Aires al Departamento de Estado el 9 de diciembre de 1975, tres meses y medio antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, contiene una descripción de la Triple A y su relación con José López Rega cuando el secretario privado de Juan Perón y consejero de su esposa fue ministro de Bienestar Social. Sin embargo, su tesis es que no hay evidencias de que la AAA fuese “una organización con estructura jerárquica y una rígida cadena de mandos”.
López Rega vivió su momento de mayor poder desde la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, hasta que la ofensiva sindical terminó con su reinado un año después. Durante ese tiempo la Triple A desplegó el grueso de su actividad, centrada en el asesinato de peronistas disidentes y militantes de izquierda o los atentados con bombas.
Según el informe, la huida de “El Brujo” produjo una declinación del terrorismo de ultraderecha pero no su desaparición. “Ni López Rega lo creó, ni su salida terminó con él”, dice el texto. Agrega que la ofensiva había recomenzado en los últimos meses de 1975, y detalla de este modo sus características: “Los actos terroristas del tipo AAA fueron y todavía son cometidos por numerosos autores: policías, escuadrones sindicales, personal de seguridad y militar retirado, algunos por cuenta propia, algunos inspirados y dirigidos oficialmente”. Para el autor del documento, no había ninguna duda de que, aunque la participación oficial fuese difícil de probar, esa responsabilidad existía.
El informe cita fuentes según las cuales, una vez que López Rega se fue, existió un mensaje informal que circuló entre oficiales de alto rango de la policía: el terror debía cesar. De acuerdo a la embajada norteamericana, dado que el mensaje era cierto y que el terrorismo de extrema derecha amenguó, parece obvio que la culpabilidad policial en la AAA era real.
La señal de que, a la vez, el terrorismo de ultraderecha no se redujo a la nada la dio, por ejemplo, un operativo ejecutado por un supuesto Comando Nacional Justicialista de Restauración, que asesinó a la familia de Mariano Pujadas, “un izquierdista que había sido muerto en 1972 en la masacre de Trelew”. El hecho ocurrió el 14 de agosto. Para la embajada, el adelanto respecto de la fecha de la masacre podía interpretarse como “una advertencia a los izquierdistas que habitualmente celebran ese aniversario con actos terroristas de su propia autoría”.
El informe consigna 50 asesinatos entre julio y octubre. Ninguno de ellos fue reivindicado por la Triple A ni llevó la marca de fábrica de la Triple A, “como dinamitar o quemar los cuerpos de las víctimas”.
Las siglas volvieron a aparecer después de esa fecha, justo cuando Isabel Perón reasumió la presidencia tras un interinato cubierto por el entonces senador Italo Lúder. También reaparecieron los cadáveres mutilados y las bombas. Una fue colocada en la casa del senador radical Eduardo Angeloz y otras en locales de partidos de oposición.
Esa ofensiva coincidió, según el informe, con el resurgimiento de la revista de ultraderecha El Caudillo, que no aparecía desde el 19 de marzo de 1975. “Uno de sus editores recientemente admitió a un empleado de prensa de la embajada que la publicación había sido financiada por José López Rega. Ahora, agregó, es financiada por Lorenzo Miguel.”
El Caudillo solía incluir listas de “enemigos” que luego sufrían atentados o directamente eran blanco de asesinatos. El informe no lo dice abiertamente, pero si su primera etapa estuvo vinculada a López Rega y a la Triple A y la segunda etapa a Miguel una conclusión es posible: elrecrudecimiento de la violencia de ultraderecha pudo haber tenido como auspiciante a la Unión Obrera Metalúrgica.