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“Al discutir el continuo apego a tácticas extrajudiciales, Emboff (un miembro de la Embajada de Estados Unidos) preguntó por qué los militares no sentían que fuera posible llevar a esta gente ante cortes formales, inclusive cortes militares. Nuestro informante dio dos razones. Primero, las fuerzas de seguridad ni confían ni saben cómo utilizar las soluciones legales. Los métodos actuales son más fáciles y familiares. Segundo, no hay ningún hombre militar importante que `tenga el coraje` para asumir la responsabilidad formal por la condena y ejecución de un montonero. Bajo las reglas actuales `nadie` es responsable en los registros por las ejecuciones.” La información surge de uno de los 4677 documentos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar que fueron desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los papeles demuestran que lo que los militares callaban y aún ocultan en público, lo admitían sin tapujos hace 25 años ante funcionarios de la embajada norteamericana.
La descripción o interpretación de por qué los militares no realizaban juicios a los supuestos subversivos durante la última dictadura figura en un cable fechado el 14 de mayo de 1980 y elaborado con datos que “una fuente bien ubicada para tener información de primera mano” le dio a un miembro de la embajada de Estados Unidos. En el mismo papel juraba que a fines de 1979 habían salido “órdenes muy duras” para “los procedimientos de seguridad”. Estas nuevas directivas consistían en que “montoneros activos que son miembros de las llamadas tropas especiales de infantería (TEI) y de agitación (TEA) serían tratados “de la misma manera que antes: su destino era la tortura y ejecución sumaria”.
Además de su valor histórico, los archivos del Departamento de Estado proporcionan información valiosa para las diferentes causas judiciales en trámite, como en la que hace cuarenta días el juez federal Claudio Bonadío ordenó el arresto de 44 represores. Entre los papeles hay abundante información sobre el Batallón de Inteligencia 601, que está siendo investigado por ese magistrado. Uno de los documentos, fechado el 6 de febrero de 1980, es un organigrama de la por entonces nueva composición organizacional del 601. También hay datos de este tipo en un “memorándum de conversación” que fue titulado “tuercas y tornillos de la represión gubernamental al terrorismo-subversión”. Se trata del resultado de una charla del 7 de agosto de 1979 entre el consejero político de la embajada de Estados Unidos, Willam Hallman; el Oficial de Seguridad Regional, James Blystone y un militar cuyo alias era Jorge Contreras.
“Contreras –dice el papel– habló de dos categorías de casos. La primera eran aquellos que fueron introducidos al sistema y después de `interrogatorios cuidadosos` se encontraba que no tenían ninguna vinculación con la subversión. Muchos de éstos, afirmó Contreras, eran simplemente liberados. Dijo que él cree que en el pasado otros eran asesinados, en caso de que su liberación constituya un riesgo para `el sistema`–personal involucrado, localizaciones, etc–. Una vez más dijo, mucho dependía del personal del centro de detención: algunos comandantes estaban dispuestos a arriesgar sus operaciones y facilidades, haciéndose conocidos a fin de devolver a alguien cuya inocencia había sido establecida. Otros comandantes creen que el proceso era más importante que cualquier individuo y que inclusive los inocentes deben ser sacrificados a fin de evitar que el sistema en sí peligre (...) prisioneros no involucrados tan profundamente eran tratados de variadas maneras”.
En un memorando del 31 de mayo de 1978 se afirma que “si ha habido una reducción neta en las denuncias de tortura, no es porque la tortura se ha dejado de practicar, sino que deriva de la reducción de las operaciones porque el número de subversivos ha disminuido” y aclara que las desapariciones “incluyen no sólo a sospechosos de ser terroristas sino que abarcan a una gama más amplia –dirigentes gremiales, trabajadores, sacerdotes, activistas de derechos humanos, científicos, médicos ypolíticos. Un hecho dramático reciente fue el secuestro de cinco madres de desaparecidos y dos monjas francesas, cuyos cuerpos, supuestamente, se descubrieron a orillas del mar”.
El documento realizado con “Contreras” describe parte de la estructura represiva y de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Explicó, por ejemplo, que “Reunión Central” era una “unidad albergada en el 601” pero que contenía elementos de seguridad del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y federales. “Fue establecida al comienzo del gobierno militar y se mantiene en su lugar”. “Un coronel Tepedino es Comandante del 601. Un coronel Arias Duval es la cabeza de `Reunión Central`”, dice Contreras. Tepedino es Carlos Alberto, quien fue jefe del Batallón entre 1976 y 1983 y está preso por orden de Bonadío. Arias Duval es Luis Jorge, que está prófugo.
La “Reunión Central” contenía siete grupos de tareas. Contreras era el director del número 7, que fue creado en mayo de 1979 y se encargaba de estudiar las actividades de los estudiantes, grupos políticos y cuerpos religiosos. En esa época también se estableció el grupo 6, que hacía el seguimiento de “sindicatos y economía”. El documento explica que el sistema de “grupos de tareas” había sido creado en 1971-1972 y que en principio consistía en cinco conjuntos. El 1 se ocupaba del ERP y el 2 de los Montoneros. Además, la Armada y la Fuerza Aérea tenían sus propias unidades de inteligencia y operativa y, dentro del Ejército, cada comandante de cuerpo tenía quienes investigaba y secuestraban y mataban.
Contreras aseguró a los funcionarios de la embajada que “un problema central en controlar la campaña antisubversiva era el hecho de que la persona que recibía la inteligencia acerca de supuestas actividades subversivas era la misma que tenía la responsabilidad de realizar las detenciones, conducir los interrogatorios, etc. La competencia entre muchas unidades puso una alta atención en las acciones rápidas, lo que muchas veces implicaba que la acción había sido mal considerada”.
La desclasificación de alrededor de 4677 documentos por el Departamento de Estado de Estados Unidos se produjo como respuesta a pedidos de familiares, organismos de Derechos Humanos, jueces y la subsecretaría de Derechos Humanos. El 16 de agosto de 2000 la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright se reunió en Buenos Aires con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky y Carmen Lapacó, de madres de Plaza de Mayo línea fundadora y se comprometió a que el gobierno norteamericano desclasificaría información sobre la dictadura argentina, tal como lo había hecho con el Chile de Augusto Pinochet en 1999.
En enero de 2001, el National Security Archive (organización gubernamental de los Estados Unidos) presentó al Departamento de Estado una guía con 300 tópicos claves para tener en cuenta al hacer públicos los archivos. Allí se advertía que se tuviera en cuenta la coordinación de los servicios de inteligencia del Cono Sur (Plan Cóndor), nombres de represores, unidades de inteligencia y fuerzas de seguridad y nombres de desaparecidos y niños secuestrados. En octubre del año pasado, el CELS y The National Security Archive presentaron una colección de 32 documentos que ya estaban desclasificados de distintas agencias norteamericanas. Esos papeles, como también en los que se dan a conocer ahora, son pruebas de las masivas violaciones a los derechos humanos y el asesinato de decenas de miles de personas durante la última dictadura. También demuestran que la embajada de Estados Unidos mantenía una comunicación fluida con los militares.
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf y el de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez, presentaron ayer a los periodistas cuatro cajas de cartón cerradas con sus respectivas etiquetas
que indicaban que provenían del Departamento de Estado y que se trataba de Official Business. Los documentos quedarán bajo custodia de las respectivas áreas de derechos humanos de ambos ministerios –a cargo de Oscar Fappiano y Carlos Sersale–. Las Abuelas de Plaza de Mayo recibierontambién una copia del material, en el que, entre infinitas cosas que deberán ser analizadas y evaluadas, figuran diez mil fichas de casos de violaciones a los derechos humanos recopilados por el equipo de Allen (Tex) Harris (de la embajada de Estados Unidos) y descripciones crudas de los tormentos a los que eran sometidos los prisioneros, relatadas por algunas víctimas.
* Se puede acceder a todos los documentos desclasificados en www:foia.state.gov