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La fecha que eligió el juez Norberto Oyarbide es el miércoles 23 de setiembre, cuando falten dos meses para la interna peronista. Ese día indagará a Carlos Menem en la causa en que investiga sus cuentas bancarias en Suiza. En principio lo interrogará por omisión maliciosa, es decir, por haber falseado sus declaraciones juradas al excluir de ellas un depósito que él mismo reconoció recientemente. El magistrado, además, tiene pensado viajar a la Confederación Helvética la primera quincena del mes que viene.
La omisión maliciosa prevé penas de quince días a dos años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Es el delito por el que la Oficina Anticorrupción (OA) denunció a Menem después de que dijera ante las cámaras de la CNN, el 23 de julio último, que tiene una cuenta en Suiza, a nombre de Zulema Yoma y Zulemita y con un saldo de unos 650 mil dólares, algo que nunca incluyó en sus manifestaciones de bienes y que incluso siempre negó sistemáticamente. En la primera presentación judicial que hizo, el organismo anticorrupción que conduce José Massoni advirtió que el ex presidente debía ser indagado en forma urgente porque había suficientes elementos y porque la causa podía prescribir al cumplirse dos años de su última declaración patrimonial el 6 de octubre. Todo indica que las chances de que Menem sea procesado al menos por este tema son bastante altas.
Oyarbide fijó la citación ayer a la tarde a partir de un pedido del fiscal Miguel Angel Osorio en un requerimiento que incluye varias medidas de prueba adicionales, según informaron a Página/12 allegados a la pesquisa. Por orden del juez, la semana pasada el expediente contra Menem –en el que hasta entonces intervenía el fiscal Carlos Stornelli– quedó unificado con otro en el que se investiga por posible enriquecimiento ilícito al ex secretario de Menem, Ramón Hernández, al ex titular de la Casa de la Moneda Armando Gostanian, al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y al arquitecto Alberto Rossi. Una de las hipótesis que, además, manejan los investigadores es la posibilidad de que ellos y/u otras personas hayan actuado como testaferros del ex mandatario.
Menem habló públicamente del dinero que tiene en Suiza después de que el diario norteamericano The New York Times publicara la declaración judicial del testigo C del caso AMIA –un iraní disidente– quien lo acusó de haber recibido 10 millones de dólares que Irán habría depositado en una entidad de la Confederación Helvética para que evitara responsabilizar a ese país en los atentados en Buenos Aires. Ya el año pasado la Justicia suiza confirmó a través de voceros la existencia de la cuenta en la Unión de Bancos Suizos (UBS) de Ginebra abierta en 1986, que ahora Menem admite. También había informado sobre un depósito ligado a Hernández y la semana pasada ratificó que el saldo es de 6 millones de dólares, que la cuenta está desde 1996 en el Banco del Gottardo de Zurich, funciona a nombre de “The Spark Foundation” y opera con el seudónimo Red. En un comunicado, Hernández –quien seguiría ligado a Menem– negó que sea de él.
Hasta el momento Oyarbide le pidió en un exhorto información sobre esas dos cuentas y en relación a sociedades y movimientos financieros también ligados a Zulema, Zulemita, Carlos Menem Junior, el ex secretario Alberto Kohan y Alberto Fernández. Pero ahora analiza también, según señalaron funcionarios de la causa, información que presentó hace diez días la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, que pertenece al Ministerio de Justicia, que señala la posible existencia de más depósitos de por lo menos de 33,5 millones que estarían ligados, además de a Menem y Hernández, también a Kohan y al médico personal del riojano, Alejandro Tfeli. Esa task force, a cargo de Alejandro Rúa, le acercó los mismos datos al juez Juan José Galeano, quien sigue el caso del ataque a la mutual judía, y le sugirió que con ellos amplíe el exhorto que giró días atrás a la Justicia helvética. Algunos funcionarios de la cartera de Justicia creen que es más probable que los suizos contesten en la causa AMIA, por ser un caso de terrorismo, que al pedido de Oyarbide, quien señaló los delitos de cohecho, encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público, además de omisión maliciosa. Pero son puras especulaciones. El magistrado, por su parte, espera viajar a Suiza a comienzos de setiembre “si es que la Corte habilita el dinero necesario”, decían ayer en el juzgado.
Esta semana, desde Berna, el portavoz de la Oficina Federal de la Policía, Folco Galli, informó que el gobierno helvético está analizando el exhorto de Oyarbide y que si está bien hecho responderá. Según los dichos del magistrado, a medida que vayan llegando datos lo más probable es que el próximo llamado a indagatoria le toque a Hernández.