El juez Ariel Lijo evaluó que el encuentro del peronismo disidente en Potrero de los Funes, San Luis, fue una reunión política, pero no un congreso del Partido Justicialista. Por lo tanto, consideró que no tienen valor judicial las decisiones tomadas allí, como la de concurrir a elecciones con los símbolos y el sello del PJ y la fórmula encabezada por Alberto Rodríguez Saá. Los apoderados del gobernador puntano ya apelaron la decisión ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), aunque parece descartada cualquier posibilidad de postergación de los comicios del 28 de octubre. La CNE emitió ayer tres resoluciones, todas contrarias a las pretensiones de Rodríguez Saá. Por ejemplo, le prohíbe utilizar el nombre, los símbolos, emblemas y marcha del PJ. Lijo consideró que en Potrero de los Funes no se cumplió ninguno de los requisitos de la Carta Orgánica partidaria.

La Cámara Nacional Electoral había apartado a la jueza María Servini de Cubría por considerar que se expidió sobre el supuesto congreso de Potrero de Funes sin siquiera tener en su poder el expediente. Por ello, la causa fue derivada a Lijo, con pedido de rápida resolución. En la noche del jueves, el juez federal se expidió en el mismo sentido en que lo había hecho Servini: Potrero de Funes fue una reunión política, no un congreso del PJ. El núcleo de la resolución de Lijo está al final al texto cuando hace una enumeración de todos los requisitos que no se cumplieron en Potrero de Funes.

Esta es la enumeración:

- El PJ tiene delegados electos y convalidados por la Justicia. Para el encuentro de Potrero de Funes no fueron convocados.

- Esos delegados figuran en un listado que consta en la Justicia Electoral. El listado no fue pedido.

- Según la carta orgánica del PJ, todo congreso tiene que tener un orden del día. En este caso no lo hubo. Sólo se introdujo como tema “la proscripción del justicialismo”.

- No hubo ningún control de asistencia. Para probar la representatividad, todo lo que hicieron los apoderados de Potrero de Funes fue adjuntar recortes periodísticos.

- En todo congreso legal se constituye una Comisión de Poderes que verifica que los delegados estén habilitados. No hay constancia ni informe de tal comisión.

- El Congreso del PJ tiene autoridades constituidas legalmente. El presidente, por ejemplo, es Eduardo Camaño. Esas autoridades no estuvieron al frente del congreso realizado en San Luis.

- En la Carta Orgánica del PJ están previstos los congresos autoconvocados, pero requieren la presencia de los dos tercios de los delegados convalidados por la justicia. Ese requisito no se cumplió en Potrero.

- No hubo ningún control del quórum.

- No fueron pedidos ni se hicieron presentes veedores judiciales.

Sobre la base de esos elementos, Lijo evaluó que lo ocurrido en Potrero de Funes fue una reunión política, pero no se la puede considerar un congreso legal del Partido Justicialista. Por lo tanto, sus decisiones no tienen validez. Ayer mismo, los apoderados de la alianza Frente Justicia, Unión y Libertad, que es la que encabeza Rodríguez Saá, apelaron la decisión del juez ante la CNE.

El máximo tribunal electoral, integrado por Santiago Corchera, Rodolfo Munné y Alberto Dalla Vía, tomó ayer mismo tres resoluciones que, basándose en lo decidido por Lijo, marcan la cancha –al menos hasta ahora– en la disputa interna del PJ:

- Al no tener validez como congreso lo de Potrero de Funes, se le prohíbe a Rodríguez Saá el uso de los símbolos y el nombre del PJ.

- Se convalida la participación del PJ en el Frente para la Victoria, es decir que el justicialismo está integrado a la alianza que lleva como candidata presidencial a Cristina Fernández de Kirchner.

- Se confirma la alianza Frente Justicia, Unión y Libertad, que es la que lleva como candidato a Rodríguez Saá, pero sin la integración en esa alianza del Partido Justicialista.

Parece bastante difícil que la CNE revoque la decisión de Lijo. Por lo tanto, todo indica que las cosas quedarán tal cual están ahora. El Frente para la Victoria, integrado por el PJ, con Cristina Kirchner como candidata; y Justicia, Unión y Libertad, con Rodríguez Saá. Las boletas serán las ya aprobadas y la elección, como era previsible, el domingo 28.